CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El caso de Marisela Escobedo Ortiz, asesinada tras exigir justicia ante el feminicidio de su hija Rubí Frayre Escobedo, fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por diversas organizaciones de derechos humanos que solicitan se declare que el Estado mexicano es responsable ante las violaciones, omisiones, negligencias e impunidad que derivaron en el asesinato de Marisela Escobedo, el feminicidio de su hija Rubí y el desplazamiento de su familia a Estados Unidos. “La petición emitida a la CIDH permitirá al Sistema Interamericano de Derechos Humanos documentar las violaciones de derechos humanos cometidas las violaciones de DDHH que han implicado para Rubí, Marisela y 17 miembros de su familia”, señala el comunicado difundido por las organizaciones promoventes, entre las que se encuentran el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la organización Mexicanos y Mexicanas en el Exilio (Mex-en-Ex). Los promoventes lamentaron la violencia que desencadeno el crimen y la desaparición de Rubí Frayre, la falta de garantías para que Escobedo Ortiz ejerciera su rol de defensora de derechos humanos y el posterior desplazamiento forzado de su familia. Rubí Frayre tenía de 16 años, cuando desapareció a fines de agosto de 2008. Desde aquel momento Marisela Escobedo, su madre, se convirtió en defensora de derechos humanos y su propia investigación arrojó que Sergio Rafael Barraza Bocanegra asesinó a su hija. El 16 de diciembre de 2010, cuando exigía justicia frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, Escobedo Ortiz fue asesinada en presencia de su familia. La familia Escobedo y los colectivos que presentaron ante la CIDH el caso buscan superar las trabas que enfrentaron en México en búsqueda de justicia, al igual que evitar la repetición de estos actos. “El gobierno no estaba dispuesto a actuar con la verdad. Fue algo duro de digerir, lo hicimos y buscamos otras vías, como la de hoy, de presentar el caso, esperando que la CIDH lo va a recibir y procesar. Tenemos la verdad de nuestro lado, seguimos siendo víctimas, nos tocó vivir esto, uno de los casos más delicados del país, pero acá seguimos adelante”, dijo Juan Manuel Frayre Escobedo, el hijo de Marisela Escobedo. De igual forma, los colectivos recordaron que el estado de Chihuahua se sitúa entre los cinco primeros lugares en violencia de género y entre los 10 estados con el mayor número de feminicidios en el país. Durante el sexenio de Peña Nieto, Chihuahua fue el tercer estado más peligroso para ejercer la defensa de los derechos humanos en México, con 17 homicidios de personas defensoras registrados, únicamente por debajo de Guerrero y Oaxaca.