CIUDAD DE MEXICO (apro).- Fueron miembros del Estado Mayor Presidencial (EMP) los que participaron en la provocación de la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco; con un amplio abanico de actividades de inteligencia establecidas discrecionalmente en sus reglamentos, el Estado Mayor Presidencial tuvo también un papel en las actividades de la guerra sucia de los años setenta y parte de los ochenta; de igual modo, fue el Estado Mayor Presidencial el órgano responsable de la seguridad del candidato priista Luis Donaldo Colosio, asesinado el 23 de marzo de 1994; y fue el Estado Mayor Presidencial el que justificara, por razones de “seguridad nacional” (sic), con una base legal endeble, la compra del avión que estrenó Enrique Peña Nieto (que “no lo tiene ni Obama”, AMLO dixit), pero que, en honor a la verdad, la transacción se hizo en las postrimerías del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Sin consideraciones de fondo sobre el origen y el papel histórico-político del Estado Mayor Presidencial, valorando su pertinencia, ya agotada, en la vida política mexicana, el anuncio de su transformación por parte del candidato presidencial ganador al salir del encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto (3 de julio), ha recibido innumerables críticas y cuestionamientos. Aunque Andrés Manuel López Obrador, sin recular de la decisión anunciada de readscribir al “cuerpo técnico-militar”, como se autodefine el Estado Mayor Presidencial, a la estructura orgánica de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ha matizado la referencia con el respeto a la profesionalidad y honorabilidad de sus miembros (5 de julio), es preciso analizar el alcance inicial de tal decisión y que quizá, en forma tímida o titubeante por las declaraciones posteriores, de concretarse, sea el preámbulo de un cambio sustantivo en las relaciones civiles-militares en México. Antecedentes, omisiones e ignorancia. El Estado Mayor Presidencial, pese a su presencia entre las élites políticas del país y sus manifestaciones de fuerza sin control ni responsabilidad legal, cuando de despliegues públicos (incluso aplastantes) se trata, es una institución poco conocida y menos estudiada. Es una paradoja que los acercamientos analíticos “recientes” al respecto tienen más de dos décadas. La difusión pública de su estructura y funcionamiento, que se filtró a la biblioteca digital, data de un trabajo oficial del propio EMP de 2006, justo al final del sexenio foxista (cuyos datos “históricos” repiten, sin citar fuente, los comentócratas ignorantes y voceros oficiosos de los militares). Otra paradoja proveniente de quien, en su momento, durante la campaña electoral del año 2000, dijera que lo primero que iba a hacer era desaparecer, por la desconfianza que le inspiraba, al Estado Mayor Presidencial (también lo dijo respecto del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Cisen), precisamente teniendo presente su papel como salvaguarda de la seguridad del candidato Colosio. No ocurrió así, y el presidente de la alternancia, Vicente Fox Quezada, claudicó de su intención, seducido por el oropel de la guardia pretoriana nacida en 1946 bajo la égida presidencialista civil recién estrenada en ese año. En efecto, fue con Miguel Alemán Valdés como sucesor del general Manuel Ávila Camacho, cuando se crea el Estado Mayor Presidencial, como parte culminante de un proceso de despolitización formal de los militares que habían dominado y gobernado el país en los años posrevolucionarios inmediatos. Fue el último eslabón de una cadena que se despojaba del caudillismo militar (del que aún se manifestaron resabios hasta 1952), que ya había institucionalizado la función de defensa en dos dependencias, la Sedena y la Secretaría de Marina (Semar). El Estado Mayor Presidencial no respondería, jurídica ni presupuestalmente, a la Sedena, sino al presidente de la República, generando así un híbrido castrense que sólo puede compararse a la guardia de los emperadores romanos. Se constituía así una salvaguarda militar al servicio y protección de la institución presidencial, el Ejecutivo, sus familiares y los funcionarios de su círculo de poder, que tendría un papel de contención de fuerza, igualmente militar, contra cualquier intentona golpista. Ese fue el origen y su función primaria. Hacia fines de los años sesenta y si se quiere, setenta, según el criterio analítico que se adopte, la cercanía de los mandos y personal del EMP con el presidente y el trato con la clase política (por completo priista, entonces), hizo que el cuerpo castrense adoptase también comportamientos políticos: de sus filas también se observarían trayectorias políticas, incluso negocios al amparo del poder o de redes de influencia importantes en el aparato de gobierno en sus tres niveles (¿quién le niega un favor al general que cuida del presidente?). El EMP se transformó en un coto de poder fáctico. La conclusión principal de este entramado es que en veinticinco años, aproximadamente, el leit motiv de la creación del EMP había cumplido su finalidad en tanto que, en términos generales, estaban conjurados los temores del golpismo militar tradicional. Mucho antes de los estudios de Roderic Ai Camp, desde los años ochenta y al iniciar este siglo, académicos y trabajos de profesores mexicanos como Guillermo Boils, José Luis Piñeyro, extranjeros como Franklin Margiotta y Stephen Wager, anotaban la politización del EMP como resultado de su exposición y trato con la clase política. Camp confirma en sus análisis el uso político del EMP y su influencia en el sistema y habría que añadir que su mera existencia introduce un cambio diferencial histórico-político entre las fuerzas armadas, como un instrumento más al servicio del interés presidencial… y que la tentación represiva no está exenta. Esta caracterización política, vale mencionar, no se discute o se omite en las descripciones sobre las fuerzas armadas en la literatura académica actual reciente de los intelectuales del Pentágono (Deare, A. Craig, A tale of two eagles. The US-Mexico Bilateral Defense Relationship Post Cold War, 2017, un recuento importante, y obligado de conocer, sobre la cooperación military entre los dos países). Aviso sin anestesia. La ferocidad con que se descalificó el anuncio entre la comunidad de especialistas, asesores y contratistas-consultores, etc…, vinculados con la seguridad y defensa del país muestra, a priori, entre otras cosas, la complejidad del entramado de intereses políticos y económicos con los militares y, en especial, con el EMP. Duró poco el argumento-coartada de la seguridad personal del candidato presidencial ganador (¿quién lo va a cuidar “bien”?) y se pasó de inmediato a ensalzar, per se, la importancia “estratégica y de seguridad nacional” (sic) del organismo armado. Todo ello sin considerar que existen modelos civiles eficientes de protección de dignatarios en diversas democracias del mundo, con leyes y reglas claras que evitan la impunidad o castigan la comisión de abusos en el ejercicio de la protección de un Jefe de Estado y/o de Gobierno. El EMP, hay que decirlo, se mueve principalmente en el mundo de las reglas no escritas del sistema político mexicano, y de las normas discrecionales que prohijó un presidencialismo autoritario que, a la fecha, para muchos, se sigue justificando sin razón. El EMP se integra, principalmente, con personal de las tres armas y de las dos secretarías militares del Estado mexicano, Sedena y Semar, de ahí que el cómo se materializaría el anuncio hecho por Andrés Manuel López Obrador, tiene pocas certezas en el detalle: sin problema para los oficiales soldados de tierra y aire porque regresarían a su adscripción originaria de la Sedena. Para el caso del personal de Semar adscrito al EMP, quizá se devuelvan a sus comandancias navales, y lo mismo sucedería con los miembros civiles de la Policía Federal. Riesgo gatopardista. “Usos y costumbres”. La consigna de un estamento militar que durante la campaña electoral se manifestó de manera inopinada y facciosa en contra del candidato (su retórica neutral de apoyar el resultado de la elección fue tímida y casi inexistente), se mueve hacia el estatus quo actual en el que la permanencia y prevalencia del EMP, por lo que significa, es la primera batalla que los militares no están dispuestos a perder y menos a rendir la plaza. No será suficiente para calmar el nerviosismo castrense la declaración del respeto a “usos y costumbres” (El Universal, 6 de julio) de los militares, y que también implicarían al EMP, que se añade al primer discurso del candidato ganador de gobernar “conforme al marco que disponen la Constitución y las leyes del país”. Se abre así, de nuevo, el espacio de la discrecionalidad y la extensión en el uso de leyes no escritas que han caracterizado la relación civil-militar mexicana por más de setenta años. Debe recordarse que es, precisamente en este ámbito, en el que la transición política del país y su democracia (a la que ahora le otorgan “mayoría de edad” los intelectuales y periodistas que ayer vituperaban al candidato AMLO), es en el que tenemos un enorme déficit si nos comparamos con democracias establecidas y aun con las de muchos países de Centro y Sudamérica. Hasta ahora, el aviso sobre el EMP tiene una gran carga de simbolismo y alcances políticos de un candidato que arribará al poder con una legitimidad nunca antes vista en el Estado mexicano. En contrapartida, ello exige una gran responsabilidad en las decisiones por tomar. Habrá que esperar que, como ocurrió en el pasado, no se dilapide con transacciones y privilegios a cambio de que sobreviva, entre otros vicios, el espionaje militar al servicio del presidente. *El Mtro. Erubiel Tirado es coordinador del Diplomado en Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México