CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Mecanismo para la Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) condenaron la persecución legal contra el analista e investigador del Colegio de México, Sergio Aguayo.

A través de un comunicado, el organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación, dijo que dicha sentencia dictada contra Aguayo, además de sentar un mal precedente contra la libertad de expresión, está fuera de los parámetros de “racionalidad y tolerancia”.

Además, prosiguió, “representa un atentado contra la integridad del sentenciado y una violación a la libertad de expresión”, de conformidad con lo establecido en los artículos 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, añadió.

El Mecanismo también se dijo preocupado de que los poderosos actores políticos sigan haciendo uso arbitrario de la ley de las entidades federativas para endurecer las penas por difamación, calumnias, y la restricción de derechos.

Dichas maniobras, sostuvo, representan una regresión de los avances obtenidos en favor de la libertad de expresión y de información.

Por lo anterior, el Mecanismo de Protección pidió un procedimiento justo e imparcial para Sergio Aguayo, anteponiendo siempre la libertad de pensamiento, investigación, prensa y expresión.

Por separado, organizaciones defensoras de los derechos humanos condenaron la persecución legal contra Sergio Aguayo y reprocharon las represalias al ejercicio de la libertad de expresión contrarias al espíritu de una sociedad democrática y el uso perverso de los medios legales para silenciar las voces críticas en México.

En un comunicado, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y sus ligas en México sostuvieron que, en la arena del debate sobre temas de alto interés público, no sólo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población.

En una sociedad democrática, argumentó, la prensa debe informar ampliamente sobre cuestiones de interés público, que afectan bienes sociales, y los funcionarios rendir cuentas de su actuación en el ejercicio de sus tareas públicas.

“Vemos con preocupación la información que se ha expuesto sobre la existencia de un posible conflicto de interés del magistrado Huber Olea Contró, cuyo hermano recibió en 2017 la patente de una notaría por parte del ex gobernador de Coahuila Rubén Moreira, hermano de Humberto Moreira”, dijo,

Por ello, las organizaciones exhortaron al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México a que investigue y esclarezca esta situación de manera pronta, expedita y diligente.

“No debemos permitir que el Poder Judicial resuelva los casos por presiones políticas o conforme a intereses particulares”, enfatizó.

Y celebraron la decisión del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena de proponer a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la atracción del asunto.

“Sin duda, se trata de una ventana de oportunidad para la justicia en el caso. Urgimos a la Primera Sala a asumir jurisdicción y resolver el juicio de amparo de conformidad a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”, establecieron. (Manuel Alejandro Godínez López)