CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones no gubernamentales como Serapaz, Fundar, Greenpeace, Oxfam y Cemda, entre otras, consideraron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene la oportunidad “histórica” de determinar si se reconoce plenamente la existencia del derecho a participar en asuntos de interés público de tipo medioambiental. En un comunicado, las organizaciones recordaron que el próximo miércoles 22, la Segunda Sala de la SCJN resolverá un juicio de amparo “de gran relevancia” para las comunidades que son afectadas por proyectos productivos y de infraestructura que tienen el potencial de generar daños al medio ambiente en México (amparo en revisión 365/2018). Dicha Sala, explicaron en un comunicado, determinará si se reconoce plenamente la existencia del derecho a participar en asuntos de interés público de tipo medioambiental, y si ese derecho supone la obligación de las autoridades de informar, consultar y dejar participar a las comunidades antes del proceso para autorizar dichos proyectos, en tanto que las leyes secundarias no garantizan una participación efectiva. “En esta ocasión, la Suprema Corte tiene la oportunidad de reconocer y garantizar la existencia y efectividad del derecho a la participación en asuntos medioambientales, con lo que sentaría un precedente extraordinario en México”, señaló Luis Miguel Cano, abogado de PODER, quien representa a los Comités de Cuenca Río Sonora, que hace dos años impulsaron un juicio de amparo para que se respete este derecho y pudieran pronunciarse sobre la nueva presa de jales de la mina Buenavista del Cobre. Las comunidades del río Sonora y todas aquellas afectadas por proyectos con impactos ambientales negativos, subrayaron las ONG, “se beneficiarían de un precedente favorable a este derecho” por parte de la Suprema Corte, incluidas las comunidades rurales y urbanas que han emprendido luchas en todo el país contra grandes proyectos. Por ello, organizaciones expertas en la defensa del territorio y el medio ambiente, instaron a la Corte a que “dé un paso a favor del derecho de participación de las comunidades en materia ambiental”, ya que éste impulsaría la participación misma, y fortalecería los derechos al desarrollo sostenible y a la protección del medio ambiente. “Hay que recordar que ha sido la propia Corte quien ha promovido protocolos de actuación de impartidores de justicia abordando la participación como un derecho humano, entendido como aquel que tienen todas las personas a participar, directa o indirectamente, en la dirección de los asuntos públicos de su país”, señaló Gustavo Ampugnani, director ejecutivo de Greenpeace México. “Las ministras y ministros de la SCJN tienen la oportunidad histórica de zanjar limitaciones indebidas de funcionarios públicos que obstaculizan o niegan el ejercicio pleno de este derecho”, puntualizó. Las ONG recordaron que la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, dispone en su Principio 10: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones.” Además, señalaron, México ha sido uno de los promotores de la firma del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe3, que justamente hace énfasis en la importancia del derecho a participar en asuntos medioambientales. “Si la Suprema Corte no reconociera este derecho, estaría decidiendo en línea opuesta a los esfuerzos del país, porque México ha impulsado la firma de ese acuerdo regional”, advirtieron las organizaciones.