CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fueron ejecutadas 17 personas defensoras de derechos humanos, concentrándose la mayor parte de los casos en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz, informó el Comité Cerezo. De acuerdo con el informe sobre la situación de agresiones a defensores de derechos humanos, del primero de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019, las 17 muertes cumplen con las especificaciones de “ejecuciones extrajudiciales, es decir violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado en la modalidad de comisión o aquiescencia”. La organización explicó que los datos reportados corresponden a casos de personas defensoras que “han sufrido esta grave violación a los derechos humanos como respuesta estatal a su trabajo de defensa de derechos humanos”. De acuerdo con el documento, “la ejecución extrajudicial muestra una disminución significativa con respecto a la cifra de 41 casos del último año de Enrique Peña Nieto, incluso la cifra es menor desde el año 2011, aunque supera la cifra de los cuatro primeros años del periodo presidencial de Felipe Calderón que fueron 3 casos en 2007; 6 casos en 2008; 4 casos en 2009, y 11 casos en 2010”. Por los registros del Comité Cerezo en Chiapas se cometieron cinco ejecuciones extrajudiciales; en Oaxaca 4; Guerrero 2; Veracruz 2, en tanto que en Morelos, Hidalgo, Estado de México y Baja California Sur se cometió un asesinato en cado entidad. https://twitter.com/comitecerezo/status/1205539105817448448?s=20 El informe refirió que de los 17 casos registrados, 6 de los homicidios corresponden a defensores del territorio; 4 de vida digna; 3 a defensores de libertad de expresión y 3 más de defensores de derechos humanos, y uno dedicado al área de justicia; en cuanto al sexo de las personas ejecutadas, 15 eran defensores y dos defensoras. Tras señalar que el 47% de las víctimas eran indígenas, la organización resaltó en su documento  que de los 17 casos en uno sólo “beneficia directamente al gobierno federal, es el caso del opositor al Proyecto Integral Morelos, en el estado de Morelos, cuya conclusión y funcionamiento es una de las prioridades del gobierno federal”. “El nivel de beneficiarios a nivel estatal son 6 casos y en el nivel municipal, los casos son los 10 restantes”, apuntó el documento. En cuanto a los perpetradores, en dos de las muertes se identificó a agentes de la Policía Municipal, en 6 casos más el perpetrador fue un grupo paramilitar (parte de la estrategia estatal)”, en tanto que en los restantes 9 casos no hay claridad de los autores, “sin que esto quiero decir que no es un agente o agentes de Estado los responsables”. En su informe el Comité Cerezo también consideró la militancia de las autoridades municipales donde se llevaron a cabo las ejecuciones extrajudiciales, de los cuales en 7 los gobiernos pertenecían al PAN, PT, PVEM, PRD y Nueva Alianza, en tanto que a Morena 4, al PRI, 4 y por usos y costumbres en 2. Para el Comité Cerezo las cifras reveladas en el informe sobre ejecuciones extrajudiciales advierten que “no es una práctica generalizada” durante el gobierno de López Obrador, “y que al iniciar procesos judiciales en contra de los responsables, el costo político para la autoridad que cometa dicha grave violación a los derechos humanos será mucho más alto”. Consideraron que “si bien pareciera que la impunidad va en retroceso, habrá que esperar si estas investigaciones terminan en sanciones justas o sólo es política de simulación”.