CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al revisar gestiones realizadas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto –principalmente en 2018–, la Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó irregularidades en prácticamente todas las dependencias de la administración federal y emitió más de 10 mil observaciones, por un monto superior a 544 mil millones de pesos. Los montos más importantes por aclarar giran en torno al Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), por más de 19 mil millones de pesos –entre ellos 6 mil millones de pesos en “obras fantasmas” –; el Tren Interurbano México – Toluca, por 616 millones de pesos; o esquemas de “Estafa Maestra” en Pemex Exploración y Producción por 235 millones de pesos, entre otros. Entre los casos de corrupción que destacó Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la SFP, figuran obras carreteras a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) durante la gestión de Gerardo Ruiz Esparza, pero también casos de corrupción en Pemex durante la administración de Emilio Lozoya Austin, o en la Comisión Nacional del Agua (Conagua). https://www.proceso.com.mx/611617/funcion-publica-pruebas-bartlett Al presentar el Informe de Fiscalización 2019, la secretaria pronunció los nombres de OHL –señalada por recibir mil 442 millones de pesos de sobrecosto de la SCT en la carretera Amozoc-Perote—, Grupo Fertinal –insistió en que en ese caso “se defraudó al Estado–, pero sobre todo el de Peña Nieto, y celebró la detención de Lozoya ayer en España, y recordó que la dependencia a su cargo lo inhabilitó por omisiones en su declaración patrimonial. “Hubo irregularidades monumentales de todo tipo, se fueron dilapidando los recursos”, insistió la secretaria, en cuya presentación acudió un contingente importante de integrantes del gabinete de López Obrador. Así, los secretarios Olga Sánchez Cordero, Miguel Torruco Marqués y Javier Jiménez Espriú, así como Zoé Robledo –director del IMSS–, Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del SAT, Horacio Duarte –responsable del programa Jóvenes Construyendo el Futuro–, Rabindranath Salazar Solorio, titular del Banco del Bienestar, y Sanjuana Martínez, directora de Notimex, vinieron a aplaudir el balance de la “zar anticorrupción” del presidente.

Casos emblemáticos

A lo largo de las 50 cuartillas del informe, la SFP enumeró casos emblemáticos que revisó; recordó por ejemplo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) condonó “indebidamente” 456 millones de pesos de impuestos a diez personas físicas y morales, o que los gobiernos estatales –principalmente el de Veracruz– dilapidaron más de 6 mil millones de pesos en ocho programas federales en 2018. También advirtió que investigaciones sobre la administración anterior siguen pendientes, entre ellas el posible desvío multimillonario en el programa de Comedores Comunitarios, la evasión fiscal en la importación de hidrocarburos, falsas declaraciones patrimoniales de altos funcionarios, el caso Ayotzinapa o los fondos destinados a la atención de los daños causados por los terremotos de 2017. Daniel García Cortés, coordinador de los Órganos Internos de Control (OIC), recordó que el año pasado se llevaron a cabo mil 733 auditorías internas; el OIC del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) determinó por ejemplo sobrecostos por 2 mil 672 millones de pesos en una obra del NAIM otorgada a un consorcio formado por empresas de Carlos Slim Helú, Hipólito Gerard Rivero –cuñado de Carlos Salinas de Gortari–, Carlos Hank Rhon y Olegario Vázquez Raña. La SFP también señaló que auditó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el último año de gestión de Rosario Robles Berlanga –actualmente presa por los desvíos de recursos realizados durante su gestión– y determinaron un monto por aclarar de mil 581 millones de pesos.

El caso de la K invertida

También reveló irregularidades en la Conagua, entre ellas en el fiasco de la instalación de la “K” invertida en el sistema Cutzamala, en la que se cortó el abastecimiento de agua a la capital durante varios días para darse cuenta al final que la pieza no encajaba. En ese caso, la SFP determinó que la Conagua incumplió con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPRSM) cuando otorgó el contrato a la empresa Consultoría de Ingeniería para Soluciones Integrales (CISI). Aparte, el OIC de Banobras --una dependencia que fue dirigida por Alfredo Del Mazo Maza, Abraham Zamora Torres y Alfredo Vara Alonso-- encontró un "probable desvío de recursos" por 3 mil 950 millones de pesos, operado a través del opaco Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin). https://www.proceso.com.mx/569085/el-fonadin-otra-descomunal-veta-de-corrupcion-del-gobierno-de-pena-nieto La SFP también hizo suya la acusación de que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) cedió “sin contraprestación” 2.42 hectáreas de terreno en Santa Fe a Juana Reséndiz Vázquez y María Elena Trejo Guerrero, así como a dos empresas inmobiliarias, Firdman y Valls e inmobiliaria F4. En ese caso, insistió el informe, “probablemente se encuentren involucrados un ex funcionario de primer nivel de la administración anterior y diversos funcionarios y exfuncionarios adscritos al Indaabin”.

Educación y salud

Los auditores de la SFP también echaron la lupa sobre la Secretaría de Educación Pública (SEP), y encontraron una diferencia de 4 mil 660 millones de pesos "pendientes por aclarar" en la nómina de Educación Media Superior, Tecnológica, Industrial y de Servicios; en la Secretaría de Cultura, detectaron 700 millones de pesos por aclarar, mientras que en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), que fue dirigida por Alfredo Castillo Cervantes, hubo daños por al menos 50 millones de pesos. En medio de la crisis de desabasto de medicinas y las controvertidas explicaciones del gobierno federal al respecto, el informe resalta una auditoría realizada al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Dr. Manuel Velasco Suárez", en la que observó 33 millones de pesos no comprobados. Por otra parte, la SFP realizó dos visitas de control a 24 de los 25 principales programas de la administración de Andrés Manuel López Obrador –que concentran 255 mil millones de pesos–, y encontró que ocho de ellos tienen un Control Interno Gubernamental (CIG) “débil y en proceso de implementación”, pues no tienen reglas de operación y sus estructuras orgánicas “se encontraban en proceso de definición”. En su discurso, Sandoval destacó los logros de su equipo en comparación con los desempeños de sus antecesores en el cargo, pues afirmó que en “el régimen pasado esta dependencia tuvo una misión fallida” y, tras sostener que “el elefante reumático de la corrupción siempre estuvo al centro del salón”, enumeró los casos como “la estela de la corrupción, el socavón del neoliberalismo, el tren del despilfarro”.