CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) urgió al presidente Andrés Manuel López Obrador a atender los estándares internacionales y nacionales para la realización de consultas a pueblos indígenas y afromexicanos en las áreas que serán afectadas con los megaproyectos que impulsa su gobierno. El Consejo Consultivo del organismo fijó su posicionamiento ante los anuncios de la realización de proyectos en puerta, como el Tren Maya, en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, la refinería en Dos Bocas en Tabasco, el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles en el Estado de México, la Planta Termoeléctrica del Proyecto Integral Morelos en Morelos, así como el Plan de Desarrollo para el Istmo de Tehuantepec, en los estados de Oaxaca y Veracruz, proyectos contra los que la CNDH ya ha recibido quejas y ha emitido medidas cautelares. Asimismo, ante las diversas formas de consulta que ha realizado el actual gobierno, el Consejo Consultivo recordó que hay “legislación nacional y estándares internacionales que norman” la realización de las auscultaciones sobre proyectos productivos o megaproyectos. “Sin desconocer la utilidad que pudieran tener los diversos ejercicios de consulta que, con carácter general, se han realizado en los últimos meses, como mecanismos para un primer acercamiento de las instituciones gubernamentales con las poblaciones indígenas vinculadas, así como en los procesos de planeación y ejecución de esos proyectos, el Consejo Consultivo de la CNDH insiste en la necesidad de que también se realicen, de conformidad con las disposiciones aplicables, los ejercicios específicos de consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada con los pueblos y comunidades interesadas”, destacó el órgano colegiado. Por ello, el consejo consultivo hizo un llamado a las instituciones responsables de los proyectos de desarrollo para que “implementen, de manera inmediata, un Programa sobre el Derecho de Consulta Previa, Libre, Informada, de Buena Fe y Culturalmente Adecuada, dirigido en lo general a la población indígena y afromexicana del país y, en particular, a los pueblos y comunidades que habitan en los territorios considerados para la ejecución de las obras referidas”. Para los consejeros es indispensable atender la normatividad persistente toda vez que algunos de los proyectos “impactarán áreas de gran importancia ecosistémica y cultural”. En el caso del Tren Maya, por ejemplo, recordaron que “existen diversas áreas naturales protegidas, como Parques Nacionales Palenque y Tulum, el Área de Protección de Flora y Fauna Cañón de Usumacinta, las Reservas de la Biósfera Los Petenes y Sian Ka’an, así como la Reserva de la Biósfera Calakmul, área considerada como la mayor reserva de bosque tropical del país, caracterizada por albergar ecosistemas con gran riqueza biológica y por contener uno de los agrupamientos de zonas arqueológicas de la cultura maya más importantes”. Ante las posibles afectaciones a los ecosistemas y a la cultura de los pueblos que habitan las áreas contempladas para la construcción de los proyectos de López Obrador, los integrantes del Consejo Ejecutivo de la CNDH exhortaron al presidente a aplicar las recomendaciones del Mecanismo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Para generar mayores consensos, el Consejo pidió “asumir los términos de la Recomendación General No.27/2016, en la que se solicita presentar una iniciativa de ley al Congreso de la Unión sobre el derecho a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada para pueblos y comunidades indígenas del país”. Aún más, los consejeros de la CNDH llamaron al presidente López Obrador a ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información Participativa Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Medio Ambientales en América Latina y el Caribe, Acuerdo de Escazú, que tiene como objetivo “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”. El Consejo Consultivo resaltó que la CNDH ya ha recibido recursos de queja contra algunos de los proyectos que ni siquiera están en la fase constructiva, en tanto que el organismo ha emitido medidas cautelares a diversas instituciones federales “por hechos vinculados con el desarrollo de la consulta pública (23-24 de febrero de 2019), para determinar el consentimiento de la Planta Termoeléctrica del Proyecto Integral Morelos, así como de las consultas comunitarias (30-31 marzo de marzo de 2019) del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”. En su pronunciamiento, el Consejo Consultivo de la CNDH expresó “su respeto a la decisión del Ejecutivo Federal para llevar a cabo proyectos que permitan impulsar el desarrollo de México, y exhorta a que cualquier actividad estatal de desarrollo garantice los derechos humanos de las personas y colectivos que puedan resultar impactadas por esos proyectos”. Presidido por el ombudsman, Luis Raúl González Pérez, el Consejo Consultivo está integrado por Mariclaire Acosta Urquidi, María Ampudia González, Alberto Athié Gallo, Michael Chamberlin Ruiz, Angélica Cuéllar Vázquez, Mónica González Contró, David Kershenobich Stalnikowitz, Carmen Moreno Toscano, María Olga Noriega Sáenz y José de Jesús Orozco Henríquez.