CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Aarón Mastache Mondragón, informó que en octubre próximo podría materializarse la solicitud de ampliación del presupuesto para la operación del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que actualmente atiende a 976 beneficiarios. Durante la presentación del “Diagnóstico sobre el Funcionamiento del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, elaborado por la representación en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Mastache Mondragón informó que, desde antes de la salida de Carlos Urzúa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), solicitó una ampliación presupuestaria de 150 millones de pesos ante el incremento de beneficiarios.

“Iniciamos todo el proceso con el secretario Urzúa y lo hemos vuelto a renovar con Arturo Herrera, y esperemos que haya resultados para que se asignen 150 millones de pesos más. Esperemos que estén en el mes de octubre”, puntualizó el funcionario, quien en su intervención pidió un minuto de silencio por los 15 periodistas y 24 defensores de derechos humanos asesinados en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Con 104 recomendaciones, el Diagnóstico de la ONU-DH identifica la “insuficiencia de recursos económicos y materiales para garantizar la operación adecuada del Mecanismo”, y estima que a finales de 2019 el número de beneficiarios será de mil 131 personas, lo que implica que “el gasto asociado será de 325 millones de pesos”, 117.4 millones de pesos más de lo que se le asignó para este año. De igual manera, resalta que de por sí el presupuesto asignado para este año, de 207.6 millones de pesos, era muy inferior a lo canalizado en años anteriores, pues corresponde “al 64% del gasto previsto y monto inferior a lo ejercido en 2018 y 2017”. Añade: “Ante la evidente insuficiencia, la Segob presentó el 4 de abril de 2019 una solicitud adicional de 150 millones de pesos que todavía no ha sido respondida. Además, las y los funcionarios del Mecanismo no cuentan con todas las herramientas ni las capacitaciones necesarias para realizar sus funciones con la eficacia requerida”. En el espacio de preguntas y respuestas durante la presentación del documento, en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Mastache agregó que, aunado a la expectativa de contar con más fondos, en momentos en que “está desarrollándose la discusión de los presupuestos para 2020, la posición es contar con los recursos necesarios, en el escenario de atender a mayor número de beneficiarios”. Y sostuvo que, ante las 104 recomendaciones derivadas del Diagnóstico, se está elaborando “un plan de trabajo con beneficiarios y colectivos, para dar seguimiento a las recomendaciones, que son muy detallados por área y por dependencia”, además de que se solicitó a la ONU-DH apoyar a la Unidad “para generar indicadores y saber el grado de avance de cada una de las 104 recomendaciones”. Asimismo, adelantó que próximamente, desde la Presidencia de la República, se pondrá en operación una campaña en la que se reconozca la labor de periodistas y defensores de derechos humanos al desarrollo democrático del país. Tras destacar que una de las sugerencias del Diagnóstico es fortalecer la colaboración con los estados, Mastache dijo que hasta ahora sólo 12 entidades han creado Unidades Estatales de Protección (UEP), que tienen como función implementar las medidas de protección dictadas por el Mecanismo. Dichas entidades son: Baja California, Coahuila Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas. Jan Jarab, representante de ONU-DH, resaltó que 55% de los beneficiarios del Mecanismo señalan como responsables de su situación de riesgo a agentes del Estado, y mencionó que, pese a la existencia de las UEP, la mayoría de ellas funcionan sin personal ni recursos “para poder operar de manera adecuada”, por lo que urgió a concretar los compromisos asumidos por el gobierno federal y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en 2017, para mejorar la “reacción ante emergencias, la eficacia en la implementación de medidas desde su responsabilidad y la coordinación para distintas acciones, incluida la prevención”. Añadió: “Hay una dinámica local que es muy peligrosa (para defensores y periodistas) y no lo vamos a resolver sólo con medidas de protección duras que puede implementar una empresa, tenemos que investigar y sancionar estas acciones (contra los gremios), tenemos que ejercer acciones preventivas y hacerlas no sólo ad hoc, porque desde la llegada de Alejandro Encinas y Aarón Mastache han intervenido en varios casos, lo han hecho bien, pero se necesita que sea parte de una política sistemática para bajar estos riesgos en casos de agresiones por parte de servidores públicos”. Al dar cuenta de algunas de las recomendaciones más emblemáticas, el representante de la ONU-DH puntualizó que para el seguimiento del Diagnóstico será indispensable la creación de una “mesa de trabajo periódica para la implementación de recomendaciones; proporcionar información periódica a relatores especiales de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de manera prioritaria reconocer las labores de defensa de derechos humanos y periodismo liderada por la presidencia de la República”. La presentación del documento contó con la participación de Araceli Rodríguez, en representación del Consejo Ciudadano del Mecanismo, quien reconoció las deficientes condiciones materiales y laborales en que trabajan los 34 servidores públicos que forman parte del instrumento, y mostró su preocupación por el retiro de la Fiscalía General de la República (FGR) de la Junta de Gobierno del Mecanismo, alegando su autonomía. Sara Irene Herrerías, fiscal de Derechos Humanos de la FGR, destacó que la dependencia seguirá apoyando al Mecanismo, aun sin formar parte de la Junta de Gobierno, y adelantó que en enero próximo estará listo el “Plan de Persecución Penal” de delitos cometidos en contra de periodistas y defensores. El Diagnóstico de 410 páginas desmenuza la operación del Mecanismo a partir de la apertura que, reconoce la ONU-DH, dio el gobierno de López Obrador para revisar la documentación pública y privada, alimentada con 100 horas de entrevistas a 147 personas, de las cuales 62 eran beneficiarias, 37 funcionarios del Mecanismo, 12 integrantes de la Junta de Gobierno, 11 miembros de la sociedad civil, así como otras autoridades (ocho), además de funcionarios de la empresa que implementa la protección (siete), expertos (siete) y miembros de la Unidad de Protección, que depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos.