CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional Electoral (INE) denunció que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE)  han obstruido sus tareas de fiscalización al negarle información, particularmente en los casos Odebrecht y el de Pío López Obrador.

“Si no hemos llegado al fondo de Odebrecht es porque no sabemos qué ocurrió y es porque la autoridad ministerial se niega a proporcionarnos la información”, advirtió el consejero Ciro Murayama, tras recordar que desde octubre de 2017 han solicitado los informes.

En sesión de Consejo General del INE se presentó el informe de dos procedimientos administrativos sancionadores abiertos, y en dos investigaciones la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy FGR, ha negado de forma sistemática la información desde 2017, en un caso, con la excusa del secreto ministerial.

En el caso del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío López, y el excoordinador de Protección Civil, David León (quien le habría entregado recursos en efectivo en 2014 y hasta 2018), es la FEPADE la que se ha resistido a entregar información.

Sin embargo, la consejera Carla Humphrey, quien antes fue funcionaria en la FGR, aseguró que ya se contestaron al menos dos requerimientos del INE sobre Odebrecht, por lo que pidió clarificar qué se ha contestado y qué no, pues “quizá no hemos revisado bien o estén traspapelados”.

Añadió: “Sé que estas siete solicitudes de información ya están resueltas, atendidas”, pues dos le tocaron a la unidad a su cargo e incluso una se entregó al extitular de la Unidad de Fiscalización (UTF), Eduardo Gurza.

Además de los dos casos citados, está uno contra el Partido del Trabajo (PT) por presunto uso de recursos públicos en 2017; uno contra la dirigencia de Morena en Baja California y su Congreso, por presunto uso de recursos de ese órgano para una consulta pública local, y el rechazo del ayuntamiento de Texcoco a responder en una investigación por presunto uso de recursos a favor de la hoy senadora Delfina Gómez.

Otras autoridades omisas son la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que se ha resistido a entregar información en una indagatoria sobre el Partido Acción Nacional (PAN) y su ahora gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, acusado de presuntas aportaciones de entes prohibidos por la ley. 

Por ello, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Adriana Favela, y el mismo Murayama, pidieron a los órganos del Estado colaborar con el INE. Este último insistió en que la FGR no ha entregado la información con el argumento del secreto ministerial.

Ambos recordaron que los secretos bancario, fiduciario y fiscal, e incluso el ministerial, no fueron obstáculo en 2003 al investigar los casos Amigos de Fox y Pemexgate, por lo que hoy, casi 20 años después y tras la reforma constitucional que dio al INE la facultad de trascender esos secretos en sus tareas de fiscalización, no deben alegarse esas restricciones.

Lo que “no creo que sea aceptable es que dos décadas después se pongan obstáculos que incluso en 2003 pudieron trascenderse”, pues hoy el INE es la única autoridad responsable de fiscalizar a los partidos y con facultades robustecidas, señaló Murayama.

“Espero que esto sea corregido, porque si no tendremos que cerrar (la investigación), y alguna fuerza política impugne y sea, esperemos, la Sala Superior del Tribunal Electoral, si mantiene los criterios que valieron a principio de siglo, la que confirme que no se puede ocultar información a esta autoridad”, agregó el consejero.

El INE no quiere hacer pública esa información, sino investigar y llegar a una conclusión, recalcó.

“Ojalá se pueda evitar lo ocurrido en el caso de Fox, que ante la falta de información se tuvo que desechar, se impugnó al TEPJF” y éste ordenó la apertura de la información para las investigaciones, expuso Favela.

Por eso –abundó-- “seguimos requiriendo la colaboración de instituciones del Estado mexicano”.

Murayama recordó que en 2003 las investigaciones del caso Pemexgate permitieron resolver el caso –en que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) recibió al menos 500 millones de pesos del Sindicato petrolero--, gracias a que el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) pudo acceder al expediente de la entonces PGR, lo que permitió conocer cómo se hicieron los retiros en efectivo, que éste salió de Pemex y fueron llevados a las oficinas del PRI.