CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Expertos y relatores de derechos humanos de Naciones Unidas llamaron a cuentas al Estado mexicano por los actos de represión, a manos de elementos policiales, contra madres de personas desaparecidas y activistas de Guanajuato que participaron en una manifestación, en julio pasado.

Mediante una comunicación fechada el primer día de octubre y firmada por integrantes del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, así como los relatores especiales sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, y sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, Naciones Unidas manifestó su “profunda preocupación por la reciente detención y las investigaciones penales en contra de (…) Isela Berenice Olimpia Montoya, Carla Verónica Martínez Jiménez y Verónica Durán Lara, familiares de personas desaparecidas, y la defensora María del Carmen Ramírez, por su participación en manifestaciones en el estado de Guanajuato”.

Las mujeres, que forman parte del colectivo A Tú Encuentro, dedicadas a la “búsqueda de verdad y justicia sobre las personas desaparecidas, incluyendo la interposición de denuncias, búsquedas forenses en campo y servicios forenses, así como búsquedas en vida en centros penitenciarios y hospitalarios”, fueron detenidas el 10 de julio por agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública estatales, mientras realizaban una manifestación pacífica para reclamar la falta de participación de los familiares de personas desaparecidas en la elección del titular de la Comisión de Búsqueda estatal, y en la víspera habían realizado otra manifestación para protestar por la falta de avances en las investigaciones para localizar a sus familiares.

Al resaltar que las mujeres fueron liberadas y que interpusieron una denuncia en contra de los elementos policiales por abuso de autoridad, los expertos destacaron que las detenciones ocurrieron “en un contexto de creciente violencia y graves violaciones de derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas, así como la ausencia de mecanismos de participación de personas desaparecidas en procesos de búsqueda de verdad y justicia, generando así la revictimización institucional de familiares de personas desaparecidas en el estado de Guanajuato”.

Para los expertos, los hechos denunciados “podrían configurar violaciones de los derechos a la libertad y a la seguridad personal, a la libertad de reunión pacífica y de asociación y a las garantías de debido proceso”, además de que podrían constituirse “violaciones graves de las obligaciones contenidas en la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Convención Internacional para la protección de todas la personas contra la desapariciones forzadas, ratificadas por México en marzo de 2008”.

Los integrantes de los procedimientos especiales de la ONU dieron 60 días a partir de la notificación de la comunicación, en octubre, para informar sobre “la debida investigación de los hechos y, en su caso, sanción a los elementos que hubieran incurrido en faltas administrativas o delitos en el operativo llevado a cabo el 10 de julio de 2020 y en las detenciones, incluyendo el abuso de la fuerza por parte de los elementos de seguridad”.

Se pide al Estado mexicano informar “sobre la base legal del arresto” de las cuatro mujeres mencionadas, las investigaciones en contra de ellas y sobre las medidas de reparación del daño ocasionado por las violaciones”.

El documento fue firmado por Luciano Hazan, presidente del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o involuntarias; Elina Steinerte, vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Irene Khan, relatora especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión; Clement Nyaletsossi Voule, relator sobre los Derechos de la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, y Mary Lawlor, relatora sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos.

Sofía de Robina, abogada del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización que defiende a las mujeres, destacó que el caso de las detenciones de estas cuatro mujeres fue totalmente irregular, porque no hubo claridad de cuál era el motivo por el que fueron privadas de la libertad, ya que en principio se les acusó de obstrucción de vías de comunicación y después se les informó que fue por lesiones.

Señaló que durante tres meses las mujeres estuvieron sometidas al proceso ante la Fiscalía de Guanajuato y, cuando se declaró el no ejercicio de acción penal contra ellas, “también se concluyó la investigación abierta por las señoras contra los policías por abuso de autoridad y por uso excesivo de la fuerza, por lo que tuvimos que solicitar la intervención del juez de control”.

Robina recordó que en días recientes la juez de control determinó fundada la queja presentada por las señoras y la activista, por lo que se anunció la reapertura de la carpeta de investigación iniciada contra los agentes policiacos.

Para la abogada, la comunicación divulgada a partir de este miércoles por los procedimientos especiales de Naciones Unidas “es un llamado de nuevo al Estado mexicano a rendir cuentas ante órganos internacionales en materia de uso de la fuerza en el contexto de la libertad de expresión durante manifestaciones, sobre todo en contextos particulares de violaciones graves a derechos humanos”.

Destacó que, si bien el llamado de atención de los expertos de la ONU se refiere al caso particular de la represión a las madres de desaparecidos de Guanajuato agredidas, “es un precedente para otros casos como las represiones de los colectivos feministas en Estado de México, Guanajuato, Quintana Roo, Sinaloa y Jalisco, porque las obligaciones internacionales, la rendición de cuentas a órganos internacionales, aplican por parejo”.

Agregó que el llamado que hicieron los procedimientos especiales advierte sobre la prevalencia del “abuso de la fuerza en contexto de protesta, lo que resulta grave cuando se trata de protestas que tienen su origen en violaciones a derechos humanos graves”.

Sofía Robina insistió que, una vez más, órganos internacionales señalaron a México que los casos de abuso de la fuerza durante manifestaciones “requieren investigaciones diligentes sobre el actuar de diferentes autoridades, investigar a la cadena de mando y mantener controles de uso de la fuerza adecuados”.