CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con el objetivo de combatir la comisión de delitos como la extorsión y el secuestro, la Cámara de Diputados aprobó con 390 votos a favor, 43 en contra y seis abstenciones, la creación de un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, cuya confección durante el sexenio de Felipe Calderón resultó un fracaso. 
 
El dictamen avalado esta tarde detalla que el registro de cada línea telefónica móvil deberá contar con el número de la línea, el número de serie o identificador único de la tarjeta SIM, la fecha y hora de la activación.
 
También deberá incluir el nombre completo o razón social del usuario, número de identificación oficial con fotografía, Clave Única de Registro de Población del titular de la línea, datos biométricos y su domicilio.
 
La creación de este registro se consideró como un nuevo intento por resucitar el malogrado Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), creado durante el sexenio de Felipe Calderón y cuya base de datos tuvo que ser destruida al filtrarse su contenido y abrirse la posibilidad de que se pudiera poner a la venta en el mercado negro.   
 
En las reformas que los diputados aprobaron hoy a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se precisa que el registro será una base de datos operada y regulada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), y para mantenerlo actualizado los concesionarios de telecomunicaciones suministrarán información relativa a altas, bajas, cambios de propietarios, robos y extravíos.
 
De acuerdo con el documento avalado, el Ifetel sólo podrá proporcionar información sobre datos personales del registro a las personas que aparezcan como propietario o a quien acredite algún interés jurídico.
 
Las reformas consideran infracciones por efectuar extemporáneamente la inscripción de una línea telefónica, no inscribir ésta y por hacer uso indebido de las constancias, documentos y de los medios de identificación relacionados con el registro de un número.
 
También contempla sanciones por alterar, omitir, simular o permitir registros o avisos de forma ilícita, registrar datos falsos, proporcionar información falsa y hacer uso de la información para obtener un lucro indebido.

Las penalizaciones serán de entre 20 y 15 mil Unidades de Medida y Actualización, o de dos a tres veces el lucro indebido obtenido.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Comunicaciones, Víctor Pérez Díaz, mencionó que el objetivo del registro es colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia para combatir la comisión de delitos como la extorsión y el secuestro.

El legislador panista recordó que para dictaminar esta propuesta se llevó a cabo un foro en el que se alertó sobre la posible invasión a la privacidad, la falta de mecanismos de protección de datos personales y la posible violación a los derechos al debido proceso y la presunción de inocencia.

Pérez Díaz consideró que la creación de este registro es una segunda oportunidad, luego del fracaso del polémico Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), que fracasó en el sexenio de Felipe Calderón.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Higinio del Toro, alertó que en países como Estados Unidos, Reino Unido y Canadá han cancelado este tipo de bases de datos por considerarlas violatorias a los derechos humanos.

Advirtió que pensar que con un registro de usuarios de telefonía se acabará con la extorsión o el secuestro es una falacia, porque estos delitos se combaten con políticas públicas en materia de seguridad y con tecnología, aspectos que no están considerados en el proyecto.

Lamentó que éste no considere aspectos fundamentales como los mecanismos para llevar a cabo el bloqueo de líneas o para detectar procesos de clonación de tarjetas SIM.