CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La madrugada de este 1 de noviembre, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) desalojó con lujo de violencia a personas que instalaron un plantón frente a esta dependencia, en exigencia por la liberación de la defensora Kenia Hernández.

Kenia Hernández, quien es coordinadora del colectivo “Zapata Vive”, denunció en 2019 ser víctima de persecución política derivado de su activismo, por lo que tuvo que desplazarse de Guerrero al Estado de México, bajo el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Sin embargo, fue detenida por segunda ocasión por la FGR el pasado 26 de octubre, por lo que activistas de “Zapata vive”  instalaron un plantón desde el pasado 26 de octubre en las oficinas de esta dependencia ubicadas en la Glorieta de Insurgentes.

Este 1 de noviembre, horas después de ser desalojados de la banqueta de la FGR, informaron en un mensaje de WhatsApp:

“Las y los integrantes del campamento fueron sorprendidos por el personal, quienes les arrebataron pertenencias y destrozaron sus casas de campaña, por lo que tuvieron que huir. Durante el evento incluso una bebé de 9 meses fue jaloneada por elementos oficiales”.

Señala que hasta las 8:00 horas de este 1 de noviembre, las y los compañeros se encuentran en riesgo, pues denuncian que “camionetas de la Fiscalía les han estado rodeando”.

“Urgimos a movimientos a respaldar a las y los compañeros, a mantenerse en alerta y llamamos a medios de comunicación a dar cobertura amplia a estos hechos”, solicitan en el mensaje.

El domingo 18 de octubre, Kenia Hernández Montalván fue detenida en la caseta de peaje de Amozoc, Puebla, y conducida al Centro de Reinserción Social de Almoloya, Edomex.

Este, ya era el segundo arresto en los últimos cuatro meses, denunció su abogado, Antonio Lara, presidente del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero AC.

Dijo que la detención era “un montaje”:

“Pretenden acusar a Kenia de que se subió a un camión a robar a los pasajeros. Está fuera de toda noción de la realidad. Hace cuatro meses la acusaron de que el robo con violencia lo hace en un auto privado. Ahora que subió a robar a un autobús”.

Lara aseguró que la detención se produjo con violencia y que los agentes que procedieron al arresto vestían uniformes azules sin distintivo, aunque se identificaron como integrantes de la Guardia Nacional.

E insistió en que la detención era una estrategia puesta en marcha por las autoridades del Edomex para castigarla por su activismo social. 

La orden de aprehensión fue solicitada por la Fiscalía del Estado de México y aceptada por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca con residencia en Almoloya. 

En ese momento intervino el Mecanismo de protección para Personas Defensoras y Periodistas, ya que ella es parte del este organismo al cuando fue obligada a abandonar el estado de Guerrero a causa de las amenazas de muerte que recibió.

El 24 de octubre se le concedió la libertad, bajo fianza, sin embargo le fue girada una nueva orden de aprehensión, imputándole ataques a las vías generales de comunicación.

Por lo que cuatro horas después fue aprehendida nuevamente y trasladada a una prisión en Acapulco, Guerrero.

El abogado Antonio Lara, del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, señaló en esa ocasión:

“Es nuestro deber informar una grave injusticia en contra de Kenia Inés Hernández Montalván, cuatro horas después de lograr la libertad de Kenia bajo medidas cautelares en el Estado de México, el Juez José Miguel López Rodríguez, del distrito especializado en el sistema penal acusatorio en el estado de Guerrero, giró en la causa penal 392/2020 una nueva orden de aprehensión, ahora, por el supuesto delito de ataques a las vías de comunicación, razón por la cual Kenia está siendo trasladada al penal de Acapulco en estos momentos, en el ámbito federal”.

Debido a la nueva orden de detención, integrantes de este movimiento se apostaron afuera de las instalaciones de la FGR, en donde instalaron casas de campaña, hasta la madrigada de este 1 de noviembre, cuando afirman, fueron desalojados con violencia por elementos de la misma fiscalía.