CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cinco años después de que la policía capitalina los detuvo y encarceló, un tribunal federal decidió ayer absolver a los siete detenidos acusado de ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad y daños patrimoniales. Se trata de Freddy Rosete Arizpe, Diego Mora Cardoso, Carlos Vázquez Martínez, Diego Jacob Lara, Carlos Esteban Jiménez Martínez, Luis Barrera Fuentes y uno más, detenidos en las inmediaciones del Zócalo capitalino el 10 de junio de 2013, cuando participaban en la marcha conmemorativa por la matanza del “Jueves de Corpus” conocida como “el halconazo”. La acusación provino del área de “conciliación”, una especie de policía política del gobierno de la Ciudad de México, y mantuvo presos a los siete durante varios meses hasta que lograron su libertad mediante el pago de una fianza pero con procesos abiertos. La justicia constitucional determinó que no había pruebas suficientes para procesar al grupo, en ese entonces miembros del Frente Oriente, señalado a través de filtraciones a la prensa como responsables de desmanes durante las marchas que se registraron en la ciudad a partir del 1 de diciembre de 2012, cuando tomó posesión Enrique Peña Nieto. Desde los días posteriores al operativo, en el semanario Proceso y la agencia Apro, se informó de la falta de pruebas para sostener las acusaciones, basadas en videos que no acreditaban la participación de ninguno de los siete en los disturbios ni la retención y agresión física a un funcionario capitalino identificado como Pedro Bello. A diferencia de otros detenidos en marchas, el grupo de los siete detenidos y procesados, no podía acogerse a la amnistía, como se ha dado en llamar la Ley que extingue la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar penas y medidas de seguridad contra aquellas personas, a quienes se les imputaron delitos durante la celebración de manifestaciones en la Ciudad de México, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 1 de diciembre de 2015. Dicho ordenamiento, promulgado el pasado 9 de junio por el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, no era aplicable a los acusados por daños, como era el caso. Tampoco buscaron la amnistía, pues insistían en la absolución y quedar libres de todos los cargos, por lo que agotaron todas las instancias hasta conseguirlo. Entre diciembre de 2012 y noviembre de 2015, el gobierno de la Ciudad de México, bajo la jefatura de Miguel Ángel Mancera, desató operativos policiacos en marchas, donde solía haber decenas de detenidos y unos cuantos, enviados a proceso penal, así como ataques a la prensa que convirtieron a la entidad en la más agresiva, de acuerdo a los registros, del Comité Cerezo México y Artículo XIX, respectivamente.