CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De enero de 2017 a agosto de 2019, fiscalías y procuradurías del país registraron 2 mil 352 feminicidios, y en el mismo periodo los tribunales de justicia emitieron 507 sentencias condenatorias, siendo los estados con mayor incidencia Chihuahua, Baja California, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Veracruz, resaltó un informe realizado por la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT). El documento “Impunidad feminicida: radiografía de datos oficiales sobre violencias contra las mujeres 2017-2018”, fue presentado este miércoles y es producto de un trabajo de un año de realizar solicitudes de información y oficios apegados al derecho de petición, dirigido a las instancias de procuración y de administración de justicia de las 32 entidades del país, sobre 15 tipos penales de violencia contra la mujer, contempladas en la Ley General para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LGVLVM). Del ejercicio, Olga Arnaiz, coordinadora del proyecto, resaltó que además de evidenciarse un crecimiento constante de los distintos tipos de violencias contra las mujeres, pudo advertirse “la falta de voluntad política” para proporcionar información real sobre la situación de las mujeres. Acompañada de los abogados de la Red TDT, Mariana Mendoza e Iván González, que colaboraron en la elaboración de las solicitudes de información y petición, la defensora resaltó que la “falta al acceso a la información y de transparencia en proporcionar datos oficiales, se traduce en una falta de acceso a la justicia, porque no hay datos confiables”. El caso más grave, resaltó, es el del Estado de México, que siendo una de las entidades con mayor número de incidencia en violencia contra las mujeres, se negó a proporcionar información solicitada. Al señalar que precisamente el litigar la información retrasó la publicación del documento, programado para noviembre del año pasado, Arnaiz destacó que además del Estado de México, los estados con las fiscalías más opacas son Baja California Sur, Hidalgo, Nayarit, Tlaxcala y Tabasco; y los poderes judiciales con menos transparencia son Campeche, Guerrero Querétaro y Veracruz.

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Pese a las dificultades por obtener información, la defensora destacó que entre los hallazgos más graves se encuentra el incremento del delito de violación sexual en la Ciudad de México, con un 430% de incremento de casos de 2017 a 2018, al pasar de 286 a mil 230 denuncias; que 34 niñas son violadas cada día, y que por cada 11 víctimas mujeres por violencia sexual hay una víctima hombre. Otro dato es que cada año 11 mil niñas se convierten en madres de manera forzada. La información oficial refiere que la Ciudad de México es la primera entidad en número de denuncias por el delito de aborto, con 244 entre 2017 y 2019. En cuanto a la violencia familiar, las denuncias van al alza: en 2018 sumaron 121 mil 102 en el país, y entre enero y octubre de 2019 se reportaron 152 mil 585. Respecto al delito de trata de mujeres, en el periodo de análisis se registraron 464 víctimas en la Ciudad de México, mientras que en materia de lesiones contra mujeres, el año más complicado fue 2017, con 42 mil 621 víctimas. Arnaiz señaló que la violencia feminicida no para en el país, mientras que las autoridades de procuración de justicia tienen serias deficiencias en la clasificación de los delitos. Apuntó que el último dato del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó que en enero se cometieron 320 homicidios de mujeres, de los cuales sólo 73 fueron clasificados como feminicidios. Durante la presentación, Oyuki Barrios, de la organización civil Aluna, dedicada al acompañamiento psicosocial, consideró que el informe de la Red TDT es una “fotografía espeluznante” de la violencia contra la mujer a partir de datos oficiales incompletos, por lo que la gravedad de la situación debe ser mucho mayor. Barrios destacó que la falta de información verídica, lo que refleja es que “el Estado mexicano ha sido omiso para atender las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales, para garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia”. La directora de la agencia de información feminista, Comunicación e Información de la Mujer (Cimac), Lucia Lagunes, resaltó que la falta de información y transparencia sobre las violencias cometidas contras las mujeres, es una de las razones por las que hace 14 años se lanzó la iniciativa de la LGVLVM. “Esto es un deja vu”, dijo la comunicóloga al señalar que pese a que la misma ley obliga al Estado mexicano a sistematizar la información relacionada con la violencia contra las mujeres para diseñar políticas públicas, “vemos que a los gobiernos de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto y el año y medio de Andrés Manuel López Obrador, no les interesan las mujeres”.