CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya no habrá posibilidad de evitar una acción de la justicia por hechos cometidos en su administración, al menos a partir de que los congresos locales aprueben la reforma constitucional que ayer pasó en el Senado para eliminar el fuero presidencial.

Dicha reforma fue propuesta por el propio mandatario, quien celebró la aprobación, una modificación histórica y, por ello, agradeció a los senadores el voto que emitieron ayer.

“Agradecer a los senadores porque se aprobó la iniciativa de quitar el fuero presidencial. Es un hecho histórico. No se podía juzgar al presidente en funciones por cualquier delito, solo por traición a la patria y eso significaba fuero”, dijo.

El fuero presidencial es la forma coloquial de describir la inimputabilidad de un presidente por acciones cometidas durante su gestión, una disposición contenida en el artículo 108 constitucional que establecía, sólo se le podía juzgar por traición a la patria o delitos graves.

La iniciativa del presidente López Obrador consistió en modificar la disposición para que quien sea presidente pueda ser sometido a juicio por cualquier acto delictivo, una propuesta que hizo en campaña y reiteró ya en el gobierno, insistiendo en la reforma que ya había sido rechazada en una ocasión.

“Esto se estableció, lo del fuero en la constitución de 1857, se mantuvo en 1917 y es hasta ahora que se quita el fuero presidencial. Hablamos de 150 años de mantener este privilegio para el presidente”, dijo.

Con la aprobación de la reforma en el Senado, en tanto cámara revisora de lo que ya habían aprobado los diputados, ahora solo falta que esta sea aprobada en 17 congresos locales y sea promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación, lo que llevará algunas semanas, aunque el mandatario confió hoy en lograrlo antes de que concluya el año.

A partir de cumplir el proceso legislativo, entrará en vigor de manera que, por lo que resta de su gobierno y los presidentes del futuro, podrán ser juzgados, previo proceso legislativo que apruebe la imputación.