CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Creado en 2016 por la Secretaría de Movilidad (Semovi) del gobierno capitalino, el fideicomiso privado Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón acumula a la fecha poco más de 300 millones de pesos por concepto de contribuciones de las empresas Uber y Cabify -quienes aportan 1.5 por ciento del valor de cada viaje-, sin que hasta ahora el gobierno de la Ciudad de México pueda tocar un solo centavo para mejorar la movilidad de la metrópoli como se estableció desde un principio. En 2018, la Auditoría Superior de la Ciudad de México auditó dicho fideicomiso e hizo 15 observaciones, la más importante: que el dinero recaudado no estaba siendo utilizado para el propósito para el que fue creado. El pasado 13 de junio, Andrés Lajous, titular de la Semovi del actual gobierno capitalino, dijo que los poco más de 300 millones de pesos que hay en el fideicomiso serán usados para el programa de sustitución de taxis con concesiones normales que tengan más de 10 años de antigüedad. Pero casi un mes después, el 11 de julio, el mismo funcionario cayó en la cuenta de que, por tratarse de un fidecomiso privado, el gobierno de la ciudad está incapacitado legalmente para disponer de los recursos. Por ello, Guillermo Javier Felipe Ávila, director de Regulación de Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable de la Semovi y coordinador ejecutivo y presidente suplente del Comité Técnico del Fideicomiso vigente desde el cambio de gobierno, afirma que la dependencia a su cargo analiza la manera de modificar el mecanismo de recepción de las aportaciones que hacen Uber y Cabify para que no caigan en el fideicomiso privado. “No tenemos evidencia documental de por qué se constituyó un fondo privado. Actualmente, estamos buscando las mejores formas de ejercer y transparentar el fideicomiso, ya sea modificando el convenio o haciendo una donación a la Ciudad de México, por ejemplo”, dice en entrevista el funcionario. El fideicomiso se creó en agosto de 2016 con Uber como único fideicomitente. En enero de 2017 se adhirió Cabify y, en marzo, ya era tan polémico que el entonces titular de la Semovi y al mismo tiempo presidente del Comité Técnico y creador del fondo, Héctor Serrano, anunció que solicitaría una auditoría al fideicomiso para evitar que “se politice y polemice el tema de los recursos aportados por las empresas Uber y Cabify”. Sin embargo, la Contraloría de la Ciudad de México se desentendió de esa tarea por “por no tenerla programada” en su agenda de trabajo. Únicamente se limitó a hacer una revisión del fondo, cuyos resultados no dieron a conocer. “Se está en proceso de conformación de proyectos correspondientes”, respondió Claudia Patricia Reculés Velasco, exdirectora de Servicios al Transporte de Ruta de la Semovi a la Contraloría de la Ciudad de México en 2017. En tanto que el Comité Técnico vigente, en respuesta a una solicitud de información, informó que “hasta esta fecha no se han presentado proyectos”. Antes de dejar la Secretaría de Movilidad, Héctor Serrano, en su calidad de presidente del Comité Técnico del fideicomiso, se quiso desentender de esa obligación y en mayo de 2017 decidió que la figura del fideicomisario de la Semovi pasara a la Secretaría de Finanzas, pero esa maniobra nunca se concretó porque Finanzas “carece de atribuciones en materia de movilidad”, según explica Guillermo Ávila, director de Regulación de Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable de la Semovi. En entrevista, el funcionario establece que “una decisión ya tomada y adoptada por el Comité Técnico es que el Programa de Sustitución de Taxis se va a financiar con el dinero del fondo”. El problema es que el Comité Técnico todavía no tiene clara la ruta legal que debe seguir para disponer de los recursos. En respuesta a tres solicitudes de información, el Comité Técnico afirma que todavía analizaba “cómo determinar el mecanismo idóneo para ejercer los recursos para que cumpla con los fines del fideicomiso”. Entre los 12 objetivos del fondo destaca el programa para mejorar el servicio de taxis y concesiones, además de “diseñar e implementar acciones dirigidas a la seguridad de la movilidad del ciclista”. --¿Por qué preferir a los taxis sobre los ciclistas y peatones?, se le pregunta a Guillermo Ávila. El funcionario responde que el Programa de Sustitución de Taxis es un objetivo central de Semovi, pues genera mejores condiciones para usuarios y concesionarios y también se busca que los vehículos cumplan con características de protección al medio ambiente y otras medidas, como accesibilidad. Pero en el gobierno de Miguel Ángel Mancera se pensó inicialmente en usar el dinero del fondo para construir corredores de transporte público en los ejes 5 Sur y 6 Sur, pero la idea no prosperó, reportó a la Contraloría la exdirectora de Servicios al Transporte de Ruta de la Semovi. Comité sin reuniones ni reportes Según las reglas de operación del fideicomiso, el Comité debería reunirse cada 120 días. Sin embargo, en su única y última revisión la Contraloría sólo reportó una sesión ordinaria con fecha del 2 de mayo de 2017. En cambio, la Auditoría Superior certificó en su arqueo que al menos en 2017 si se llevaron a cabo dichas sesiones. De las que no hay constancia es de las correspondientes a 2018. Por lo menos, la Semovi no pudo probarlo en respuesta a las solicitudes de información que se le hicieron. Se limitó a enviar listas de asistencia de tres sesiones extraordinarias efectuadas en los meses de mayo y junio últimos, ya con Andrés Lajous como titular de la secretaría. En la entrevista, Guillermo Ávila, actual coordinador ejecutivo del Comité, afirma que sí existen las minutas de las sesiones de los Comités anteriores, pero aclaró que eso entra también en el “secreto fiduciario”. Usuario paga costo extra sin beneficio A pesar de que el mercado de servicio de taxis por aplicación registra una expansión, con empresas como DiDi, Beat, RetsaChofer, Bolt y Jetty, en la actualidad sólo Uber y Cabify son las únicas que aportan 1.5% del costo de cada viaje al fideicomiso. “Estamos en proceso de regularizar a todas las empresas que operan en la ciudad, lo cual incluirá las aportaciones”, dice Guillermo Ávila. Pero el porcentaje que aportan las compañías lo paga en realidad el usuario, según se pudo constatar a partir de entrevistas con exconductores y trabajadores tercerizados de Uber. “Yo empecé con Uber hace tres años y me cobraba 8% por cada viaje, pero a lo largo de tres años me di cuenta que ya me cobraba hasta 37%. Y si preguntas por razones, dicen que el modelo de coche se va devaluando. Tampoco ofrecen ninguna clase de prestación. Además, yo me daba cuenta de que existía mucha diferencia entre lo que decía la aplicación que le cobraba al usuario y mi ganancia ya sin la cuota de Uber. Uber decía que al usuario se le cobró la parte proporcional para el gobierno”, explica Carlos, exconductor de dicha empresa, quien dejó a la empresa porque ésta no le pagó desperfectos causados por los usuarios. Luis, proveedor de diferentes servicios tercerizados para Uber, dice que el modelo de socio de Uber es un “disfraz”, asegura que a la empresa lo que menos le importa son los conductores. Además, cuenta que la empresa no es clara con los porcentajes que cobran al conductor. En diferentes ocasiones, acota, atendió llamadas de los conductores sobre distintos problemas y Uber actuaba sin ninguna responsabilidad hacia ellos. Las nuevas regulaciones de la Semovi anunciadas este año incluyen que las empresas paguen impuestos. “Se ha dicho que van a retener impuestos a los conductores, pero no se sabe si entonces ellos ya van a tener prestaciones. Es decir, si a ti como empleado te quitan impuestos deberías tener prestaciones”, explica Luis. “Necesitamos prestaciones, un seguro para tu familia. Uber ahora da un tipo de becas, pero porque Didi le está quitando mercado, pero ¿cuánto tiempo después y por qué motivos lo está haciendo? Como conductor uno está expuesto a todo”, cuestiona Carlos. Ante estos señalamientos y la operación del fideicomiso, la empresa Uber respondió así : “Manifestamos abiertamente que Uber no participa ni tiene injerencia en las decisiones respecto al uso y destino de este fondo, mismo que está enfocado en la mejora de la movilidad de nuestra ciudad, como su nombre lo indica. Estamos totalmente a favor de la transparencia relativa al destino de este tipo de fondos, de forma que sea de conocimiento público el uso de los mismos. “Como ya hemos compartido anteriormente, esperamos que los recursos sean destinados al beneficio de la ciudad y sus ciudadanos”. Uber aclaró que ha contribuido con 1.5% de cada viaje trimestralmente desde septiembre de 2016. Las empresas Didi y Cabify no respondieron a las solicitudes de entrevista hasta antes de la entrega del texto. Por lo pronto, el Comité Técnico del Fideicomiso analiza todo lo relacionado con la aportación del 1.5%, pero hasta ahora no ha tomado una decisión sobre si ese monto cambiará, si buscará que lo absorban directamente las empresas y no los usuarios o si buscará proteger los derechos laborales de los socios conductores de las aplicaciones. *Este texto fue publicado originalmente en el portal Rinde Cuentas y se puede consultar íntegramente al dar clic aquí.