CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares de periodistas asesinados y desaparecidos en México exigieron a autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la Fiscalía General de la República (FGR) esclarecer los casos y abatir la impunidad en que se encuentran los crímenes. Acompañados por representantes de Reporteros Sin Fronteras, Propuesta Cívica e Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, familiares de periodistas desaparecidos y asesinados de Michoacán y Chiapas se reunieron el viernes 7 con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, y con Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). La reunión en Segob, promovida por la viuda de Javier Valdez, Griselda Triana, permitió a los familiares de las víctimas detallar las circunstancias judiciales en que se encuentran los casos y los impactos psicosocial y familiar que han tenido los crímenes, ocurridos en un lapso de 10 a 14 años. Familiares y defensores de derechos humanos insistieron “en la falta de avances en las investigaciones para identificar a los autores materiales e intelectuales de los crímenes”. En el encuentro estuvo presente el Comisionado Ejecutivo Nacional del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Aarón Mastache Mondragón, así como representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). De acuerdo con un comunicado difundido por RSF, Encinas Rodríguez se comprometió con las familias a brindarles apoyo, como gestionar becas a los hijos de los periodistas ante la CEAV y solicitar a la CNB ponerse en contacto con los familiares para revisar los casos, y pidió a Mastache Mondragón instrumentar medidas de protección. RSF destacó que, a petición suya, “se acordó establecer un enlace en la Segob para dar seguimiento a los acuerdos, además de realizar otra reunión para verificar que se cumplan”. En cuanto a la reunión con el titular de la FEADLE, la organización de defensa de periodistas resaltó que el funcionario se comprometió a realizar “reuniones periódicas para revisar el estado de cada caso e informar al respecto, así como establecer nuevos planes de investigación que se presentarán en marzo próximo”. Asimismo, Sánchez Pérez del Pozo ofreció convocar a la CNB a una reunión con los familiares de los periodistas y sus representantes legales para realizar búsquedas conjuntas. La organización internacional reiteró su apoyo a las familias de los periodistas víctimas de desaparición y homicidio, en espera de que “las autoridades mexicanas cumplan efectivamente con estos compromisos para poner fin a la impunidad que prevalece en México en los asesinatos y desapariciones de periodistas”. Cabe destacar que en el registro de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF, México se encuentra en el lugar 144 de 180, por debajo de Pakistán y Camboya, y por encima de República Centroafricana y Honduras. La violencia contra periodistas en México también se refleja en los ataques contra medios de comunicación, tal como ocurrió este miércoles en Toluca, donde personas armadas ingresaron a las instalaciones de Alfa Diario. De acuerdo con la información divulgada por medios de comunicación, alrededor de las 13:30 horas un hombre armado amagó al guardia de seguridad para ingresar a las instalaciones del diario local, y llamó a sus cómplices para despojar a los trabajadores de sus pertenencias y del equipo de cómputo y fotográfico. Ante ese hecho, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero condenó los “actos de intimidación y violencia contra periodistas y medios de comunicación”. En un comunicado, la presidenta de la organización no gubernamental, Fabiola Vite Torres, exigió garantías para la libertad de prensa, así como para los defensores de derechos humanos. También solicitó medidas de seguridad para “garantizar la vida de los periodistas de Alfa Diario”, luego de lamentar que en la entidad se vive “una situación de violencia inédita contra pueblos originarios, comunidades indígenas, periodistas y defensores de derechos humanos”, en tanto que en el país “se recrudece” el ambiente de impunidad e inseguridad.