La advertencia de Donald Trump sobre el inicio de operativos para detener “a miles” migrantes para sacarlos de Estados Unidos provocó miedo entre estas comunidades. Sin embargo, también movilizó a las organizaciones defensoras de migrantes, y las autoridades de las ciudades santuario aclararon que no colaborarán con la autoridad migratoria en esas medidas. Por ello se prevé que la resistencia a las deportaciones sea muy fuerte, sobre todo en California.     SAN FRANCISCO, California (Proceso).- Lo más preciado para Blanca Marroquín, una joven guatemalteca, son sus dos hijos de cinco y siete años. La sola idea de ser separada de ellos la aterroriza. “Mi mayor miedo es que me quiten a mis hijos –dice en referencia a la posibilidad de ser arrestada y deportada por agentes de inmigración este domingo 14–, pero he aprendido a no tener miedo y sé que tengo derechos como inmigrante”. Marroquín salió de Quetzaltenango, Guatemala, en enero pasado y permaneció cinco días en un centro de detención para migrantes en California, junto a su madre y sus dos hijos. En febrero fue liberada y pudo trasladarse a San Francisco, donde espera ser llamada a la corte para iniciar su proceso de asilo. Tiene un grillete en el tobillo y sus datos están registrados en el servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En teoría, Marroquín podría ser uno de los muchos objetivos de las medidas anunciadas por el presidente Donald Trump para deportar a miles de inmigrantes en varias ciudades de Estados Unidos. Esos operativos están programados para iniciar este domingo 14, reportó The New York Times, que citó a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional. Según el periódico, las detenciones serán realizadas por agentes de ICE durante varios días y pueden incluir deportaciones “colaterales”, es decir, de personas que estaban junto al objetivo de la deportación. La medida tendrá lugar sobre todo en Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva Orleáns, Nueva York y San Francisco. “El objetivo son familias que recibieron orden de deportación en los últimos 10 meses”, dice Sarah Pierce, analista del Migration Policy Institute. Explica que la administración puso los casos de esas familias en expedientes de resolución acelerada y la mayoría de ellos terminaron en órdenes de deportación, no en la corte. Añade que posiblemente la mayor parte de esos expedientes corresponden a familias provenientes de Centroamérica. (Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2228, ya en circulación)