Sólo uno de los delitos graves que se le imputan al exgobernador de Veracruz Javier Duarte no ha derivado en una orden de aprehensión: la desaparición de personas. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado tiene declaraciones y evidencias de que por una orden de Duarte se borró de los registros oficiales la mayor parte de los cadáveres hallados en 2016 en un vertedero clandestino en la barranca La Aurora, cercano a la academia policiaca El Lencero. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La noche del 19 de enero de 2016, Arturo Bermúdez Zurita, entonces secretario de Seguridad Pública (SSP) del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, fue convocado a Casa Veracruz. “Tenemos un pedo”, le dijo por teléfono su jefe, casi a gritos. Llegó en menos de 15 minutos y con él arribó Luis Ángel Bravo Contreras, entonces fiscal general del estado. La reunión tenía el propósito de hacer un control de daños por los casos de desapariciones de personas. “A ver, ¿cómo está el pedo ese de los cuerpos encontrados?”, preguntó Duarte en referencia al hallazgo de 19 cadáveres en la barranca La Aurora, dentro de la pequeña comunidad de Emiliano Zapata, justo frente a la Academia Estatal de Policía El Lencero. Según Bermúdez Zurita, quien colaboró en la investigación, el gobernador ya estaba nervioso a causa de la desaparición de cinco jóvenes del municipio de Tierra Blanca, un caso en el que salió a relucir la participación de policías estatales. De acuerdo con las indagatorias que años después realizó la Fiscalía General del Estado (FGE) encabezada por Jorge Winckler Ortiz, sucesor de Bravo Contreras, se trataba de una fosa clandestina que policías de la SSP utilizaban para ocultar cuerpos de víctimas de crímenes que ellos les atribuían a “miembros de la delincuencia organizada”. Con base en esta información, consignada en el expediente 498/2018, el pasado 13 de mayo el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México determinó negar las medidas cautelares que promovió Javier Duarte contra una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en los casos de desaparición forzada. (Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2229, ya en circulación)