Tras el anuncio de Andrés Manuel López Obrador de que prescindirá del Estado Mayor Presidencial para su resguardo y en cambio lo integrará al Ejército, el especialista en seguridad nacional Erubiel Tirado señala que éste se ha constituido en un cuerpo militar privilegiado que no rinde cuentas a nadie y ha sido utilizado en misiones cuestionables, como la represión del movimiento estudiantil de 1968 y la guerra sucia contra la guerrilla y los líderes sociales. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El Estado Mayor Presidencial (EMP) estaba fuera de duda para el poder político militar. A esa guardia castrense a disposición del presidente de la República y de su familia desde hace 76 años la alcanzó la “austeridad republicana” pregonada por el próximo mandatario, Andrés Manuel López Obrador. Sus millonarios recursos, equipo e instalaciones entraron en los planes de ahorro del futuro gobernante, pero también pesó su desconfianza hacia un cuerpo que sabe todo del presidente y no rinde cuentas a nadie. Pasada la euforia del triunfo electoral, el martes 3 López Obrador anunció lo que había adelantado en campaña: que el EMP dejará de formar parte de la Presidencia de la República y se integrará a la Secretaría de la Defensa Nacional.  De tajo, los más de 2 mil elementos del Ejército y la Marina vieron llegar el fin de los privilegios que les ha traído ser parte de lo que se conocía como un Ejército dentro del Ejército, por ser un cuerpo militar que se mandaba solo y que también ha estado al servicio de la represión, como en la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Su autonomía se ha complementado con millonarios recursos. Tan sólo para este año, la Secretaría de Hacienda le dio, con el aval del Congreso, 640 millones de pesos, una tercera parte del total del gasto de la Presidencia de la República. Fue el segundo rubro en importancia, seguido por el de difusión de las actividades presidenciales, que contó con mil millones de pesos.  De acuerdo con la Presidencia de la República, el estado de fuerza del EMP no es menor: 2 mil 21 efectivos, en su mayoría del Ejército y de la Marina, una flota aérea de nueve aviones y ocho helicópteros. En ese equipo se cuenta la nave que compró el gobierno de Felipe Calderón al final de su gestión en 7 mil 500 millones de pesos y que usufructuó el saliente Enrique Peña Nieto. AMLO pretende vender ese aparato. “Ya se lo ofrecí a Donald Trump”, insistió durante su campaña. La fuerza militar al servicio del titular del Ejecutivo cuenta además con un Cuerpo de Guardias Presidenciales, integrado por otros 4 mil efectivos y el 24 Batallón de Infantería de Marina de Guardias Presidenciales. Su mando está concentrado en la todavía residencia oficial de Los Pinos y tiene oficinas en el edificio conocido como Molino del Rey, enfrente de Los Pinos y en avenida Constituyentes. También posee instalaciones en el hangar presidencial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y dispone de infraestructura deportiva, incluidos campos de tiro y equitación, que son utilizados por los presidentes, sus hijos y sus cercanos. La mayoría de elementos del EMP son militares. De los 2 mil 21, el 80% pertenece a las tres Fuerzas Armadas (Ejército, Fuerza Aérea y Marina). Hay 52 policías federales y 383 civiles. Entre los militares, ocho de cada 10 pertenece el Ejército y el resto se lo dividen por igual la Fuerza Aérea (que pertenece al Ejército) y la Marina. El presidente tiene a su disposición en el EMP a 12 generales y almirantes, 187 jefes o capitanes, 550 oficiales y 836 soldados de tropa y marinería. El 16% son mujeres. Todo y todos a disposición del presidente. La medida de prescindir del EMP incide en las relaciones entre civiles y militares, aunque podría estar lejos del inicio de un cambio en la manera en que los segundos han participado en el poder político desde hace un siglo, cuando triunfaron en la Revolución Mexicana y crearon una institucionalidad a su favor, consideran expertos consultados. El propio López Obrador salió el jueves 5 a dar un mensaje de tranquilidad a las Fuerzas Armadas, en particular a los altos mandos, como se identifica en el Ejército y la Marina a los secretarios de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina (Semar).  A pesar de los desencuentros que tuvieron desde que era precandidato por temas como la amnistía y la Ley de Seguridad Interior (Proceso 2155), el virtual presidente electo dijo que respetará “los usos y costumbres militares” para la designación de los sucesores del general Salvador Cienfuegos y el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz. Prácticas arcaicas El ritual sexenal marca que, una vez obtenida su constancia de triunfo, que ocurre en los primeros días de septiembre, el presidente electo les pide a los secretarios de Sedena y Semar nombres de sus posibles sucesores. El futuro presidente y sus asesores hacen las selecciones a partir de esas propuestas, lo cual ha garantizado que los jefes del Ejército y de la Marina sean militares en activo, no en retiro, como el caso del general Audomaro Martínez, quien ha acompañado a López Obrador desde su campaña presidencial de 2006, cuando todavía era militar en servicio, pero con licencia. El constitucionalista Diego Valadés considera que la decisión del próximo presidente de prescindir del EMP es sólo una medida administrativa. Aunque sugiere que la revisión de las relaciones entre el poder civil y el poder militar no puede ser por ahora una de las prioridades del nuevo gobierno, considera que la Sedena y la Semar deben ser conducidas por civiles. “La reubicación de una corporación es una decisión administrativa. De todas maneras, el presidente tendrá que seguir contando con un sistema de seguridad porque lo imponen las necesidades del país”, dice el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en entrevista. Abunda: No hay que olvidar que el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y no importa en qué ubicación administrativa se encuentren quienes tienen a su cargo su seguridad, porque de todas maneras la estructura castrense completa del país depende de un jefe supremo que tiene el mando y que es el presidente. Ante los desencuentros que López Obrador tuvo con la cúpula militar, Valadés dice no tener duda de que los militares “van a hacer honor a su compromiso institucional de lealtad al Estado y de lealtad al presidente”. Pero este tema, dice, se tendrá que revisar más adelante. “Pero lo que sí se puede decir ahora es que la presencia de militares en activo en el gabinete presidencial ya es un arcaísmo, ya son muy pocos los países en América Latina que conservan militares en activo como titulares de secretarías de Estado”, dice respecto a que la titularidad de las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina siguen en manos de generales y almirantes en servicio. “Si vemos qué pasa en el mundo democrático, encontraremos que todos los ministerios militares son encabezados por civiles. Y a eso tendremos que llegar en México. Es inoportuno proponerlo para el gobierno del presidente López Obrador porque podría dar lugar a malas lecturas. Pero desde ahora, como ciudadano y profesor de derecho constitucional, puedo plantear que a partir de 2024 los ministerios militares sean encabezados por civiles, como ocurre en todos los sistemas democráticos”. Abunda: Tenemos que llegar a eso, pero no hay que generar malos entendidos, sobre todo por las tensiones reales o imaginarias. Hay que evitar una mala lectura por parte de los militares, pero se tiene que preparar a los militares para entender que los ministerios son políticos, no son propiedad de las corporaciones castrenses. La parte técnica, como los estados mayores, por supuesto que sí; pero la conducción debe ser siempre civil o de un militar en retiro, no con militares en activo. El inicio de un cambio Erubiel Tirado, especialista en seguridad nacional y coordinador del diplomado en esa área de la Universidad Iberoamericana, dice que la decisión de López Obrador de sacar al Estado Mayor Presidencia de la Presidencia e integrarlo al Ejército tiene “una gran carga de simbolismo” que puede marcar el inicio de la revisión de las relaciones entre civiles y militares, después de décadas en que éstos han conservado ese espacio de poder dentro de la propia Presidencia. En un texto entregado a Proceso, titulado “Estado Mayor Presidencial, ¿extinción, absorción… o gatopardismo?”, el especialista dice que por las declaraciones posteriores de López Obrador de que la designación de los nuevos titulares de la Sedena y de la Semar será conforme a los usos y costumbres militares, “estamos de forma tímida o titubeante ante el preámbulo de un cambio sustantivo en las relaciones civiles militares en México”.  Observa que, pese a su presencia entre las élites políticas y sus manifestaciones de fuerza sin control ni responsabilidad legal, el EMP es una institución poco conocida en México. Muestra de su presencia e importancia en la vida pública del país es que participó en la provocación de la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco. También, con un amplio abanico de actividades de inteligencia establecidas discrecionalmente en sus reglamentos, tuvo un papel en las actividades de la guerra sucia de los años setenta y parte de los ochenta. El EMP era asimismo el responsable de la seguridad del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, cuando fue asesinado el 23 de marzo de 1994 en Tijuana. Ese magnicidio fue referido públicamente por López Obrador como uno de sus motivos para rechazar la protección de ese aparato que se define como un “órgano técnico militar” bajo el mando del presidente. Es el mismo aparato que por razones de “seguridad nacional” decidió la compra del avión que estrenó Peña Nieto, pero que en realidad se compró en 2012, al final del gobierno de Calderón, dice el especialista. Son muestras del papel que el EMP ha tenido en México desde su creación en 1942, en el gobierno del general Manuel Ávila Camacho, y que en el año 2000, cuando Vicente Fox llegó a la presidencia, dijo que lo de­saparecería, pero se quedó en declaración. Egresado de la London School of Economics, Tirado dice que el EMP, al que caracteriza como “una guardia pretoriana”, es “el último eslabón de una cadena del caudillismo militar” surgido de la Revolución Mexicana y que con el tiempo “se transformó en un coto de poder fáctico”. De la coartada de ver por la seguridad del candidato presidencial ganador ha pasado a ensalzar por sí mismo su importancia “estratégica y de seguridad nacional”, sin considerar que en el mundo existen modelos civiles eficientes de protección de dignatarios, con leyes y reglas claras que evitan la impunidad o castigan los abusos en el ejercicio de la protección de un jefe de Estado o de Gobierno, afirma. Para el especialista, el EMP “se mueve principalmente en el mundo de las reglas no escritas del sistema político mexicano y de las normas discrecionales que prohijó un presidencialismo autoritario”. La decisión de López Obrador de reducir a lo mínimo necesario su seguridad y prescindir de la logística de un aparato militar a su servicio contrastó con el anuncio hecho la tarde del viernes por quien será el responsable de una restituida Secretaría de Seguridad Pública, Alfonso Durazo.  Él anunció la incorporación al equipo asesor de seguridad de López Obrador de quien fuera el primer titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) del gobierno saliente, Manuel Mondragón y Kalb, conocido por la utilización de un gran aparato de seguridad para él y su familia.  Policías federales y exfuncionarios de la CNS consultados por el reportero recuerdan que Mondragón utilizaba más de 100 escoltas cuando era el titular de la comisión. Lo recuerdan también desplazándose en un auto Mercedes Benz blanco, que nadie volvió a usar desde su salida de la Comisión, en marzo de 2014. Sus más cercanos colaboradores también gozaban de un amplio servicio de protección, incluso en los pasillos de la institución de la que Mondragón y Kalb salió sin echar a andar la Gendarmería Nacional, la fracasada gran apuesta de Enrique Peña Nieto en contra de la inseguridad. Este reportaje se publicó originalmente el 7 de julio de 2018 en la edición 2175 de la revista Proceso.