ENSENADA, BC (apro).- A un día de que venza el plazo legal para presentar impugnaciones contra la llamada “Ley Bonilla”, el Congreso de Baja California se niega a entregar al Poder Judicial de la Federación una copia certificada del bando solemne con el que debió notificar a la ciudadanía del estado que el morenista resultó gobernador electo, y señalar explícitamente su periodo de gobierno. Por ello Fernando Franco González Salas, el ministro que analiza el caso para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dio un último plazo de tres días naturales para que entregue dicho documento. De no hacerlo así antes del próximo lunes 18 de noviembre, se hará acreedor a una multa. El ultimátum incluyó como una obligación para el legislativo estatal, proporcionar al magistrado un informe por escrito de cómo cumplió la obligación legal para que ese bando solemne tuviera la máxima publicidad y difusión en toda Baja California. Franco González, proyectista de la Suprema Corte en el tema de la reforma constitucional que amplió el periodo de gobierno de Jaime Bonilla Valdez de dos a cinco años, solicitó la información al Congreso estatal el 4 de noviembre y hoy el legislativo confirmó que sí recibió la petición, pero no la contestó sin mencionar el motivo de su decisión. El acuerdo de la Suprema Corte precisa:

“Se tiene al Poder Legislativo dando parcial cumplimiento al proveído de 4 de noviembre del presente año, ya que no remite copia certificada del Bando Solemne que debió haber expedido y por el cual dio a conocer en todo el Estado de Baja California la declaración de Gobernador Electo que hubiere hecho el Instituto Estatal Electoral.”

La omisión del Congreso local en el tema no es nueva. Los diputados de las dos últimas legislaturas –XXII y XXIII- tardaron 84 días en entregar al ejecutivo el dictamen de la reforma para su publicación en el Periódico Oficial del Estado. La Ley Bonilla se aprobó el 8 de julio por 21 votos de los congresistas de la pasada legislatura. Quince días después, en Playas de Rosarito, porque la sede del legislativo en Mexicali estaba tomada por grupos de resistencia a la norma, la reforma se validó y los diputados aprobaron el dictamen para su publicación, pero fue hasta el 15 de octubre que la nueva legislatura, de mayoría morenista, la entregó al ejecutivo mismo que la publicó dos días después para su entrada en vigor el 18 de octubre. El 4 de noviembre se presentó la última de seis acciones de inconstitucionalidad contra la norma estatal que impugnaron, bajo esa figura jurídica, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), Revolucionario Institucional (PRI), el local de Baja California (PBC) y Acción Nacional (PAN). El ministro también analiza los alcances de una controversia constitucional que presentó ante la Corte el gobierno panista que encabezó Francisco Vega de Lamadrid. Fernando Franco González ha dicho que el bando solemne del XXIII Congreso de Baja California es una prueba importante en el contexto del análisis jurídico de la Ley Bonilla. El decreto de reformas a la Constitución del estado que amplía de dos a cinco años el gobierno de Bonilla Valdez, se publicó en el Periódico Oficial de Baja California el pasado 17 de octubre y entró en vigor al día siguiente. En esa fecha se abrió un periodo de 30 días hábiles para la presentación de impugnaciones –acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales-  a la norma jurídica local ante la SCJN, tiempo que a decir de representantes jurídicos de 24 organizaciones civiles  unidos en el colectivo Resistencias Unidas de Baja California, vence mañana sábado 16 de noviembre.