CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A cambio de 25.5 millones de dólares y a la luz del “buen ambiente de negocios”, el gobierno mexicano retiró una demanda que interpuso hace cinco años en Estados Unidos contra la empresa British Petroleum (BP), a consecuencia del derrame de 793 millones de litros de petróleo en el Golfo de México, provocado por la explosión de la plataforma Deepwater Horizon en abril de 2010. En Estados Unidos, la misma empresa pagó más de 60 mil millones de dólares en multas por su negligencia en el peor derrame petrolero de este siglo, que sucedió a 800 kilómetros de las costas de México –a 478 kilómetros de la frontera marina–, y afectó a más de 10 mil pescadores de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Existen dos razones por las cuales México se satisfizo con una suma dos mil 300 veces inferior a la que cobró su vecino del norte: el gobierno federal no presentó las evidencias que mostraban las afectaciones del derrame en las aguas mexicanas; además, temió que una demanda fuerte sea utilizada para atacar a Pemex en el caso hipotético de un futuro derrame. De acuerdo con esta investigación, elaborada por la organización PODER –cuya versión completa se puede leer aquí–, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) esperó hasta el 19 de abril de 2013 –el último día legal–, para presentar su demanda por los daños en las costas y aguas mexicanas que provocó el derrame del pozo Macondo 252, explotado por BP en la plataforma Deepwater Horizon. La presentó tan tarde que la corte de Luisiana la suspendió. “Cientos de demandantes presentaron reclamos en fecha similar. Dado el gran volumen de demandas, en mayo de 2013, la Corte de Distrito ordenó suspender temporal e indefinidamente todos los casos nuevos –incluyendo el de México– en tanto se resolvían aspectos fácticos y jurídicos comunes a todos”, explicó la SRE vía correo electrónico. En los últimos ochos años, tanto Pemex como la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Secretaría de Energía (Sener) buscaron un acercamiento “del más alto nivel con BP” para llegar a un acuerdo en lugar de empujar por la vía legal, para no poner en riesgo la reforma energética. Primero la reforma Para sustentar su demanda contra BP, el gobierno federal debía demostrar que había detectado en sus costas y aguas un petróleo con una “huella molecular” idéntica al que la empresa petrolera extraía a través de su plataforma Deepwater Horizon. Ello demostraría que el derrame afectó el territorio mexicano. El gobierno solicitó a BP la huella del petróleo en octubre de 2010, pero no obtuvo respuesta, según una minuta de una reunión interna del Grupo Intersecretarial para dar seguimiento al derrame, obtenido vía transparencia. A finales de 2013, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) dejó de recibir recursos para monitorear la contaminación del agua en el Golfo de México por el petróleo derramado. Luis Soto, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM que participó en la realización de los estudios encargados por el INECC, relata que Amparo Martínez, ahora directora general de esa institución, les dijo que, con la futura reforma energética, las prioridades ambientales habían cambiado. “Nos dijeron que no nos quejáramos, porque el dinero venía en camino desde una dirección diferente, de la Sener. Entonces la Sener dijo ‘yo tomaré el problema, olviden el problema ambiental’. Entonces, en mi opinión, el enfoque de las investigaciones empezó a dispersarse. La razón era que México empezaba a empujar muy fuerte la extracción de petróleo en aguas profundas”, dice. Antes de la demanda federal, los gobiernos de Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo interpusieron una demanda colectiva, en la que se exponían pruebas de daño, que no trascendieron porque no fueron retomadas en la acción legal federal. Dicha demanda colectiva fue rechazada por la corte de Estados Unidos en septiembre de 2013. Alrededor de 70 millones de pesos fueron gastados del erario mexicano en los 22 estudios científicos que supuestamente servirían para la demanda contra BP, pero al final no se presentaron como pruebas porque todavía no estaban listos todos y porque no probaban algo contundente, según aceptó la SRE. Acuerdo secreto Después del derrame, funcionarios y directivos de BP se reunieron en varias ocasiones a puerta cerrada. En junio de 2011, por ejemplo, se llevó a cabo una reunión tensa en Washington, en la que los representantes de la empresa negaron que la contaminación afectara a México, mientras que la delegación mexicana presentó un estudio poco convincente de que el derrame hubiera causado daño en las costas nacionales. BP también pidió pruebas de los daños ambientales que el derrame dejó en las costas y aguas mexicanas, pero el gobierno nunca envió tal información, y la SRE fue incapaz de explicar con un documento por qué no entregó nada a BP, según su respuesta a una solicitud de información realizada por PODER. Además, si México actuaba con todo el peso de la ley para que BP remediara los daños, abría la puerta para que Pemex sea castigada en Estados Unidos en el caso de provocar un derrame, de acuerdo con el abogado Alejandro Posadas, otrora agregado de la Semarnat en Washington, quien participó en la primera reunión entre BP y el gobierno federal. “Si tú empujas demasiado un precedente ese te va a perseguir a ti después, y nosotros somos una nación petrolera y es frecuente que tengamos derrames, y lo tuvimos antes, en el caso del Ixtoc. Entonces, si tú quieres presionar demasiado sin que tengas toda la evidencia científica, pues ese mismo precedente te va a perseguir a ti cuando te toque ser el responsable”, explicó el abogado. Por ello, el gobierno de Peña Nieto decidió negociar con BP. Previo a formalizar el acuerdo, se reunieron los representantes de BP y funcionarios mexicanos el 27 de julio de 2017. Los asistentes mexicanos fueron Alejandro Alday González, consultor jurídico de la SER, y Amparo Martínez, directora del INECC. “La empresa dijo a la titular del INECC que cuenta con la evidencia científica para afirmar que el petróleo del derrame no llegó a las aguas mexicanas, y que por lo tanto, BP no ha causado daño ambiental alguno en México, y que dicha evidencia ha sido validada por sus científicos –entre ellos algunos mexicanos– y por funcionarios de Profepa, con quienes se reunieron en México hace algunos meses”, según la minuta obtenida vía transparencia. “BP reiteró su interés en alcanzar una solución amistosa y definitiva del conflicto, teniendo presente el buen ambiente de negocios que actualmente se vive en México, tanto actual como en el largo plazo”, comentó el consultor jurídico a los asistentes de otras dependencias, en una reunión en la SRE el 18 de agosto de 2017, seis meses antes de que el gobierno y la empresa cerraran el acuerdo. BP primero ofreció 20 millones de dólares y el gobierno mexicano contraofertó a 50 millones de dólares. El acuerdo fue por la mitad y sólo cinco millones más que la primera oferta de la empresa, según se puede leer en las minutas de las reuniones intersecretariales de octubre de 2017. Ni el gobierno ni la empresa hicieron público este acuerdo, y una de las cláusulas del mismo es que se tienen que avisar uno al otro en caso de revelar la información. Los pagos fueron divididos en dos momentos y motivos: 15.3 millones de dólares para el reembolso del monitoreo e investigación y otros costos relacionados con el incidente –mismos que el gobierno mexicano calculó en un primer momento en 3.3 millones de dólares–, y los 10.2 millones restantes serán pagados al INECC antes o el 30 de noviembre de 2018, para la protección socio-ambiental, conservación y/o restauración del Golfo de México. En Estados Unidos los pescadores y negocios costeros recibieron 10 mil millones de dólares de la multa a BP. El acuerdo firmado con México no prevé una suma específica para los pescadores –que no fueron incluidos en la demanda federal– ni se mencionan en dicho documento. Más de 10 mil de ellos mantienen una demanda colectiva contra la empresa en la corte de Luisiana, la misma donde el gobierno federal presentó su denuncia. “Casi no hay [pesca]. Ha bajado mucho, mucho. Yo trabajo en aguas que no son aguas continentales, sino son ríos, pero que se alimentan del mismo mar. Entonces se deriva que, de la contaminación, los peces ya no entran. El mar ya no alimenta todos esos ríos. Todos estamos, ahora sí, sufriendo la misma situación. (…) de esa época hacia acá, todo ha ido mermando”, responde Francisco, pescador de Agua Dulce, en Veracruz, a la pregunta de cómo ha cambiado la pesca desde el derrame. Relación radiante La relación entre el gobierno mexicano y BP es más fuerte que nunca: desde 2015 ha ganado cinco áreas petroleras, licitadas en las rondas de exploración de la reforma energética, y en febrero de 2017 el Centro Nacional de Control de Gas otorgó a BP Energía México permisos para dos gasoductos en el país. BP tiene 279 estaciones de gasolina en 17 estados de la República –en la inauguración de la primera asistió Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía– y planea abrir mil 500 más en los próximos cinco años. El 29 de junio de 2018, Enrique Peña Nieto otorgó a su director general, Christophe Sladen, la Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca por “sus aportaciones en favor de la relación económica y educativa entre México y Reino Unido”. Es, hasta la fecha, el único empresario de la industria energética que ha recibido este reconocimiento. Durante una década y hasta el pasado 10 de mayo, Sladen fue director de BP México, y como tal estuvo al tanto de la demanda mexicana. Asistió a la reunión de 2011 con funcionarios mexicanos y también estuvo copiado en correos electrónicos entre representantes legales de la empresa y el gobierno. Leer aquí la versión completa de la investigación *Periodista en la organización PODER