CAMPECHE, Cam. (apro). - El Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx), uno de los más férreos opositores al Tren Maya, denunció el robo de la información financiera, equipos y tarjetas bancarias de la agrupación, así como amenazas anónimas a uno de sus integrantes.
Y responsabilizó al Estado mexicano de lo que pudiera ocurrir a cualquiera de los integrantes de la agrupación, así como del mal uso que se pudiera dar a la información que les fue sustraída.
El robo se perpetró el pasado 20 de septiembre en la habitación de la administradora del Cripx, en Xpujil, cabecera del municipio de Calakmul, y tres días después un miembro de la asociación civil recibió amenazas a través de la aplicación WhatsApp.
El Cripx fue de las primeras organizaciones civiles en promover amparos judiciales en un afán de frenar el proyecto lopezobradorista.
La asociación alertó que tanto el robo como la amenaza ocurren en el contexto de “difamación, estigmatización y, sobre todo, criminalización” de que las organizaciones civiles son objeto “por parte del Estado mexicano” dada su “oposición organizativa, real, profunda y con identidad cultural” al “mal llamado” Tren Maya.
Recordó que desde que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio a conocer su emblemático proyecto, “que sólo utiliza la identidad mayense con fines de comercialización”, el Cripx solicitó la información y documentación correspondiente para analizar a fondo y emitir una postura respecto de la controversial obra.
“Lo único que recibimos de Fonatur y demás instituciones de gobierno involucradas en este megaproyecto es información parcial, limitada, sesgada, poco clara y sin soportes o anexos”, recalcaron.
Reiteró que el Cripx investiga y busca la opinión de centros de investigación, de universidades, de la academia, “sobre todo cuando se trata de impactos acumulativos ambientales, sociales, económicos, culturales, jurídicos, que nos permitan tener una visión a corto, a mediano y largo plazo de estos”.
Aseguró que, pese a las circunstancias, seguirá recurriendo a todos los procedimientos legales nacionales e internacionales para defender los derechos colectivos e individuales de los miembros de la agrupación, que tiene presencia en más de una treintena de comunidades de Calakmul.
“También defenderemos el derecho de otros y otras a disentir, aunque no estemos de acuerdo con sus planteamientos, pero siempre y cuando sean en un ambiente de respeto mutuo y no de linchamiento”, advirtió.
Asimismo, responsabilizó al gobierno federal de lo que pudiera ocurrir a los integrantes de la organización y lo instaron a “dejar de administrar conflictos al dividir las comunidades, promoviendo el encono, el rencor, la criminalización y la estigmatización hacia el Cripx y hacia otras organizaciones que defendemos los derechos en general, los Derechos Humanos y los derechos de la naturaleza”.
Comentó que esa táctica divisionista es vieja y lamentó “profundamente el recrudecimiento de estos mecanismos corruptos que lo único que fomentan es la violencia y la justificación de la violencia institucionalizada”.
“También hacemos responsable al gobierno mexicano en todos sus niveles, del mal uso, manipulación de la información sustraída indebidamente del equipo que le fue robado a la administradora de nuestra organización, así como del destino y mal uso de la información financiera que contenía”, añadió.
E informó ya se presentaron las denuncias penales para que se investigue el robo.
Finalmente, aseguraron que no darán un paso atrás en la defensa de su territorio no renunciarán a su derecho a la información.
