CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- A pesar de la virulencia que pulula por las redes sociales, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) apenas ha efectuado una docena de investigaciones sobre ese tipo de conductas entre 2013 y 2018. Datos obtenidos vía transparencia por el reportero indican que la Dirección General Adjunta de Quejas de esa dependencia abrió un expediente por quejas atribuidas a personas particulares en 2013, tres en 2014, ninguna en 2015, cinco al año siguiente, ninguna en 2017 y tres el año pasado. Además, procedió con una investigación en 2015 por reclamaciones imputadas a funcionarios públicos. Al respecto, dos se encuentran en trámite, por lo cual Conapred no entregó información de su conclusión por estar en proceso. Dos de las 13 quejas recibidas se refieren a casos ocurridos en Twitter por discriminación por género, cometido por la revista Chilango, y por condición de salud, incurrido por la Secretaría de Salud. En el primer caso, el organismo concluyó en que se trató de un caso de discriminación –el único que derivó en ese señalamiento–, pero no aclaró el destino de esa conclusión. Mientras, Facebook fue la plataforma citada en 11 expedientes y YouTube, propiedad de Google, la restante. Del total de casos, cerró seis durante el trámite de procedimiento y en otros dos decidió que no se trataron de actos de discriminación. En otro más, no pudo identificar la persona a la que se atribuyó la conducta discriminatoria y en otro más dio orientación jurídica a la agraviada. La Dirección General Adjunta de Quejas “no cuenta con información referente a si se interpuso o no una denuncia ante el Ministerio Público de las 13 quejas calificadas como presuntos actos de discriminación relacionados con redes sociales”. Conapred no monitorea las redes sociales, muestra de la debilidad institucional para supervisar ese espacio virtual, cuando el movimiento #MeTooMx, que ha desembocado en el surgimiento de 10 cuentas digitales para denunciar violencia de género en medios, universidades, escuelas preparatorias, círculos de escritores, artistas, músicos y agencias de publicidad, ha irrumpido en la conversación virtual y ha sufrido agresiones. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación de 2003 considera que los actos de discriminación buscan “obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades” y entre los cuales menciona como motivo el sexo, el género, las  opiniones y las  preferencias  sexuales. Entre sus manifestaciones incluye a la homofobia y la misoginia. Por su parte, la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia de 2007 abarca “otras formas análogas” a las violencias psicológica, física, patrimonial, económica y sexual que “lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres”. Empero, ninguno de esos marcos legales aluden al comportamiento online. Entorno violento Organizaciones de defensa de derechos de las mujeres y digitales coinciden en que la violencia física ha saltado a las esferas virtuales y regresa al entorno material, para retroalimentar ese ciclo de irrespeto a derechos, en uno de los países con peores estadísticas de feminicidios y otras agresiones de género. La experta en derechos de las mujeres Patricia Olamendi atribuye ese estado de cosas a un Estado omiso que no comprende la violencia de género. “Se ha minimizado a Conapred y se ha enfocado en los casos entre privados. Si no puede atender los casos entre particulares, menos lo hará en el sector público. Es muy importante que el Estado asuma su responsabilidad. El Estado tiene muchas posibilidades de investigar esa violencia”, señala la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos durante el gobierno del panista Vicente Fox a apro. El informe de 2017 La violencia en línea contra las mujeres en México, coordinado por Luchadoras y con la participación de 11 organizaciones de derechos humanos, concluye en que el patrón de violencia sistemática se trasladó a internet y al uso de las tecnologías. “Al mismo tiempo que incrementa el uso que le damos al internet en nuestras vidas, se amplían y extienden las formas de violencia en línea contra las mujeres, sin que ello implique que se reconozca que este tipo de violencia es real y tiene impactos en nuestros cuerpos y vidas”, cita el reporte, entregado a la relatora especial sobre Violencia contra las Mujeres de Naciones Unidas, la croata Dubrawka Simonovic. La denuncia en redes desata una ola de violencia en línea, expulsión y derribo de espacios de expresión; campañas de ataques organizados; extorsión bajo amenaza de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento; espionaje de Estado y campañas de desprestigio fueron las tendencias que las organizaciones identificaron y que se repiten en contra del movimiento #MeTooMx. Desde 2015, después de momentos que han resultado críticos para la denuncia de agresiones, como violencia sexual, se registraron ataques organizados contra páginas de Facebook o sitios web de activistas, colectivas y medios de comunicación feminista que pusieron fuera de línea sus contenidos temporal o permanentemente, limitando así su libertad de expresión y alejándolas de la tecnología. “Tanto en Facebook como en Twitter se han identificado grupos de cuentas que se organizan para agredir de manera coordinada a una defensora, activista o periodista que hace uso de las redes sociales para visibilizar algún tema o dar su punto de vista sobre algo. Este ciclo de agresiones es difícil de detener, pues las cuentas que llegan a ser suspendidas, vuelven a aparecer con otro nombre”, señala el documento. Ese punto ilustra la inviabilidad de la política de redes como Twitter y Facebook de detectar cuentas agresoras y su cierre, pues éstas reaparecen bajo otra identidad, como hongos después de un chaparrón. El tercer Módulo sobre Ciberacoso 2017, que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía levantó entre mayo y julio de ese año para medir la prevalencia del acoso mediante algún dispositivo electrónico conectado a internet, indica que casi uno de cada cinco usuarios de la red entre 12 y 59 años de edad ha sufrido hostigamiento cibernético, en su mayoría mujeres. La recepción de mensajes ofensivos, el contacto mediante identidades falsas y las llamadas agresivas fueron las formas más frecuentes de acoso, según la dependencia. Casi 31 por ciento de las mujeres fueron blanco de insinuaciones o propuestas sexuales, mientras son 13 por ciento de los hombres reconoció ese tipo de importunaciones. Además, casi una cuarta parte de la muestra femenina contestó que recibió fotos o videos de índole sexual, en comparación con 14.7 por ciento de la población masculina. Para Rosalinda Pimentel, integrante del Frente Nacional por la Sororidad, preocupa que Conapred no vigile adecuadamente el medio digital. “Las expresiones de violencia caen dentro de la discriminación, entonces no sabemos qué necesita Conapred para actuar”, cuestiona Pimentel ante apro. La Red ha interpuesto 250 denuncias de violencia digital desde 2016 en el ramo civil, aunque con resultados magros. Para prevenir y perseguir esos delitos, ha logrado la aprobación de leyes contra la violencia digital en Chiapas, Puebla y Zacatecas. El informe de Luchadoras denuncia que ante estos tipos de violencia han existido pocas respuestas, “algunas de ellas ponen el dedo en las víctimas y no en los agresores, responsabilizándolas de las formas de agresión; otras pretender llevar la respuesta al ámbito penal y legislativo, sin que se haya analizado si esa es la ruta más adecuada, al mismo tiempo que las plataformas e intermediarios se han quedado limitados o al margen de las estrategias que puedan desarrollarse”. A su término, el Foro #MeTooMx, escenificado el 11 de abril y al que asistieron feministas, académicas, artistas, periodistas y expertas en derechos humanos, puso de plazo, en su declaratoria final, el 6 de mayo a organismos públicos de derechos humanos y a entes federales y estatales, entre ellos el Conapred, para que informen sobre las medidas a adoptar en su ámbito ante la violencia de género. “La discriminación está tipificada. Si se incurre en ella en redes sociales, se comete un delito y la Policía Cibernética debe investigarlo”, plantea Olamendi, quien fue experta de México ante el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, de la Organización de los Estados Americanos. Para Pimentel, se requiere de homologación legal federal y estatal para tipificar la violencia digital en los códigos penales, para que las distintas dependencias puedan actuar.