CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La defensa de la extitular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles Berlanga, solicitó de manera formal el aplazamiento de la audiencia de calificación de pruebas que estaba programada para este martes 8, por lo que ya no aparece en la agenda del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur que emite el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Fuentes cercanas a la defensa explicaron que la petición de aplazar la llamada audiencia intermedia fue para que su clienta siga negociando con la Fiscalía General de la República (FGR) las condiciones del criterio de oportunidad solicitado por Robles para imputar a sus superiores jerárquicos en la trama de los presuntos desvíos ocurridos en el marco del caso conocido como la “Estafa Maestra”.

Es la segunda ocasión que la defensa de la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) solicita aplazar la audiencia intermedia dentro de la causa penal 319/2019, que se le sigue por su omisión frente a un presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos ocurrido en ambas dependencias.

La audiencia intermedia es la última oportunidad que tiene la defensa de Rosario Robles de no ir a juicio por los dos cargos de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisión que se le imputan a la exfuncionaria, ya que al comienzo de dicha comparecencia es cuando se le pueden presentar al juez de la causa los mecanismos alternos de justicia, como el procedimiento abreviado o el criterio de oportunidad.

El criterio de oportunidad consiste en que Robles colabore con la Fiscalía en las investigaciones de delitos más graves de los que se le acusan e imputando exclusivamente a sus superiores jerárquicos, para lo cual debe rendir declaración y entregar datos de prueba que den veracidad y credibilidad a su testimonio.

A cambio, la FGR puede cancelar las imputaciones en su contra y Robles podría recuperar su libertad de manera provisional.

La petición de la exsecretaria para colaborar con la FGR se dio a partir de que se enteró de que un juez de control libró una nueva orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por el presunto uso con fines electorales y de propaganda política de los recursos que se habrían desviado en Sedesol y Sedatu mientras ella era titular de ambas dependencias.

Ese dinero, según el exoficial mayor de ambas dependencias y exsubordinado de Robles Berlanga, Emilio Zebadúa, supuestamente se usó para apoyar campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) entre 2012 y 2018 por órdenes del expresidente Enrique Peña Nieto y del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Sin embargo, la defensa de la exjefa de gobierno ha señalado que sólo puede imputar a Luis Videgaray en la trama delictiva, ya que no le consta ninguna participación del expresidente Peña en los presuntos desvíos.