El despegue de Alejandra Barrales en la vida pública comenzó en 1985, cuando terminó sus estudios en el Conalep e ingresó a Aeroméxico para realizar el servicio social. La trayectoria de la exsobrecargo en el ámbito sindical está manchada con denuncias por fraudes e irregularidades en el manejo de recursos del gremio. En la política, la candidata a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México ha sorteado turbulencias causadas por acusaciones de corrupción y escándalos como los relacionados con la adquisición de propiedades de lujo, algunas de las cuales intentó ocultar. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La vertiginosa trayectoria de la exsobrecargo Alejandra Barrales Magdaleno ha estado marcada por una serie de sucesos en los que se entreveran elementos propios de una telenovela: ambición, manipulación, traiciones, intriga y sospechas de corrupción. La historia sindical y política de la actual candidata de la coalición Por la Ciudad de México al Frente –que sumió al PRD en una profunda crisis de identidad al poner las siglas de su partido al servicio de su otrora acérrimo adversario histórico, el PAN, y que sacrificó las aspiraciones presidenciales de Miguel Ángel Mancera en aras de afianzar su anhelo personal de gobernar la capital del país– comenzó a fraguarse en 1985, cuando concluyó sus estudios de nivel medio superior en el Conalep y realizó su servicio social en Aeroméxico, como asistente de la secretaria particular del entonces director de Recursos Humanos. Tres años más tarde, cuando tenía 21 –en 1988–, ingresó a trabajar formalmente en la aerolínea como sobrecargo, con un sueldo inferior a los 15 mil pesos mensuales. Con apenas 12 meses de servicio, dio el salto a la lucha sindical como secretaria de Prensa de la Mesa Directiva de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), cargo que ejerció de 1989 a 1991, lo que le permitió afianzar su relación con los medios de comunicación. En el siguiente proceso interno, la ahora senadora con licencia decidió contender por la dirigencia de la ASSA, y en 1995, con apenas 27 años, fue electa secretaria general de la asociación para un periodo de tres años. Pero la dirigente no tuvo empacho en torcer los estatutos internos de la agrupación para extender su mandato otro trienio, hasta 2001. Antes de terminar su gestión en la ASSA, la ahora candidata de la coalición PAN-PRD-Movimiento Ciudadano enfrentó el escrutinio de sus agremiados tras descubrirse una serie de irregularidades en el manejo de las pólizas de seguros. El asunto no terminó en los tribunales debido a la omisa actuación del representante jurídico que defendió los intereses de los sobrecargos en aquel tiempo. Inicialmente sólo se iba a revisar una póliza, pero la cantidad de anomalías encontradas fue de tal magnitud que la Comisión de Vigilancia de la asociación, entonces a cargo de Vicente Ortega, decidió examinar el resto de los contratos de seguro que fueron gestionados por Barrales durante los seis años de su administración. El resultado de la indagatoria, de la que Proceso tiene copia, no dejó dudas sobre el manejo fraudulento en algunas de ellas, por lo que, en asamblea, la Comisión de Vigilancia solicitó la remoción del agente de seguros involucrado, Adrián Eduardo Salazar Abonce, a la sazón gerente de la correduría Caresa. Barrales no movió ni un dedo para deshacerse del agente de seguros. Según el resultado de la investigación interna, Salazar Abonce siguió prestando sus servicios a la asociación, aunque ahora como gerente y representante de la empresa Bio-Asesores. (Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2172, ya en circulación)