CIUDAD DE MÉXICO (apro).– “Con mucho gusto”, el gobierno de Bolivia acudirá a la Corte Internacional de Justicia para responder a la denuncia que presentará el gobierno de México por el asedio policial a su embajada y residencia en La Paz. “Hoy nos amenazan con llevarnos a la Corte (…), allá nos veremos con mucho gusto y veremos quiénes han violado el tratado”, dijo el ministro del Interior de Bolivia, Arturo Murillo, en una conferencia de prensa. Murillo sostuvo que el “único que ha permitido que se violen los tratados y convenios ha sido el gobierno de México”, cuando acogió al exmandatario Evo Morales, ahora asilado en Argentina. El funcionario boliviano aseguró que Morales es un “terrorista confeso” y acusó a México de permitir que hiciera declaraciones políticas “absolutamente fuera de lugar” durante su estancia en ese país.  

Refuerzan vigilancia policial

Las fuerzas el orden de Bolivia incrementaron su presencia en la embajada de México en aquel país, confirmó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría. En declaraciones a la prensa boliviana, el funcionario reconoció que, con ello, se pretende evitar que los exfuncionarios de su país que se encuentran refugiados en la legación mexicana puedan evadir la detención. “Hemos puesto el personal necesario para garantizar el cumplimiento de requerimientos judiciales que buscan a gente que tiene cuentas pendientes en la Justicia”, dijo Santamaría a Unitel. Además, recordó que México les pidió, en la lógica de reciprocidad humanitaria, otorgar salvoconducto al exministro Luis Arce, y “esperamos que bajo ese principio el gobierno de México ponga ante la justicia a quienes tienen mandamiento de aprehensión y están refugiados en su embajada”, dijo. Sin embargo, la cancillería mexicana, en su último comunicado, reiteró su denuncia por el hostigamiento y la intimidación de la que están siendo objeto la embajada y la residencia oficial de México en Bolivia, contra el personal acreditado y contra las personas que se encuentran bajo la protección del Estado mexicano en ese país”. La SRE recordó que “el asilo es un acto de política exterior que se enmarca en el ejercicio de nuestra soberanía y es congruente con nuestra política de derechos humanos, incluido el que toda persona tiene derecho a solicitar asilo por motivos o delitos de carácter político o por aquellos delitos del fuero común que tengan conexión con motivos políticos, cuya vida, libertad o seguridad se encuentre en peligro”. Y señaló que “el régimen jurídico del asilo diplomático, construido sobre las Convenciones de La Habana (1928), Montevideo (1933) y las dos de Caracas (1954), establece que ‘corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución’ y que “será respetada la determinación del Estado asilante de continuar con el asilo y exigir el salvoconducto para el perseguido’”.

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