CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por mayoría de votos (420 a favor), la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio, que hará más ágil el decomiso de bienes del crimen organizado o de funcionarios corruptos. Sólo 10 diputados se manifestaron en contra: nueve del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y uno de Encuentro Social (PES), aunque el Revolucionario Institucional (PRI), con ocho abstenciones, manifestó su preocupación de que dicha ley “sea usada como caja chica del Ejecutivo federal”, “con fines políticos o para causar daño al patrimonio de personas inocentes, o bien para la instauración de un Estado policial”, e incluso “como instrumento de censura a las voces opositoras al gobierno”. El Partido Acción Nacional (PAN), principal opositor de Morena, que cuenta con 78 legisladores, dio su respaldo a la propuesta, luego de señalar que la actual ley, expedida hace 10 años, ha puesto de manifiesto su ineficacia y pocas han sido las sentencias favorables para la recuperación de bienes. Entre los beneficios de la nueva norma, la panista Lizbeth Mata Lozano destacó la unificación de la legislación en todo el país, la naturaleza autónoma de todo el procedimiento y la adquisición de bienes, pero sobre todo que no genera derechos. Además, sostuvo, se garantiza la audiencia de quienes se ostenten como propietarios, es decir, pueden pelear que no se les quiten sus bienes, mientras que la ley también aplica para los herederos de quienes cometieron un ilícito. La propuesta de ley –abundó-- “fortalece la obligación de transparencia”. El PAN, sostuvo Mata Lozano, votará a favor porque está convencido de que deben atacarse las estructuras de la delincuencia organizada. La Ley Nacional de Extinción de Dominio, que recibió 420 votos a favor, 10 en contra y nueve abstenciones, es una figura a favor del Estado. Se trata de decomisar los bienes al crimen organizado y por otros delitos --como los derivados de actos de corrupción--, y se utilizarán para la reparación del daño de las víctimas y programas sociales, entre otros. Según la iniciativa aprobada, la extinción de dominio es “la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes, declarada por sentencia de una autoridad judicial, y no conlleva una contraprestación ni compensación”. Los bienes susceptibles de extinción de dominio son aquellos que sean producto o instrumento de un hecho ilícito o estén destinados a cometerlos. Los delitos por los cuales se puede aplicar la ley son: corrupción, encubrimiento, los perpetrados por servidores públicos, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, extorsión, trata de personas, secuestro, delincuencia organizada, contra la salud y robo de hidrocarburos. En esta nueva ley, la extinción de dominio es “imprescriptible en el caso de bienes de origen ilícito”, en tanto que aquellos bienes que se utilizaron para cometer un delito prescribirán en 20 años. Y si quien cometió el delito muere, la extinción de dominio seguirá “aún contra los herederos”. En el proceso judicial y administrativo para dar curso a la extinción de dominio participará la Fiscalía General de la República, las entidades federativas, la Presidencia de la República, el Instituto de Administración de Bienes y Activos, el demandado y los posibles afectados por la extinción. El destino de los bienes, según la nueva ley, serán los que determine el Gabinete Social de la Presidencia, “principalmente” para la provisión de servicios públicos (agua, carreteras, etcétera), programas sociales y para políticas prioritarias (como las de seguridad). En el caso de “los recursos, productos, rendimientos, frutos y accesorios derivados” (por ejemplo, si es dinero y se deposita en una cuenta, los rendimientos que genere; si es un rancho, el producto que se venda), se destinarán primero para el pago de gastos de administración, luego para la “reparación del daño a las víctimas del delito, después para la ejecución de programas sociales”, y al último para el fortalecimiento de instituciones de seguridad pública y procuración de justicia. El Gabinete Social de la Presidencia, que decidirá los servicios públicos, programas sociales y qué políticas se destinarán a los bienes que no generen rendimientos (sea dinero o especie), estará integrado por el Ejecutivo federal y los titulares de las secretarías de Bienestar (que será la cabeza de la Secretaría Ejecutiva), Gobernación, Hacienda y Crédito Público (SHCP), Educación Pública (SEP) y Salud, así como el ISSSTE, DIF e IMSS, además de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic). La ley también contempla un fondo de reserva que se destinará al pago del presunto delincuente cuando no se le compruebe el ilícito. Asimismo, establece como fondo de reserva el pago de restituciones derivadas de una sentencia en firme favorable al demandado. “El monto del fondo será de al menos 10% para bienes en proceso de extinción o de al menos 30% para bienes extintos”. Y, a pesar de que se haya comprobado el ilícito y haya una sentencia en firme, si el gobierno no inicia el proceso judicial de extinción de dominio en un plazo de 10 años, caducará su derecho al reclamo. El PRI se manifestó en contra de que la ley permita que el Ministerio Público realice el aseguramiento de propiedades o cuentas bancarias en forma “preventiva, incluso cuando aún no se haya planteado la petición de inicio de juicio de extinción”. También señaló que no hay claridad en la salvaguarda de los derechos de “terceros involucrados de buena fe”. “Nos preocupa la carga de la prueba sobre el ciudadano para probar su buena fe, y no cuando estamos hablando de criminales, sino de terceros venidos a estos juicios cuando no han tenido nada que ver en la comisión de ilícitos”, planteó la priista Mariana Rodríguez Mier y Terán. En su oportunidad, el diputado de Morena, Rubén Cayetano García, que expresó su apoyo, dijo desde tribuna: “Que se escuche bien: a partir de ahora los delincuentes de cuello blanco y de las redes delictivas no conservarán los bienes que acumularon de manera ilícita. Ahora perderán todos los derechos sin contraprestación ni compensación alguna, y los bienes pasarán al Estado y serán utilizados para restituir a la sociedad parte del bienestar perdido por la comisión de delitos. El usufructo va a destinarse a programas sociales y otras políticas prioritarias, así como a funciones del servicio público en favor de la gente. Nunca para gasto corriente ni para salario de los funcionarios”. Remató: “Es momento de terminar con la situación que las administraciones pasadas propiciaron y que afectó gravemente a las y los mexicanos”.