CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la segunda y  última ronda de comparecencias a titular de la Fiscalía General, comparecieron 12 de  los aspirantes, entre ellos el exprocurador capitalino Bernardo Bátiz, considerado uno de los candidatos más fuertes, y Alejandro Gertz Manero, actual encargado de despacho de la PGR. También compareció Luis Manuel Pérez de Acha, uno de los 27 candidatos con mayor apoyo de las organizaciones sociales y ciudadanas. El primero en turno fue el exprocurador capitalino Bernardo Bátiz, quien señaló que la Fiscalía esta institución será autónoma frente al poder ejecutivo y también “ante los poderes fácticos de las grandes corporaciones nacionales e internacionales que con alguna frecuencia pretenden presionar para que la vara de la justicia se incline a su favor”. Ante los senadores integrantes de la Comisión de Justicia, Bátiz recalcó que no basta sólo la autonomía sino también otras cualidades como el principio fundamental de que la procuración de la justicia “es el de la buena fe”.

“No permitiremos ninguna acción que no se funde en la buena fe”, sentenció y ofreció no mentir ni engañar a la ciudadanía ni alterar las evidencias en el lugar donde ocurran los hechos, en clara referencia a los gobiernos anteriores.

En materia internacional Bátiz ofreció estar dispuesto a colaborar, pero “cuidando la soberanía nacional, un valor que en los gobiernos anteriores quedó en tela de juicio”. Tras culminar esta ronda de intervenciones, el Senado deberá elegir 10 de los 27 perfiles de aspirantes a la Fiscalía General, electos ante el pleno para enviarlos al Ejecutivo Federal y que éste conforme una terna que los senadores analizarán para elegir al nuevo titular, con el voto de las dos terceras partes del Senado. Más de 200 mil averiguaciones pendientes: Gertz Además de Bátiz, identificado como uno de los candidatos más fuertes para ser titular de la Fiscalía General, también participó el actual encargado de despacho de la PGR, Alejandro Gertz Manero, quien hizo un diagnóstico de la realidad actual en materia de justicia federal, con un rezago de 205 mil averiguaciones previas en trámite. Gertz Manero reconoció el rezago y las deficiencias existentes. Propuso crear un Plan de Persecución Penal que abata los índices de impunidad y permita que el Estado mexicano sea debidamente protegido y que las víctimas de los delitos federales encuentren una verdadera acción penal. Recordó que las deficiencias y rezagos en materia de procuración de justicia datan de 1984. Desde entonces, a la fecha, existen 205 mil averiguaciones previas en trámite y en reserva, las cuales están vivas y “son una muestra indudable de corrupción y de injusticia para las víctimas y ofendidos”. Gertz Manero afirmó que existen 22 mil mandatos judiciales y órdenes de aprehensión pendientes de cumplir, muchas ya prescritas. Afirmó que en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio hay 101 carpetas en trámite y más de seis mil mandamientos judiciales pendientes de cumplir. Críticas al diseño de la Fiscalía Por su parte, Bernardo Jaime González Garza afirmó que se requiere una fiscalía “novedosa” y de formas “atrevidas” y dijo que no pretende encabezar una fiscalía inmiscuida en la política, sino apegada a procurar justicia sin distingo y abierta a las organizaciones civiles. González Garza mencionó el modelo de operaciones encubiertas, contemplado ahora en el Código Nacional de Procedimientos Penales y también explicó que se deben privilegiar métodos alternos y solución de controversias. El aspirante Angel Buendía propuso identificar a todos los funcionarios públicos que han incurrido en actos de corrupción e investigar conforme a los estándares internacionales. Propuso reclutar a mexicanos con valores y amplio compromiso social. Ofreció implementar el Código de Ética de los servidores públicos de la Fiscalía General y crear un programa integral de prevención y combate a la corrupción. Luis Manuel Pérez de Acha, uno de los 27 candidatos con mayor apoyo de las organizaciones sociales y ciudadanas, afirmó que la Fiscalía General debe combatir de manera frontal la corrupción y los expedientes de graves violaciones a derechos humanos como la matanza del 68, Ayotzinapa, Tlatlaya o Atenco. Ofreció combatir los delitos de secuestro, extorsión y la delincuencia organizada, en fenómenos como el “huachicoleo” y mientras no descabecen este tipo de organizaciones, “el problema no se solucionará”. Miguel Nava Alvarado expuso que el Ejecutivo federal no debe tener la facultad de intervenir en la designación y remoción del Fiscal General y consideró que el mecanismo de designación del artículo 102 constitucional “amañado”.

“Hay que ser honestos para llevar una tarea de imparcialidad, objetividad y legalidad. De lo contrario, esto va a ser una farsa”, afirmó Nava Alvarado.

Por su parte, Roberto Bonifacio Mazón García propuso que buscará la atención de las víctimas. Propuso que la Fiscalía General no esté estática ni “detrás del escritorio”.

“Hablaré de frente y seré transparente, sin engaños. Seré garante del respeto a los derechos humanos y a los derechos ciudadanos”, acotó.