México tiene muchos problemas, muchas debilidades, muchos retos y muchos desafíos, pero la situación no es catastrófica, sostiene el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia. En entrevista con Proceso justifica los logros en la materia y enumera los pendientes que deja a su sucesor, Alfonso Durazo Montaño. Días después del encuentro con el encargado de la seguridad nacional, en un video de dos minutos Peña Nieto puso en entredicho a su colaborador al sentenciar: “No hemos alcanzado el objetivo de darles a los mexicanos paz y tranquilidad en cualquier parte de la geografía nacional”. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La seguridad es un tema multidimensional, multifactorial, dice Renato Sales Heredia, comisionado nacional de Seguridad Nacional; por consiguiente, añade, debe abordarse desde distintos ángulos, pues implica a los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Y puntualiza: “Hay fallas. El país puede estar mal, pero no está en ruinas. No es un escenario catastrófico”. Con ello responde al señalamiento de Alfonso Durazo Montaño, próximo secretario de Seguridad Pública, quien la semana antepasada expuso que en materia de seguridad México está en ruinas, por lo que al asumir el cargo enfrentará un escenario catastrófico (Proceso 2181). El responsable de la seguridad nacional sostiene que las fallas obedecen a factores externos e internos. Por lo que atañe al primero, explica a la reportera, faltó alertar a la opinión pública de Estados Unidos y México acerca de cuánto afectaría a nuestro país la creciente demanda de droga en territorio estadunidense. En el segundo caso, dice, falló el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP). Para lograr su eficiencia, “quienes intervenimos en el proceso debimos capacitarnos de manera conjunta; el presupuesto para la seguridad fue insuficiente; los legisladores no entendieron la necesidad de aprobar las reformas constitucionales para que los policías no sean discriminados y con ello evitar la debilidad de las corporaciones; también se omitieron las reformas para dar prisión preventiva oficiosa a quienes transportan armas y para invertir la carga de la prueba a fin de que el delincuente sea quien pruebe la procedencia lícita de su dinero”. Creada por decreto el 2 de enero de 2013 bajo la adscripción de la Secretaría de Gobernación, la dependencia que encabeza Sales Heredia tiene como objetivo primordial “dar seguridad y paz pública” a los mexicanos. Sin embargo, a partir del próximo 1 de diciembre se convertirá en Secretaría de Seguridad Pública (SSP), como en sexenios anteriores, y la encabezará Durazo Montaño. Entrevistado en su oficina de Torre Pedregal, Sales Heredia aborda el tema de los candidatos financiados por el narco y, sin proporcionar nombres, apunta que algunos presidentes municipales son pagados por los cárteles de la droga. Un mercado salvaje  El entrevistado dice que la creciente demanda de drogas en Estados Unidos, sobre todo a partir de 2015 –cuando se prohibió la venta liberal de oxicodona, tramadol y otros opiáceos–, generó un “mercado negro salvaje” que regula la oferta y la demanda. Lo anterior se observa en las ciudades fronterizas, como Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa y Matamoros, donde creció el número de homicidios dolosos. Lo mismo sucedió en Guerrero, donde se ­produce la amapola, demandada por los estadunidenses para obtener la goma de opio, y en Colima, porque ahí llega el fentanilo, la droga sintética tan demandada en Estados Unidos. Sales Heredia alude también a los enfrentamientos de las bandas delincuenciales por el control de las rutas de la droga y los mercados salvajes. Menciona asimismo el robo de combustible a ductos de Pemex realizado por huachicoleros. Este fenómeno, dice, “ha generado un incremento de muertes en donde hay demanda del combustible robado. Hay los huachicomenudistas, con venta a pequeños compradores, y los huachicomayoritas, quienes venden a empresas gasolineras que dejan de comprar a Pemex”. Sobre los enfrentamientos entre bandas rivales, fenómeno que incide en el incremento de los homicidios, cita el caso de la comunidad Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, un mercado que hoy se disputan el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la mafia local del Marro. “A la dispersión de las bandas por todo el país se agrega la debilidad policial. Hay más de 2 mil 400 municipios y sólo en mil 800 tenemos policías realmente capacitadas. Los uniformados que ganan más de 5 mil pesos al mes son muy pocos; la mayor parte de las corporaciones son maltratadas”, comenta. Refiere que esa debilidad tiene que ver con el trato discriminatorio que el artículo 123 constitucional da a los operadores del NSJP, policías, peritos y agentes ministeriales. “Miles de ellos han sido removidos, algunos de manera injusta y no pueden regresar, a pesar de que demuestran que fueron injustamente cesados”.  Y agrega: “Es el peor de los sistemas. No está funcionando porque no nos capacitamos, conjunta y coordinadamente. En el mismo salón de clases tenían que haber estado policías, peritos, fiscales y jueces, para que se entendiera lo mismo. ¡No! Unos se capacitaron por un lado, otros por otro, y se generó una gran torre de babel procesal, una gran confusión. Todos se culpan entre sí. Quien gana son los delincuentes”. –¿Qué hacer, entonces? ¿Un alto? ¿Hacer el sistema a un lado mientras se capacita de manera uniforme a todos los que intervienen? –No. Hay que seguir aplicándolo al tiempo que una mitad se capacita, aunque trabaje el doble. –Otro punto es que México no pone restricción en sus fronteras; cualquiera puede ingresar armas.  –No nos damos abasto, creo yo. Habría que revisar más. Cuando la policía revisa un camión que supuestamente traslada papaya y encuentra un segundo compartimento donde hay lanzagranadas, fusiles Barret, AK 47, armas de alto poder, detiene al chofer. Pero el juez de control lo libera cuando declara que el implicado creía que sólo trasladaba papaya.  “Hay que reformar el artículo 19 de la Constitución para que este delito amerite prisión preventiva oficiosa. Por eso estamos trabajando con el Servicio de Administración Tributaria y con la Agencia General de Aduanas, con la lógica de que esto también tendrán que revisarlo las autoridades hacendarias.” La atomización  El responsable de la seguridad nacional también habla de dispersión de bandas.   –Mencionan más de 250 –le comenta la reportera. –No contabilizaría así. Algunos de los grandes grupos se han dispersado por enfrentamientos internos. Existe delincuencia organizada y delincuencia desorganizada; es decir, grupúsculos. Números, no tengo. Los grandes cárteles son los que ya conocemos: el CJNG, el Cártel del Pacífico… –¿Qué fue de Los Zetas?  –Son muy débiles, afortunadamente; el del Golfo está muy debilitado, y de la organización de los Beltrán Leyva hay escisiones de lo que queda. –¿Por qué creció tanto el CJNG en esta administración? –Ante la debilidad de algunos, otros aprovecharon el espacio.  –¿Qué territorio domina cada uno?  –No vamos a entrar en esos terrenos.  –¿Por qué no? Es la radiografía de lo que sucede en el país. Además, el titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete, informó que el grado de violencia los obligó a incursionar con el programa Escudo Titán en estados donde había paz.  –Tijuana está en disputa: una parte de los Arellano pactó con Jalisco; la otra, con el Cártel del Pacífico. En Tamaulipas está la Vieja Escuela, una escisión de Los Zetas y el Cártel del Golfo; Veracruz se lo ­disputan casi todos los cárteles, mientras en Guerrero –donde también incursiona el CJNG–, Los Ardillos y Los Rojos dominan el mercado de la amapola. Para Sales Heredia, el problema va más allá que “la ineficiencia policial”. Series televisivas como El Señor de Los Cielos, dice, “hacen operacional” el tema de ser narco. Por ello, propone prohibir esas series. “No puedes colocar como héroes de la patria a personas que están afectando la vida, la integridad corporal, física y psíquica (de la sociedad). Igual debe hacerse con los narcocorridos”. –Esto le toca a Gobernación, ¿por qué no se hizo?  –En aras del respeto a la libertad de expresión… Hay que revisar las series y los narcocorridos. Acepta que las bandas del crimen organizado se consolidaron con la ayuda de las corporaciones policiacas. –Incluyendo la Policía Federal –le comenta la reportera. –¡No! Yo tendría mucho cuidado en hacer aseveraciones en ese sentido. La Policía Federal está limpia, altamente capacitada; aunque nunca faltan negrillos en el arroz. Si vemos las estadísticas del Inegi, la ciudadanía confía en el Ejército, la Marina y en la PF. Sin embargo, admite: “Algunas policías municipales fueron cooptadas por el narco debido a que no ganan más allá de 5 mil pesos al mes. Además, si el presidente municipal pactó con un grupo criminal para llegar al cargo, debe nombrar como jefe de Seguridad Pública a quien le pida ese grupo”. Con respecto a las violaciones a los derechos humanos en las que ha estado implicada la PF –como el caso de Tanhuato, Michoacán, donde 42 integrantes del CJNG y un policía murieron en un operativo en el rancho de El Sol el 22 de mayo de 2015–, Sales Heredia asegura que atendió todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al respecto. En cuanto al caso de Nochixtlán, Oaxaca, donde los pobladores acusaron a elementos de la PF de atacar a la población con armas de fuego y granadas lacrimógenas con el pretexto de liberar las vías de comunicación tomadas por integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y a la CNDH de omitir información para proteger a Gobernación, el entrevistado insiste en que los agentes no estaban en el lugar de los hechos. Los pendientes El funcionario comenta que uno de los pendientes que deja es la liberación de los policías acusados por la fuga de Joaquín Guzmán Loera. De manera inexplicable, dice, la PGR se ha negado a formular acusaciones. Asegura que se les protegió laboralmente para facilitar su reincorporación a sus plazas cuando recobren su libertad. Dice desconocer por qué no se detuvo a funcionarios de alto nivel, como su antecesor Monte Alejandro Rubido, por ejemplo, que tuvieron acceso a informes de lo que sucedía en el penal. Otro pendiente es el lavado de dinero. Los abogados de los narcos logran que se les regrese a sus clientes todo lo incautado: “En México se necesita la existencia de un delito predicado; es decir, el Ministerio Público tiene que demostrar al juez que el dinero que lleva el detenido en su maleta al momento de su captura está vinculado con una organización delictiva.  “En 48 horas tiene que ponerlo a disposición del juez y el juez tiene que dictar la vinculación a proceso. No hay Ministerio Público en el mundo que pueda demostrar vinculación, porque los narcos no piden recibo ni dan factura”, explica el entrevistado. En otros países, insiste, quien tiene que demostrar que obtuvo sus recursos de manera lícita es el detenido. “En mi opinión, hay que invertir la carga de la prueba. Por eso planteamos las reformas al artículo 400 bis del Código Penal”. –Así como lo plantea, es un escenario catastrófico, como dijo Durazo Montaño. –No, no es un escenario catastrófico. Creo que hay muchos retos, muchos problemas. Podemos estar mal, pero no estamos en ruinas.  –¿Habrá justicia y paz? –Es nuestro mejor deseo. Hay condiciones. México tiene muchos problemas, muchos retos, muchos desafíos, pero no está en ruinas. A contrapelo de las declaraciones del encargado de la seguridad nacional, el 29 de agosto –cuatro días después de la entrevista–, el presidente Enrique Peña Nieto expuso en un video de dos minutos que no logró atender “suficientemente” el ámbito de la seguridad: “No hemos alcanzado el objetivo de darle a los mexicanos paz y tranquilidad en cualquier parte de la geografía nacional”.  Esta entrevista se publicó el 2 de septiembre de 2018 en la edición 2183 de la revista Proceso.