CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A fines de 2015, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una línea de crédito de 200 millones de dólares a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con el objetivo de financiar el Programa para el Desarrollo Integral de Organismos Operadores de Agua Potable y Saneamiento (PRODI) . Sin embargo, parte de ese dinero terminó involucrado en un presunto esquema de desvío de fondos operado por A Moot Point, S.A. de C.V., en contubernio con funcionarios de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), según se puede comprobar en QuiénEsQuién.Wiki, de PODER. Fundada de la noche a la mañana en 2014, A Moot Point fue una de las empresas más favorecidas con la adjudicación de licitaciones. Con JAPAY amarró dos contratos, el 28 y 29 de noviembre de 2016, por casi siete millones de pesos, para la actualización del padrón de usuarios y para la adquisición de equipo de cómputo y escáneres para el área de atención social y supervisión técnica de la dependencia. Ambos contratos fueron bajo el opaco procedimiento de invitación a cuando menos tres personas. En junio de 2018, militantes del partido Movimiento Ciudadano (MC) en Yucatán exhibieron a A Moot Point: dijeron que la empresa era una estafa, que estaba involucrada en presunto desvío de dinero de más de 100 millones de pesos y que no era una firma en emprendimiento como presumía. En respuesta, la empresa cerró sus redes sociales y demandó a los militantes de MC que hicieron tales los señalamientos. Reyes Alfredo Can Pool es socio mayoritario de A Moot Point y en 2005 apareció como beneficiario de un programa social yucateco para mejorar la producción del campo, por ser un “productor de bajo ingreso en transición”. Asimismo, según dieron cuenta los diarios locales, la empresa fue representada legalmente por Carlos Amaro Quiroz, cuñado de Sergio Vadillo Lora, exjefe del despacho del gobernador y excoordinador de la campaña priista por la alcaldía de Mérida. Según la denuncia, la firma A Moot Point habría sostenido en nómina a algunos trabajadores del gobierno estatal a cambio de contrataciones por adjudicación directa. Según el BID, el objetivo del Programa para el Desarrollo Integral de Organismos Operadores de Agua Potable y Saneamiento era “mejorar la calidad del servicio de agua y saneamiento en poblaciones, preferentemente de 50 mil a 900 mil habitantes, mediante la ejecución de proyectos integrales de corto y mediano plazo por parte de los Organismos Operadores (OO), responsables de la prestación del servicio, con el fin de impulsar su sostenibilidad operativa y financiera”. En el caso de Yucatán fue usado en todo el estado, con dos millones de habitantes, sin determinar cuáles poblaciones cumplían con el tamaño objetivo del Banco. El BID financió entre 2011 y 2018 un mínimo mil 147 contratos por dos mil 260 millones de pesos, según las bases de datos descargables de Compranet. La mayoría de ellos fueron dados por órganos estatales de agua, tal como la JAPAY. (Con información de Ricardo Balderas; edición, Eduard Martín-Borregón)   El texto completo puede ser consultado aquí.