CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alberto Baillères y Germán Larrea, los dos magnates que llamaron a sus empleados a no votar para Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos haremos historia, amasaron su fortuna en la minería, un negocio altamente rentable para los concesionarios, pero que prácticamente no reditúa nada a México: El año pasado, a pesar de producir 417 mil millones de pesos, la industria minera apenas contribuyó en 1% a los ingresos fiscales del gobierno federal. Es más: la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que 59 empresas y grupos mineros evadieron “presuntamente” el pago de derechos mineros en 2015, entre ellas, filiales de Grupo México -de Larrea- y Grupo Bal -de Baillères-, como lo documentó Proceso el año pasado. “Es un negocio sumamente rentable, se puede extraer muchos minerales, oro y plata, y prácticamente no pagar nada por ello: hay impunidad, pues no hay quién llame a cuentas a las empresas por no pagar impuestos, por no pagar derechos, por invadir a áreas naturales protegidas; en buena medida, su fortuna se explica por esto”, dice Beatriz Olivera, investigadora en Fundar, en entrevista con Apro. El Anuario 2017 sobre las actividades extractivas en México, que presentó hoy la organización, muestra que entre 2016 y 2017 se incrementó el número de proyectos mineros de oro -el año pasado eran 513, es decir 43 más que el anterior-; de plata –199, nueve más que en 2016-; y de cobre, con 87 proyectos vigentes, -6 más-. Y, al igual que en su informe del año pasado, Fundar recalcó que el discurso según el cual la actividad minera genera desarrollo y bienestar en las localidades es falso, pues más de la mitad de los 22 municipios mexicanos que concentran la producción nacional de oro sufre una tasa de pobreza extrema mayor al promedio nacional y 76% de ellos rebasa el promedio nacional de población en situación de pobreza. “Lo que ellos pagan es mínimo, las ganancias son increíbles, no hay quién los meta en cintura, no hay quién los llame a cuentas, hay impunidad y, por encima, nos llaman al voto inteligente”, insiste Olivera. Según el documento, el año pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) obtuvo cuatro mil 973 millones de pesos en ingresos tributarios del sector minero, a los que se sumaron otros ocho mil 281 millones de pesos, cobrados mediante derechos sobre minería. Ello, en conjunto, apenas llegó a 1% de la recaudación fiscal del gobierno federal. En Chile y Perú, otros países mineros de América Latina, la actividad minera aporta 13.8% y 6.4% de los ingresos fiscales, respectivamente. Es más: la Secretaría de Economía (SE) no sabe con exactitud a quién le pertenecen ni cuáles son las características de 23.1% de las 25 mil concesiones mineras que tiene registradas y que cubren 20 millones 790 mil hectáreas en todo el país. La industria minera, en la que tienen intereses los tres hombres más ricos del país -Carlos Slim Helú, Germán Larrea y Alberto Baillères-, goza de un trato preferencial: a la par de un discurso que asocia la actividad extractiva con el desarrollo, las autoridades diseñan reglamentaciones favorables a los intereses de la industria, por ejemplo, otorgándoles concesiones en Áreas Naturales Protegidas (ANP) y en zonas de humedales, donde más de 2.22 millones de hectáreas fueron entregadas para la extracción minera. Y, aun así, el informe señala que la Secretaría de Economía (SE) violó la ley, pues concesionó cerca de 60 mil hectáreas de territorio a empresas mineras dentro de las “zonas núcleo” de ANP, un espacio donde queda prohibido cualquier tipo de aprovechamiento que altere los ecosistemas.  Abusos de Slim En el municipio de Mazapil, en Zacatecas, se extrae oro desde la época de la Colonia y, aun así, la población vive en altos grados de marginalidad, con 13% de la población en situación de pobreza extrema. Pero no es todo: Frisco, la empresa minera de Carlos Slim, arrasó con tres comunidades campesinas de Salaverna -del municipio de Mazapil- para sacar al cielo abierto su mina subterránea. En 2010, la minera construyó una nueva unidad habitacional al estilo Infonavit y notificó a las comunidades que debían mudarse ahí, abandonando sus derechos de posesión sobre sus viviendas y tierras agrícolas. Cuando una familia acepta el trato con Frisco, la empresa provee la camioneta de mudanza y, junto con ella, vienen trabajadores que demuelen de inmediato la casa, para eliminar cualquier deseo de volver a la comunidad. Según Efraín Arteaga, integrante del Observatorio de los Conflictos Mineros de Zacatecas, más de 80 viviendas se encuentran ahora en escombros en el pueblo. El 23 de diciembre de 2016, ante la resistencia de un grupo de 19 familias, la empresa y el gobierno estatal emplearon la mano dura: un grupo de granaderos y Bulldozer invadió el pueblo y destruyó dos casas, la iglesia, el edificio de la delegación, la escuela primaria y la telesecundaria. “Fue un conjunto de poder contra nosotros (…), taparon todos los accesos al pueblo”, recordó Roberto de la Rosa Dávila, un poblador en resistencia de Salaverna. “Me dijeron: ‘Roberto, (en el proyecto) son dos mil 500 empleos, contigo no se puede hablar’. Pero ¿A cuesta de qué? De destruir el lugar donde yo aprendí todo, yo no me voy a ir de ahí”, sentenció. El campesino opinó que las casas construidas por Frisco son “como una prisión” y su ubicación obliga sus ocupantes a rodear la malla de la minera sobre cuatro kilómetros. Añadió que los jóvenes de las familias en resistencia no consiguen empleo en la región “porque están boletinados”. “Bien vale dar la vida por Salavela, y como digo: Pueblo que no se defiende no se ama”, insistió.