OAXACA, Oax. (apro).- El presidente de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), Dagoberto Toribio, presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por las “consultas” amañadas para “la aceptación del megaproyecto corredor transístmico, a cambio de recibir programas sociales”. En su queja, Toribio señaló que las consultas realizadas en marzo y agosto de 2019 se realizaron sin cumplir los mínimos estándares establecidos, es decir, “no fue previa y no fue libre”. Según los afectados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y la Procuraduría Agraria violaron los derechos a la consulta y a la información de los pueblos del Istmo de Tehuantepec. La información fue insuficiente y sesgada, no fue previa y no fue libre, pues se indujo la aceptación del megaproyecto corredor transístmico a cambio de recibir programas sociales, subrayaron. Por tal razón, la Ucizoni presentó una queja ante la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, y el Cuarto Visitador, Joaquín Aguilar. Los inconformes esperan que la actuación de ambos funcionarios de la CNDH sea independiente e imparcial. En julio de 2019 los indígenas mixes Juana Inés Ramírez Villegas, Dagoberto Toribio Severo, Raúl Martínez de Jesús y Rubicela Toribio Zacarías, presentaron una demanda de amparo indirecto contra la “ilegal” convocatoria a las Asambleas Regionales Consultivas y el protocolo para el proceso de consulta libre, previa e informada a los pueblos y comunidades del Istmo de Tehuantepec. Señalaron como autoridades responsables al presidente Andrés Manuel López Obrador, por haber ordenado el decreto por el que se crea el organismo público descentralizado “Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”, y al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, acusado de “omisión” porque no veló por los intereses y derechos de los pueblos indígenas susceptibles de ser afectados directa o indirectamente. También al exsecretario de Hacienda Carlos Manuel Urzúa; a los actuales secretarios de Economía y de Comunicaciones y Transportes (SCT), Graciela Márquez Colín y Javier Jiménez Espriú, respectivamente; al director general del Corredor Interoceánico, Rafael Marín Mollinedo, y a los oaxaqueños Adelfo Regino Montes, director del INPI, y Ceyla Cruz Gutiérrez, responsable del Centro Coordinador de Pueblos Indígenas. Ante la autoridad federal reclamaron por la “expedición irregular e inconstitucional del decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, publicado en el Diario de la Federación el 14 de junio de 2019, sin que se hayan respetado, observado y cumplimentado los procedimientos que se establecen en la Constitución como en los tratados internacionales de derechos humanos sobre pueblos indígenas”. Y como descendientes del pueblo Ayuuk jaay o mixe, denunciaron que a lo largo de décadas “se ha empeñado en ejecutar megaproyectos en nuestros territorios sin que se nos informe en absoluto sobre las repercusiones sociales y de impacto medio ambientales que se producirían con su implementación, y mucho menos se nos consulte nuestra opinión al respecto”.