CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La escasez de medicinas ya afecta a algunos fármacos, situación que podría agudizarse en las próximas semanas si no se resuelve pronto su suministro, advierten organizaciones de defensa del derecho a la salud. La plataforma de recepción de denuncias de desabasto “No al Huachicol de Medicinas”, creada en marzo último por cuatro organizaciones, ha acumulado 143 quejas sobre surtimiento de recetas en hospitales públicos. La Ciudad de México concentra 29 señalamientos, seguida por los estados de Sonora (20), Jalisco (18), Puebla (10) y Chihuahua (8). Por ejemplo, la plataforma recibió el 8 de mayo una queja anónima de faltante de inventario en el Hospital “Darío Fernández”, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), sin especificar la droga ausente. Ese mismo día captó otra notificación sobre inexistencia de Alprazolam, para tratar ansiedad; Atorvastina, para padecimientos cardiovasculares, y Micardis Plus para hipertensión en el hospital “Dr. Santiago Ramón y Cajal”, del ISSSTE en Durango. Asimismo, hubo un reporte del 7 de mayo de carencia de un medicamentos contra la hipertensión en el ISSSTE de Xalapa. En esa misma fecha, un denunciante les hizo saber también que había escasez en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Juan del Río (Querétaro). La plataforma, fundada por la organización de derechos humanos Nosotrxs, Derechohabientes Viviendo con VIH del IMSS y las asociaciones mexicanas de Lucha contra el Cáncer (AMLCC) y de Fibrosis Quística (AMFQ), recibieron también casos de desabasto de losartán, recetado para controlar la presión arterial; metropolol, para tratar enfermedades severas cardiovasculares; e imatinib, para tumores gastrointestinales, sin especificar dónde se registró el desabasto. Del hospital “Darío Fernández” hay reportes sobre agotamiento de acemetacina y leflunomida, para la artritis reumatoide; buprenorfin, para el tratamiento del dolor por cáncer; la insulina detemir, para atención diabética; dutasteride, para la hiperplasia de próstata; enoxoparina, para la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar, y rivastigmina para los síndromes de Alzheimer, Parkinson y demencia. En el caso de antirretrovirales para tratar el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) también hay indicios de escasez. Los datos abiertos sobre compras de esas drogas están desactualizados desde junio de 2018. En marzo la plataforma recibió dos quejas de falta de tratamientos para el VIH en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) 35 del IMSS en Ciudad Juárez y otra más en el Hospital General de Zona 4 en Guadalupe En el más reciente corte estadístico del 10 de abril último del Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de AVR del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y Sida, ya había señales de agotamiento de inventarios. Por ejemplo, ya no había zidovudina en pastilla para atender a tres seropositivos, tampoco contaban con tripanavir para siete infectados ni zidovudina para 28 enfermos. Las existencias de atazanavir alcanzaban para mes y medio –a estas fechas, está al borde de la escasez–, de abacavir en solución, para 1,3 meses; de etravirina, casi mes y medio; y de raltegravir, poco más de un mes. La iniciativa de las organizaciones busca identificar a los responsables del desabasto hospital por hospital, conocer en tiempo real qué insumo falta, en dónde y por qué; acabar con las redes de corrupción, identificar puntos de ineficiencia administrativa y generar recomendaciones de política pública sobre abasto y consumo de medicinas. Falta recurrente Si bien se trata de un problema añejo debido a la corrupción en compras y distribución, así como en ineficiencias de las instituciones públicas, la nueva política de la administración de Andrés Manuel López Obrador ha agudizado las carencias. El germen radica en la decisión gubernamental de trasladar la responsabilidad de las adquisiciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante la modalidad de compras conjuntas para la Secretaría de Salud y Asistencia Social (SSA), la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular), el IMSS y el ISSSTE, para eliminar corrupción y ahorrar dinero. En ese tenor, el gobierno de López Obrador decidió enfrentarse con las empresas Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V. (Grufesa), Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V. (Dimesa) y Farmacéuticos Maypo, a quienes acusó de acaparar el aprovisionamiento de medicinas para el ISSSTE y el IMSS. En un memorándum del 20 de marzo último, clave Presidencia-009/03/20/19, dirigido a Raquel Buenrostro, la ahora todopoderosa oficial mayor de la SHCP, le pidió que se impida a esas tres compañías la participación en licitaciones o adjudicaciones directas, hasta comprobar que no hubo corrupción y tráfico de influencias en las adquisiciones. El sexenio de Enrique Peña Nieto cerró con irregularidades en el sector salud por 3 mil 137 millones de pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación. El plan federal es recibir las medicinas en julio, pero ese plazo podría generar un vacío de aprovisionamiento, en detrimento del acceso al derecho a la salud. Las compras consolidadas incorporarán en 2020 a Petróleos Mexicanos y las secretarías de Defensa y de Marina, para dotarlos de medicinas. Para Patricio González, coordinador de pacientes de la AMLCC, el caso de una sola persona que no reciba fármacos en un hospital es sinónimo de desabasto. “La crisis sucede en muchos lados de la República. Hemos recibido varias denuncias de escasez, ni siquiera se los ofrecen, porque no les ha llegado el medicamento”, asegura en entrevista con Apro. Las quejas captadas aluden a falta de inmunosupresores, tratamientos contra la leucemia y dosis para evitar náuseas cuando los enfermos reciben quimioterapia en los hospitales Infantil de México “Federico Gómez” y “Darío Fernández”. El activista, sobreviviente de leucemia, resalta que “les dicen que regresen en tres días y no se quejan, porque desconocen que tienen derecho a la atención médica y a la salud”. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que dos de cada 100 mil habitantes de 0 a 17 años murieron anualmente por cáncer de sangre, médula ósea y el bazo entre 2011-2016. Cada año se registran 148 mil nuevos casos oncológicos. La mortalidad en hombres de 18 a 29 años se situó en tres por 100 mil habitantes y en mujeres, tres por 100 mil habitantes. Por su parte, Elvira Melo, coordinadora de Atención a Pacientes de la AMFQ, relata a Apro que a lo largo del año negaron dotación de tobramicina –un aminoglucósido que mata bacterias oculares– en el Instituto Nacional de Pediatría y la reanudaron a finales de abril, “al ver que estaba a punto de expirar”. “Se suspenden programas que son importantes para los pacientes y que abastecen de medicinas. Hay desconocimiento de las autoridades sobre los programas existentes. La situación puede agravarse”, lamenta y alerta que podría haber escasez en el hospital “Federico Gómez”, que atiende a 140 afectados por la enfermedad del Seguro Popular. En el país hay unos 3 mil pacientes de fibrosis quística, mientras que cada año nacen 400 personas con esa enfermedad, según la AMFQ. Una persona que padece desde 2005 hipertensión arterial pulmonar idiopática, quien solicita anonimato por seguridad, relata a Apro su experiencia para obtener la medicina riociguat: “En el hospital 20 de Noviembre del ISSSTE no lo han comprado. En mi última cita a inicios de mayo el doctor mencionó que está en Aduanas, sin que la surtan. El dejar de tomarlos merma nuestra calidad de vida de manera importante apresurando más la muerte. Queremos que el derecho a la salud se cumpla”, denuncia. La Asociación Mexicana de Hipertensión Arterial Pulmonar cuantifica unos mil pacientes bajo tratamiento de esta enfermedad considerada rara o “huérfana” por el número de afectados por millón de habitantes. La evolución del presupuesto en salud parece explicar la situación de los medicamentos en el primer trimeste de este año, durante el cual el gobierno federal contrajo el gasto sanitario, según datos del centro de análisis México-Evalúa. El IMSS dejó de ejecutar 20 mil millones de pesos, equivalente a una reducción de 12% en comparación con el mismo lapso de 2018. El sector salud también gastó 12% menos. Estira y encoge Con los pacientes de por medio, el gobierno federal y las distribuidoras mantienen su pugna. En la mañana del miércoles 8, los directores ejecutivos de la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud (ANDIS), Carlos Ramos; de Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V. (Dimesa), Alejandro Álvarez, y Jesús Arenas, de Farmacéuticos Maypo, se reunieron en Palacio Nacional con Héctor Guerrero, de la Oficina de la Presidencia que dirige el empresario Alfonso Romo. La junta buscaba aclarar la situación de la compra de fármacos y material médico, así como abordar los señalamientos de corrupción y tráfico de influencias. En un ambiente tenso y durante unos 40 minutos, las partes expusieron sus argumentos, con el gobierno defendiendo su posición y justificando la nueva política de compras consolidadas. Por su parte, la industria argumentaba a favor de su récord y la limpieza de las transacciones realizadas durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto. El gobierno pidió a las farmacéuticas que documentaran sus enunciados con cifras, que planean entregar a los funcionarios públicos cuando reciban nuevamente audiencia. Además, los representantes corporativos se reunirán este lunes con el senador Miguel Ángel Navarro (del Movimiento de Regeneración Nacional), presidente de la Comisión senatorial de Salud, para abordar el asunto. Grufesa y Maypo ganaron amparos, por los cuales la SHCP debe incluirlas en la licitación de las adquisiciones conjuntas. De ahí que López Obrador haya anunciado el viernes 3 de mayo que les comprará antirretrovirales para tratar el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) ante la falta de inventarios en el sector salud. El jueves 9, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, anunció que estaba en marcha la distribución de antirretrovirales, luego de un proceso de compra demorado por la SHCP, y para enfrentar su escasez en varios estados. Pero el gobierno aún no indica cómo resolverá el impasse hasta la adquisición consolidada de julio. La SHCP no respondió a la consulta del reportero.