CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La liberación de Gildardo López Astudillo, ‘El Gil’, identificado como líder de Guerreros Unidos, organización a la que se le atribuye la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, es una muestra del “descuido” de la Fiscalía General de la República (FGR) y la desatención a los llamados de los padres y madres de las víctimas para presentar nuevas acusaciones. Así lo señaló Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), una de las organizaciones que representa a los familiares de los desaparecidos. En entrevista con Apro, Aguirre Espinosa reconoció que, si bien funcionarios de la anterior administración de la Procuraduría General de la República (PGR) tienen responsabilidad en la liberación de López Astudillo y otros implicados en el caso, es “porque ellos violaron derechos humanos, porque ellos cometieron irregularidades y porque cometieron detenciones arbitrarias”, pero lo cierto es que “el cuidado de los procesos le tocaba a la FGR”. El representante legal de las familias de los normalistas desaparecidos señaló que el Centro Prodh fue notificado de la liberación, este fin de semana, por el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales, luego de que se invalidaron 63 de las 107 pruebas presentadas por la PGR contra López Astudillo, mientras que el resto “no tenían el sustento suficiente para declararlo culpable”. Tras resaltar que la de “El Gil” es la primera sentencia absolutoria relacionada con el caso Ayotzinapa, Aguirre Espinosa explicó que la sentencia del tribunal “no sólo habla de tortura (sufrida por el detenido), ilegaliza pruebas por distintas irregularidades, por tortura a sus coacusados, detenciones arbitrarias, diligencias ilegales, entre otras”. La dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero, abundó, “tendrían que haber tenido un diagnóstico muy claro de cómo estaban las causas, quiénes podían salir y de las personas que podían salir, presentarles cargos por otros delitos en otras averiguaciones que tienen abiertas y evitar un resultado de impunidad”. En el caso de Gildardo López Astudillo, insistió, era evidente que tal como estaba el proceso judicial en su contra, armado por la PGR, sería invalidado, toda vez que la tortura de la que fue objeto, así como la retención ilegal de su pareja por parte de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), fueron hechos confirmados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“No atendieron los llamados que reiteradamente hicieron las familias de los estudiantes de que se tenían que presentar nuevas acusaciones que sí reflejaran los hechos y no la versión de la verdad histórica”.

Luego de señalar que las últimas pruebas presentadas por la PGR en el litigio contra López Astudillo datan de noviembre de 2018 y el cierre de la causa fue en febrero de este año, el director del Centro Prodh expresó que, “ya con esta administración de Andrés Manuel López Obrador”, había elementos por otro tipo de delitos en los que se le podía fincar responsabilidades a ese personaje.

“No tenemos duda de que, en la estructura criminal de Guerreros Unidos, de la que Gildardo López Astudillo es parte, está el trasiego internacional de droga hacia Estados Unidos en autobuses, pero no hay ninguna acusación por esa situación. Es más, en las escuchas que se hicieron desde Chicago, hay información sobre este personaje.

“Si era claro que Gildardo y otros iban a salir, ¿por qué no en el último año no se preparó una acusación que reflejara esos delitos? ¿O por qué no se presentaron otras pruebas? Ello da cuenta que los expedientes no los están cuidando como deberían”, reiteró el abogado. Alertó que por el descuido de la FGR, personajes que fueron procesados por su pertenencia al grupo criminal y por la desaparición de los jóvenes, que la PGR tipificó como secuestro, podrían recobrar su libertad, como son los casos de Sidronio Casarrubias, José Luis Abarca, Felipe Flores, César Nava, Francisco Salgado Valladares, Víctor Hugo Benítez Palacios y Ramiro Ocampo Pineda.

“Cuando haces una investigación que depende de declaraciones y después se muestra que esas las sacaste torturando a la gente o a partir de detenciones arbitrarias, el riesgo que generas es que se caigan los expedientes, es lo que hoy está pasando”, dijo Aguirre Espinosa.

El director del Centro Prodh señaló que para los padres y madres de los 43 desaparecidos, la liberación de López Astudillo “es un golpe muy fuerte, no porque ellos estén buscando que haya personas detenidas, sino porque se pierde la oportunidad de tener información sobre los muchachos, y en este caso en particular consideramos que es muy probable que tuviese datos para dar con el paradero de los estudiantes”. De igual manera, destacó que de las cerca de 120 personas que las autoridades aseguran están relacionadas con el caso, sólo 70 fueron procesadas. “El mal llamado secuestro de los estudiantes, y de los 120, 40 ya obtuvieron su libertad, entre ellos los seis detenidos por la verdad histórica”, subrayó. El caso de López Astudillo, abundó, es una advertencia de que, pese a los avances que pueda tener la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, “si no están respaldados por todas las instituciones del Estado, en cumplimiento del decreto presidencial, incluyendo la FGR, difícilmente vamos a dar con la verdad y el paradero de los jóvenes”. Sobre la liberación de López Astudillo, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, recordó que en el primer reporte que presentó el organismo sobre el caso, en mayo de 2015, se advirtió que “los procesos tenían que fortalecerse, que estaban débiles”. A cuatro años de esa advertencia, y a poco más de nueve meses emitida la recomendación por violaciones graves 15VG/2018, González Pérez lamentó que se esté “corroborando que la deficiencia de las consignaciones, del sostenimiento en los procesos, ha tenido como consecuencia que se den liberaciones de personas, en donde queda la incertidumbre todavía de alcanzar el derecho a la verdad, el acceso a la justicia, que haya una reparación integral, que las incorpora, y sobre todo que no se están dando las garantías de no repetición en términos de sostener procesos fortalecidos”. Entrevistado tras participar en la inauguración de la Tercera Cumbre Migratoria de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, González Pérez llamó a la FGR a rectificar “lo que ha sido la debilidad institucional en procuración de justicia” y fundamentar acusaciones en declaraciones ministeriales, algunas obtenidas por tortura. En el caso específico de la desaparición de los jóvenes, alentó a que se retomen al menos 128 puntos de la recomendación, entre ellos 114 restos óseos localizados en el basurero de Cocula, 41 de ellos petrosas. “Si corresponden a los estudiantes, avanzamos, si no corresponden, tienen una identidad y hay 40 mil desaparecidos”, puntualizó el presidente de la CNDH.