CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la oleada migratoria en la frontera sur del país, que ha rebasado ya a las instituciones mexicanas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a diversas autoridades federales y del estado de Chiapas medidas cautelares para que se garantice la integridad de cientos de personas extranjeras que se encuentran en instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM). Para ampliar las medidas cautelares solicitadas con antelación, el organismo detectó “situaciones contrarias al respeto de las personas extranjeras” ubicadas en el Puente Internacional Rodolfo Robles, en la Estación Migratoria Siglo XXI (EMSXXI), y en el albergue instalado en el municipio de Masatepec, Chiapas. La llamada de atención de la CNDH surgió de las observaciones que hizo personal del organismo desplegado en la frontera sur, el cual pudo advertir situaciones de hacinamiento, retrasos en la tramitación de los registros de ingreso al país y falta de servicios básicos en las instalaciones del INM. En un comunicado, el organismo informó que su personal detectó que en la EMSXXI “se reportó una población superior a 2 mil personas, lo que representa más del 200% de su capacidad, que es de 960 personas”. En tanto, en el parque central de Tapachula había cerca de 2 mil migrantes que se movieron rumbo a Huixtla, mientras que en Mapastepec la unidad deportiva del municipio se habilitó como albergue para mil 700 personas, y en un terreno aledaño habría mil 500 centroamericanos. En el último municipio, personal de la CNDH advirtió que los primeros mil 700 migrantes fueron registrados, pero sus trámites migratorios no habían terminado, “lo que provocó el enojo en algunos de ellos, quienes indicaron haber sido engañados por agentes migratorios que les informaron que los trámites pueden durar entre15 días, dos o incluso seis meses”. La falta de información concreta motivó una protesta violenta teniendo que intervenir la Policía Federal. Como parte del trabajo de supervisión de medidas cautelares emitidas el pasado miércoles 10, la CNDH confirmó que personas en condición de migración fueron llevadas a la EMSXXI y después a la estación de Acayucan, Veracruz, donde se determinará su situación legal. Sobre la situación de personas originarias de Cuba, la CNDH observó que la mayoría ha tramitado amparos a través de abogados y gestores, para evitar la deportación, pero ese trámite “no tiene efectos que permitan transitar por territorio mexicano”, de ahí que al tratar de moverse hacia Estados Unidos con amparo en mano, “fueron aseguradas por agentes migratorios y conducidos a diversos recintos migratorios, entre ellos a la propia EMSXXI”. Los visitadores del organismo detectaron a personas de origen cubano que “manifestaron su deseo de desistirse del amparo y solicitar a México el reconocimiento de condición de refugiado”. El personal de la CNDH también acudió al Puente Rodolfo Robles, donde constató que las mil 600 personas migrantes que se ubicaron ahí “fueron registradas rápidamente, se les proporciona ayuda humanitaria y atención médica, habiéndoles indicado la autoridad migratoria que se les otorgará la tarjeta de visitante regional con posibilidad de trabajo, o bien visa de trabajador fronterizo”. En su comunicado el organismo explicó que, tras la verificación del trabajo de las autoridades con los migrantes, solicitó al INM “proporcionar atención y asistencia urgente a las personas alojadas en la EMSXXI para garantizarles estancia digna con pleno respeto a sus derechos humanos”. La CNDH pidió al INM destinar “personal médico suficiente en todos los horarios, y especialistas en pediatría ante el elevado número de personas menores de edad, que conjuntamente con la Secretaría de Salud del estado de Chiapas realicen brigadas de asistencia médica con suficiente dotación de medicamentos y personal de psicología para brindar atención adecuada a la salud emocional y mental” De igual manera, sugirió establecer “criterios operativos rápidos y ágiles, acorde con sus capacidades de alojamiento y con los servicios de atención que otorga; que sean aplicados también en las entradas y salidas de personas detenidas, y en aquellas donde ya están resueltos sus procedimientos migratorios”. La CNDH recomendó canalizar a los migrantes “a distintas estaciones migratorias para disminuir la sobrepoblación, agilizar procedimientos administrativos de las personas alojadas, explorar alternativas en la detención, principalmente de personas en situación de vulnerabilidad y de solicitantes de la condición de refugiado en tanto se determina el procedimiento”. El organismo también pidió al INM dar “información clara, precisa y suficiente sobre plazos y posibles resoluciones a quienes iniciaron trámites migratorios, así como el lugar donde se les dará a conocer dicha determinación, con la finalidad de que tengan certeza jurídica y conocimiento de las etapas del trámite migratorio, y que el lugar en que lo iniciaron sea el mismo en que se resuelva y se notifique”. Además, “asignar personal de guardia para fines de semana y días festivos en el Puente Adolfo Robles, para dar continuidad a los trámites y evitar aglomeraciones de personas migrantes, lo que también abonará a generar confianza y certeza sobre su registro migratorio”. Se instruyó a la Coordinación Nacional de Protección Civil a realizar las acciones procedentes para efectuar el pago a las personas extrajeras contratadas en Mapastepec por la prestación de sus servicios dentro del programa de empleo temporal de la Secretaría de Bienestar, coordinado por dicha instancia nacional de protección civil. Las medidas cautelares van dirigidas también a las procuradurías Federal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y a la del estado de Chiapas. Se les pide que “ante la situación de urgencia por hacinamiento y sobrepoblación en la EMSXXI, se protejan los derechos de las personas menores de edad, de acuerdo con la determinación de su interés superior, y se dicten medidas que se requieran para la restitución de derechos, en atención a la situación específica de cada uno de ellos y la unidad familiar”. Los funcionarios a los que el quinto visitador general, Edgar Corzo, dirigió las medidas cautelares son: el titular del INM, Tonatiuh Guillén López; el coordinador nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, David León Romero; la procuradora federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Martha Yolanda López Bravo, y su contraparte en Chiapas, Claudia Guadalupe Castellanos Galdámez, así como el secretario de Salud de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos. La CNDH resaltó que en la frontera sur tiene “desplegado un equipo de visitadores adjuntos y personal médico para efecto de continuar con el monitoreo y atención de las condiciones de vida digna de las personas migrantes en los recintos migratorios, así como para observar la ayuda humanitaria y respeto irrestricto de sus derechos humanos a los integrantes de los grupos que transitan en caravana”, de forma especial de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.