CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación exhortó a la Comisión Nacional de Salario Mínimo (Conasami) a  fijar un techo de 300 pesos al salario mínimo profesional para las personas jornaleras, un sector de población estimada en más de 2  millones de personas que viven en condiciones de precariedad. 

En un comunicado firmado por los integrantes de la Asamblea Consultiva del Conapred se consideró preocupante que las personas jornaleras tengan dificultades para acceder a un salario mínimo justo, “debido a las múltiples desventajas y vulnerabilidades que enfrentan por las condiciones socioeconómicas en las que viven y trabajan y a la histórica discriminación que les ha excluido del ejercicio de sus derechos humanos y que ha sido mayormente expuesta por la pandemia de covid-19”.

Señalan la precariedad económica en que se encuentran los jornaleros agrícolas, que representan a más de 2.04 millones de personas, cifra que alcanza “más de ocho millones si se considera a las familias que les acompañan”.

Los integrantes de la Asamblea Consultiva explicaron que la población jornalera agrícola “se caracteriza por ser rural, campesina e indígena, la precarización de sus condiciones de vida profundiza el conjunto de desigualdades de género, clase y etnia, y contribuye a normalizar las violencias y violaciones a sus derechos humanos, destacando las ocurridas en el plano social y laboral”.

Detallaron que, de acuerdo a los datos oficiales, de los más de 2 millones de jornaleros agrícolas en México, 83.3% percibe entre uno y dos salarios mínimos, de los cuales 14.1% gana un ingreso diario de más de 171 pesos, en tanto 35% perciben salarios inferiores a 115 pesos al día.

Al resaltar que las mujeres jornaleras agrícolas generalmente trabajan entre 12 y 14 horas diarias para obtener un pago “apenas superior a los salarios mínimos”.

Los integrantes de la Asamblea Consultiva resaltaron que el trabajo de estas personas, “implica largas jornadas laborales en las que las personas trabajadoras del campo están de pie por periodos prolongados de tiempo, agachados y realizando movimientos repetitivos en posiciones corporales incómodas”.

Los trabajadores agrícolas ejercen sus funciones bajo riesgos de accidentes, que “aumentan con la fatiga, el terreno difícil en los que laboran, así como por la exposición a los elementos plaguicidas y la falta de acceso a servicios de salud básica”.

Los firmantes apuntaron que las personas jornaleras realizan labores “de alto productividad, alto riesgo y con un salario incierto que no les permite acceder a derechos básicos cómo salud, alimentación y vivienda”, sin contar que para realizar su trabajo requieren habilidades específicas para permitirles llegar a los altos niveles de productividad exigidos por los patrones, condiciones que se apegan a los criterios de la Ley Federal del Trabajo para la fijación del salario mínimo de las y los trabajadores del campo, “este es un trabajo especializado y debe ser remunerado como tal”.

Resaltaron que el salario de los jornaleros agrícolas varía entre 150 y 400 pesos, dependiendo de los productos cosechados, de la temporada del año, de las empresas y del modo  de pago, que puede ser por día o por destajo.

La Asamblea Consultiva exhortó a los integrantes del Consejo de Representantes de la Conasami a “atender con urgencia y considerar en su proceso deliberativo las necesidades y expectativas salariales de las personas jornaleras agrícolas”, considerando que la Ley Federal del Trabajo en 1970 “reconoció el trabajo del campo como una actividad laboral especial que, desde 2019, mandata la fijación de un salario mínimo profesional en su artículo 280 Bis”.

Los integrantes de la Asamblea urgieron a la Conasami a fijar en 300 pesos diarios el monto del salario mínimo profesional para las personas jornaleras, que sería un incremento significativo para más de 2 millones de personas; “sería un instrumento fuerte para la recuperación de la economía nacional, por medio del consumo”.

La lista de firmas estuvo encabezada por Mariclaire Acosta, así como por los demás integrantes de la Asamblea Consultiva: Marío Luis Fuentes Alcalá, Haydeé Pérez Garrido, José Antonio Guevara Bermúdez, Miguel Concha Malo, Jesús Rodríguez Zepeda, Amaranta Gómez Regalado, Daniela Rea Gómez, Pedro Sergio Peñaloza Pérez, Sarah Corona Berkin, Elena Azaola Garrido, Javier Garza Ramos, Leticia Bonifaz Alfonzo, Lilian Paola Ovalle Marroquín, Carlos Heredia Zubieta, Mauricio Meschoulam, Diego Petersen Farah, Patricio Solís Gutiérrez y Estefanía Vela Barba.

Firman la petición como invitados honorarios Ricardo Miguel Raphael de la Madrid, Celia del Palacio Montiel, Miguel Álvarez Gándara, Sandra Lorenzano Schifrin, Daniel Giménez-Cacho García y Camerina Haidé Robles Cuéllar.