CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que se abrirá una investigación en contra del juez Samuel Ventura Ramos quien determinó con una "laxa interpretación de la ley" la liberación de Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil, señalado como uno de los principales responsables de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

“Iniciaremos ante la Fiscalía General de la República (FGR) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) los recursos legales correspondientes para que se inicie la investigación de los funcionarios de la fiscalía y de los jueces en el caso del poder judicial para deslindar las responsabilidades en estos casos donde en lugar de garantizar el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas se están generando un pacto que favorecerá el silencio y la impunidad”, dijo Encinas durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

Encinas aseguró que las indagatorias sobre Ayotzinapa alcanzarán a todos los funcionarios implicados en la construcción de la llamada “verdad histórica”, incluidos el extitular de la entonces Procurador General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, y Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“En el momento en que se acrediten no solo las violaciones al debido proceso sino la fabricación y sembrado de pruebas en la formulación de la verdad histórica va a alcanzar a todos los responsables en este dictamen que emitió la procuraduría”, sentenció.

El Cabo Gil, quien era el jefe de plaza de Iguala del grupo criminal Guerreros Unidos, recuperó su libertad desde el pasado sábado luego de que el juez primero de distrito en Procesos Penales Federales de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, desestimó un tercio que las pruebas presentadas por la entonces PGR y determinó que no existían elementos para acreditar el delito de delincuencia organizada.

“Desestimó 44 pruebas en contra de López Astudillo que buscaban acreditar el delito de secuestro, se circunscribió solamente a analizar 162 de los 791 tomos que forman parte de la averiguación y consideró que se habría aplicado el delito de tortura, a pesar de que la PGR de entonces realizó el examen médico psicológico conocido como Protocolo de Estambul donde se acreditó que no había sido torturado”, dijo Encinas, aunque reconoció que faltó aplicarle la prueba de audiometría.

El subsecretario consideró que es un precedente muy grave la liberación de El Cabo Gil que podría ayudar a recuperar su libertad a 50 presos más por este caso.

“Además de que sentará precedente para que se pueda establecer sentencias absolutorias a los demás implicados, viene a fortalecer una tendencia que ya se había venido registrando con la libertad de otros detenidos en el caso de Ayotzinapa”, señaló.

Por ello, Alejandro Encinas llamó a la Fiscalía General de la República a reencausar la investigación, subsanar las omisiones y deslindar responsabilidades. En tanto, López Obrador dijo que la sentencia absolutoria en este caso amerita una investigación a fondo que sirva para darle credibilidad a las instituciones de impartición de justicia.

“Estoy seguro de que el Fiscal General (Alejandro Gertz Manero) va a intervenir, y estoy seguro que va a hacer lo propio el presidente de la Suprema Corte de Justicia (Arturo Zaldívar), que es al mismo tiempo presidente de la Judicatura Federal, porque estas cosas demeritan mucho a las instituciones”, dijo el titular del Ejecutivo.