CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno federal carece de una estrategia articulada para atender los ciberdelitos, por lo que urge un sistema nacional eficiente que coordine la prevención del cibercrimen y detenga el crecimiento de delitos que, como la pornografía infantil, ha registrado un aumento de más de 73% durante el confinamiento, como un efecto secundario de la crisis por el covid19. Lo anterior se señaló durante una mesa de análisis sobre ciberseguridad organizada por Causa en Común, a través de video conferencia. Sobre el tema, Radamés Hernández Alemán, director del Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos, de la Dirección Científica de la Guardia Nacional, precisó que todos los crímenes realizados en esta modalidad aumentaron a partir de marzo al 15 de abril. Entre los cibercrímenes, el funcionario detalló que están los llamados a saquear tiendas de autoservicio o de conveniencia, supuestas ventas de vehículos por parte del gobierno o fraudes relacionados con programas gubernamentales, como el regalo de tarjetas a las que se supuestamente se tenía que cargar 300 pesos. “La situación de la pandemia sobre covid-19 ha generado que la ciberdelincuencia dedique más tiempo a la actividad criminal mediante el uso de las tecnologías”, abundó. Marco Antonio del Toral Morales, abogado analista y punto focal del área de Lavado de Dinero de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, indicó que otros delitos cibernéticos que se han incrementado con el confinamiento son la generación de las llamadas ‘fake news’, los mercados negros cibernéticos, el acoso en redes sociales y videojuegos, así como los sitios web falsos. Por ello, hizo un llamado especial a los padres a cuidar a los niños y niñas durante su periodo de navegación en línea, por medio de controles parentales. En su participación, Luis Fernando García, director ejecutivo de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales R3D, refirió que en esta coyuntura por el covid-19, donde hay más personas “conectadas” en sus casas, siendo más propensas a ser víctimas de delitos cibernéticos, el Estado tiene más que nunca la obligación “de producir más políticas de ciberseguridad, siempre con un enfoque de respeto a los derechos humanos”. En el mismo sentido se pronunció Andrés Velázquez, presidente y fundador de MaTTica, al considerar que hace falta mucha educación cibernética, ya que existe demasiado “analfabetismo digital”. En tal sentido, sugirió que el Estado involucre más a las organizaciones de la sociedad civil, expertos digitales e iniciativa privada, para crear una verdadera estrategia nacional de ciberseguridad y marcos jurídicos más sólidos. María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, dijo que no bastan los esfuerzos aislados, “urge contar con un sistema nacional, dinámico y verdaderamente eficiente que coordine la prevención de este fenómeno delictivo y que facilite la procuración e impartición de justicia tanto en el ámbito municipal, estatal y federal, como en el plano internacional”. La atención y prevención de los ciberdelitos en esta época de cuarentena no se están afrontando de una manera articulada entre autoridades federales, estatales, iniciativa privada y sociedad civil, alertaron expertos en la mesa de análisis convocada por Causa en Común. De acuerdo con Morera, hay varias opciones para combatir la ciberdelincuencia, como contar con bases de datos que permitan a la ciudadanía identificar todos los delitos que se están presentando mediante esta modalidad digital, y capacitar a todos los actores involucrados en el combate de esta modalidad delictiva, siempre con una perspectiva de género. Asimismo, garantizar la adecuada investigación y la correcta preservación de la cadena de custodia de este tipo de delitos; establecer un mecanismo nacional, ágil y eficiente, que genere inteligencia y procure una relación más estrecha entre policías y fiscales, tanto en el ámbito municipal y estatal, como en el federal, y garantizar la protección de los derechos humanos de la ciudadanía. Por último, Morera pidió que la ciberseguridad y su investigación respete la privacidad, asegure el acceso a los derechos digitales y la información fidedigna, y que el gobierno promueva campañas masivas de información para que las personas conozcan las formas de protegerse ante la vulnerabilidad digital.