CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A seis meses de la aprobación de la Ley de Amnistía en el Congreso de la Unión, no hay certeza de su aplicación, pese a que fue publicada el 23 de abril pasado con el objetivo de despresurizar los penales federales para evitar brotes de coronavirus entre los internos.
    
De acuerdo con un pronunciamiento de organizaciones no gubernamentales (ONG), “no se tiene dato alguno de que personas hayan sido beneficiadas” con dicha ley, en tanto que la Comisión de Amnistía, encargada de revisar expedientes, “opera con discrecionalidad y opacidad”.
    
La Ley de Amnistía fue aprobada en un primer momento el 11 de diciembre del año pasado, y fue rescatada en abril de 2020 por el Senado de la República bajo el argumento de que sería un instrumento útil para evitar que presos del fuero federal se contagiaran de covid-19. 

Las organizaciones resaltaron que, de acuerdo con el Mecanismo de Monitoreo Nacional por covid-19 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al 20 de octubre de 2020 había 2 mil 635 personas presas contagiadas por el virus y 231 habían fallecido.

No obstante, persisten “obstáculos para su implementación”, toda vez que no hay certeza “sobre cómo está trabajando la Comisión encargada de analizar y dictaminar los expedientes de personas privadas de la libertad que buscan extinguir su pena o la investigación o proceso penal en su contra”, apuntaron organizaciones defensoras de derechos humanos.

Tras recordar que luego de la publicación de la Ley de Amnistía  en el Diario Oficial,  fue hasta el 23 de junio cuando se realizó la sesión inaugural del Consejo, “se desconoce el número de veces que ha sesionado (…) para el análisis y dictamen de los expedientes, el número exacto de solicitudes que han recibido y si es que ya han resuelto algunas de ellas, así como los lineamientos bajo los cuáles se llevaron a cabo dichas sesiones”, si es que realmente se realizaron.

Para las organizaciones, la falta de información sobre la aplicación de la legislación “es particularmente grave si se considera que a la fecha no se tiene dato alguno de personas que hayan sido beneficiarias de la amnistía, y a solicitud expresa de Equis Justicia para las Mujeres para acceder a dicha información, la Oficina de la Presidencia se declaró incompetente para atender dicha petición”.
    
Tras adjuntar al pronunciamiento la respuesta que dio la dependencia, las organizaciones recordaron la obligación gubernamental de garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad, entre ellos a la salud, a la vida y a la integridad, sobre todo en la actual crisis sanitaria, que ha cobrado la vida de 231 personas internas en penales y 2 mil 635 se reportaban como infectadas, según la CNDH.
    
Agregaron que la situación se agrava si se considera que “la población penitenciaria ha ido al alza, siendo especialmente graves las reformas constitucionales que amplían el catálogo de delitos en prisión preventiva oficiosa, lo que facilita el encarcelamiento de personas”.
    
Las organizaciones urgieron en “revisar y resolver todas y cada una de las solicitudes de amnistía con absoluta transparencia”, de manera que la Comisión de Amnistía haga públicas sus actuaciones, “incluido el registro de las sesiones en su versión pública, así como los criterios que tanto la Comisión como las autoridades jurisdiccionales toman en cuenta para resolver los casos y garantizar mecanismos permanentes de rendición de cuentas”. 
    
De manera particular, solicitaron dar respuesta “pronta y transparente” a las solicitudes de amnistía que han presentado, considerando que “las personas privadas de la libertad no pueden esperar”.

Las organizaciones que firman el pronunciamiento son Equis Justicia para las Mujeres; Artículo 20; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero; Red Mexicana de Reducción de Daños; Intersecta Organización para la Igualdad; La Cana, Proyecto de Reinserción Social; Mujeres Unidad x la Libertad; Borde Político; Organización Comunitaria por la Paz OCUPA; Documenta, análisis y acción para la justicia social; Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y Derecho; Incide Femme; CEA Justicia Social.

También signaron Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Asilegal; Elementa DDHH; Grupo de Información en Reproducción Elegida; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Data Cívica; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Derechos sin Barreras; Grupo de Estudios sobre la Mujer; Justicia Transicional en México; Grupo de Estudios sobre la Mujer, Rosario Castellanos; Fundación Mexicana de Reintegración Social, Reintegra; La Boussole, así como  firmas a título personal de Corina Giacomello, Susana Camacho y Alejandro Jiménez Padilla.