CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) denunció que, bajo el pretexto de evitar la propagación de covid-19, fuerzas de seguridad cometen abusos en varias entidades. Compuesta por 86 organizaciones sociales en 23 estados del país, la Red TDT alertó sobre las políticas públicas “restrictivas de diversas garantías individuales, especialmente relacionadas con el libre tránsito”, instrumentadas en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco y Michoacán. Resaltó que tras la declaratoria de emergencia sanitaria emitida el 30 de marzo por el Consejo de Salubridad General, organizaciones civiles de varias entidades dieron cuenta de las medidas violatorias. El pasado miércoles 15, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios denunció “la inconstitucionalidad del acuerdo tomado por los gobernadores de los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila en relación con la imposición de multas, retenes, toques de queda, limitación a los derechos de libre tránsito y uso de la fuerza para el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social promovidas por la Federación”. Posteriormente, el lunes 18, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) alertó sobre “la ineficacia de las medidas de prevención de los centros penitenciarios de Jalisco en relación al covid-19”. En tanto que el jueves 23 la Red Solidaria de Derechos Humanos de Michoacán calificó como inconstitucionales las medidas tomadas por el gobernador Silvano Auroles Conejo, que “suponen grave riesgo para pueblos originarios que han denunciado constantes agresiones por parte del gobierno estatal, de manera particular las perpetradas por la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán”. [embed]https://www.proceso.com.mx/627572/de-seguir-el-ritmo-de-contagios-se-excedera-la-capacidad-hospitalaria-del-mazo[/embed] Tras señalar que las disposiciones en esas entidades violan la Constitución y la Ley General de Salud, la Red TDT recordó que el jueves 16 la ONU estableció que “las declaraciones de emergencia basadas en el brote de covid-19 no deberían ser usadas como base para grupos particulares, minorías o individuos”, ni funcionar “como acción represiva bajo la apariencia de proteger la salud, ni debería ser utilizado para silenciar el trabajo de quienes defienden derechos humanos”. Aunado a ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó que cualquier restricción impuesta por los Estados no debe resultar “más perjudicial para el derecho que sea afectado que el beneficio obtenido”. La Red TDT resaltó que “la malograda iniciativa de la diputada federal Lorena Valles”, de Morena, incurría en las violaciones descritas, al pretender “otorgar facultades extra constitucionales a las cúpulas del Congreso para crear los plenos de urgencia como mecanismo extraordinario para aprobar ordenamientos de manera transitoria, incluyendo reformas constitucionales tan sólo con el concurso de las juntas de coordinación política de ambas cámaras”. Luego de rechazar la imposición de mano dura para enfrentar la pandemia, la Red TDT enfatizó que el reto puede ser aprovechado para cometer actos de autoritarismo e ilegalidad. Finalmente, la Red TDT hizo un llamado a “la solidaridad y corresponsabilidad social para construir una nueva normalidad que no se base en la socialización de las pérdidas, la permisibilidad de la represión y la conculcación paulatina de los derechos que hemos ganado a lo largo de la historia. Como organizaciones continuaremos en nuestro acompañamiento a los más necesitados, sin cejar en la crítica a las acciones violatorias de derechos humanos y otros espacios de poder”.