CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Sala Regional en Durango del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) se retractó de su decisión de suspender la inhabilitación por dos años y seis meses que la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso a la empresa farmacéutica Solfrán, de Carlos Lomelí, exsúperdelegado del gobierno federal en Jalisco. En respuesta, los abogados de la empresa denunciaron que la SFP, dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, ejerció una “presión inusitada” y “amenazó” al magistrado Miguel Aguilar García de “ser removido de su cargo”, para que revocara su decisión de permitir a Solfrán participar en licitaciones hasta que se resuelva el fondo del juicio. La SFP celebró esta tarde la decisión del juez y, tras evocar su “imparcialidad y estricto apego a la legalidad”, sostuvo que previamente la empresa había promovido un juicio de nulidad en una Sala del Tribunal en Guadalajara, “la cual le negó la suspensión de la inhabilitación; por tal motivo, la que obtuvo de la Sala de Durango no podía ser válida”. En septiembre de 2019, la SFP sancionó a la empresa después de comprobar que la farmacéutica presentó información falsa en una licitación pública, y le prohibió celebrar contratos con el gobierno federal o con estados y municipios en los cuales haya recursos federales involucrados.