CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la emergencia sanitaria desatada por el covid-19, el gobierno federal debe poner especial atención en los 7.6 millones de trabajadores informales urbanos que viven “al día”, pues padecen la suspensión de las actividades económicas, no tienen seguridad social y tampoco reciben ayudas de programas sociales, aseveró hoy la organización Oxfam. A la par, recomendó que el gobierno federal apoye a las empresas para subsidiar los costos de los trabajadores –pero no las deudas o las inversiones de las mismas–; y sugirió que los subsidios se dirijan a los sectores más golpeados, como el turismo o los restaurantes, que estén condicionados al no despido de empleados, y que queden excluidas las empresas beneficiadas por las medidas de aislamiento o las que cotizan en bolsa. En un informe publicado hoy, Oxfam subrayó que la administración de Andrés Manuel López Obrador despliega una serie de programas enfocados en la población campesina pobre, pero no tiene programas específicos para los urbanos, que son los más vulnerables ante el covid-19: 10 millones de citadinos sufren pobreza por ingresos, 16 millones no tienen acceso a la seguridad social; 5.4 millones padecen inseguridad alimentaria; 5 millones no tenían acceso a la salud en 2018 y 3.7 millones no tienen agua, drenaje o electricidad en su casa. https://www.proceso.com.mx/625128/oxfam-pobreza

Acceso a salud y agua

De hecho, la organización subrayó la importancia de asegurar el acceso a los servicios de salud y al agua, necesario para lavarse las manos, una práctica de primera importancia en la lucha contra el coronavirus. Con la desaparición de 346 mil empleos en menos de un mes, el derrumbe potencial del PIB hasta en un 6.6%, la afectación de 3 millones de empresas, y el riesgo que corren 28 millones de trabajadores que desempeñan en actividades “no esenciales”, Oxfam estimó que “los efectos de la crisis en el ingreso de las personas mexicanas, particularmente las más pobres, serán de una magnitud no vista desde 1995”. Observó que el covid-19 agravó tres crisis en México: la sanitaria, marcada por un sistema público de salud abandonado; la económica, consecuencia de “décadas de precarización del trabajo y la falta de empleos con seguridad social”; y la social, caracterizada por “el racismo, clasismo, homofobia, machismo, xenofobia y, en general, la ausencia de una sociedad y un Estado verdaderamente igualitarios en leyes y hechos”. “Esta crisis desnuda y potencia las desigualdades estructurales que los gobiernos de México no han podido resolver: la mitad del país no tiene seguridad social, cuatro de cada diez personas viven con ingresos laborales insuficientes para satisfacer necesidades alimentarias básicas, tenemos el sistema tributario que menos recauda en la OCDE, y nuestro sistema de salud se encuentra segmentado y sin recurso”, deploró la organización.