CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) logró una victoria parcial en el proceso penal que se le sigue al exoficial mayor de Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadúa González, por el caso de la llamada Estafa Maestra. Sin embargo, un juez federal mantiene la prohibición para que pueda judicializar las acusaciones en su contra por los presuntos desvíos que se le imputan en la Estafa Maestra mientras la FGR no acumule en una misma causa penal las diversas investigaciones que mantiene contra Zebadúa Esta nueva suspensión es distinta a la que fue revocada el pasado 9 de septiembre por un tribunal federal, la cual impedía a la FGR judicializar la carpeta de investigación contra Zebadúa por una supuesta falta de notificación y la falta de acceso a los registros a la carpeta de investigación. La sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Civil del Vigésimo Circuito con sede en Chiapas fue notificada este miércoles al Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Chiapas, ya que se tuvo que elaborar un engrose o modificación del proyecto original, de acuerdo con los registros electrónicos del Consejo de la Judicatura Federal. “Se agrega el oficio suscrito por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por medio del cual devuelve el expediente original del incidente en que se actúa (...) y remite testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de revisión 404/2019, de su índice, emitida en sesión del 9 de septiembre de la presente anualidad… Por cuanto dicho tribunal colegiado al resolver sobre el recurso de revisión interpuesto, en los resolutivos determinó modificar (la) interlocutoria recurrida y negar suspensión definitiva, hágase del conocimiento de las partes lo decretado en la referida ejecutoria dictada por el tribunal oficiante”, explica el acuerdo que se publica hoy. Sin embargo, el pasado 1 de octubre el Juez Tercero de Distrito con sede en Tapachula, Chiapas, Felipe Sifuentes Servín, volvió a dictar otra suspensión provisional que le impide a la FGR solicitar una orden de aprehensión contra Emilio Zebadúa en cualquier carpeta de investigación hasta que no se acumulen todas las indagatorias que ha iniciado en su contra. “Se concede la suspensión provisional para el efecto de que sin paralizar el procedimiento de orden público, la FGR con sede en la Ciudad de México se abstenga de judicializar de forma independiente o aislada las carpetas de investigación relatadas en la demanda y solo podrá ser judicializadas (de ser procedente) alguna de las carpetas en cuestión de forma acumulada”, señala el nuevo fallo judicial. En la demanda de amparo presentada en 2019 por la defensa de Emilio Zebadúa se impugnan tanto las órdenes de aprehensión contra el ex funcionario federal como las omisiones de la FGR para citarlo en calidad de inculpado o imputado dentro de las carpetas de investigación que la Fiscalía ha iniciado en su contra. La defensa también impugnó el Código Nacional de Procedimientos Penales para notificarlo de la confiscación de sus bienes y cuentas bancarias, así como por la negativa de la FGR de darle acceso a los registros de las indagatorias en su contra en dos carpetas de investigación, identificadas por el imputado con los expedientes FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001345/2018 y FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001647/2018.

Un juicio enredado

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Civil del Vigésimo Circuito con sede en Chiapas revocó el pasado 9 de septiembre una suspensión de amparo que había sido concedida al ex funcionario federal implicado en la Estafa Maestra, Emilio Zebadúa Gonzalez. Tras buscar la protección mediante un recurso amparo ante el Poder Judicial de la Federación, el ex Oficial Mayor de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) había logrado suspender la judicialización de una carpeta en su contra por su presunta participación en los desvíos millonarios registrados en el marco de la Estafa Maestra, argumentando la omisión de ser notificado de la misma y la negativa a acceder a los registros de investigación. Sin embargo, esa primera suspensión por la falta de citatorio fue revocada por los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Civil del Vigésimo Circuito, quienes resolvieron declarar fundado el recurso de revisión que interpuso la FGR, revocando esa primera suspensión. En la resolución judicial se refiere que la persona que adquiera la calidad de imputado dentro de una investigación, tendrá acceso a los registros de la carpeta de investigación en tres momentos diferentes, los cuales son: cuando el imputado se encuentre detenido, cuando se reciba su declaración o sea sujeto de un acto de molestia y se solicite su entrevista, y antes de su primera comparecencia ante el juez, con la oportunidad debida para preparar su defensa. Agregaron que el quejoso no se encuentra en ninguna de las tres hipótesis mencionadas, por lo tanto “es improcedente conceder la suspensión para el efecto de que esta autoridad no judicialice la carpeta de investigación, pues esto contraviene disposiciones de orden público, al paralizar el procedimiento penal, imposibilitando al Ministerio Público a formular imputación y afectando el interés social”. "La facultad constitucional de esta autoridad responsable en torno a la investigación de los delitos no puede paralizarse, ya que la sociedad está interesada en que dicha facultad se ejerza plenamente sin demoras, ya que de no hacerlo, se perturbarían eventualmente los derechos fundamentales de las víctimas, mismas que no obtendrían la reparación del daño causado ni tendrían acceso a una justicia pronta” señala la resolución del colegiado. Amigo y colaborador cercano de Rosario Robles Berlangas, ex titular de Sedesol y Sedatu durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, Emilio Zebadúa está implicado en una triangulación millonaria de recursos financieros que supuestamente llegaban a varias dependencias públicas gubernamentales y universidades del país de la mano de supuestas empresas fantasmas o fachada que fungían como contratistas y subcontratistas. La Estafa Maestra es una investigación periodística que el sitio de noticias Animal Político y la organización de la sociedad civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) realizaron en 2017. La investigación desenredó un sistema de 128 empresas fantasma a través de las cuales el gobierno federal mexicano desvió más de 400 millones de dólares a través de una red de desvíos de dinero que involucró a 11 dependencias del Estado, ocho universidades públicas, diversas empresas privadas y más de 50 servidores públicos de distintos niveles de gobierno. El origen de esta investigación fueron los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre las cuentas públicas del gobierno federal en 2013-2017 que reportaban irregularidades multimillonarias bajo este esquema de contratación de obra y servicios públicos durante el sexenio de Peña Nieto, quien ahora vive con lujos en España. Además de Zebadúa González, están implicados en este caso otros servidores públicos que formaron parte de sus más cercanos colaboradores, estos son Claudia Morones Sánchez, Enrique Prado Ordoñez y Sonia Zaragoza González, así como Rosario Robles Berlanga.