CAMPECHE, Cam. (apro).- Extrabajadores de Oceanografía refutaron a su propietario, Amado Yáñez Osuna, que si el juez Felipe Consuelo se ha negado a reconocerlos como acreedores en el juicio mercantil que se sigue contra su naviera, no es porque carezcan de personalidad jurídica, sino porque la empresa dolosamente los tenía dados de alta en una outsourcing. El lunes 10 de diciembre, Jorge Betancourt Méndez, representante legal de Yáñez Osuna, envió una carta aclaratoria respecto a la nota publicada en proceso.com.mx con el título Nadie puede creerle a Yáñez porque tiene tatuado el sello de la corrupción: extrabajadores de Oceanografía. La nota en cuestión trata sobre el rechazo de los exobreros de la naviera para que Yáñez Osuna abandere sus litigios contra el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). En su réplica, Betancourt aseguró que ese grupo de trabajadores carece de personalidad jurídica y que Yáñez Osuna “no está acusado en ninguna de las vías legales por actos de corrupción”. Hoy, los extrabajadores de Oceanografía hicieron llegar a esta corresponsal una contrarréplica a Betancourt, en la que señalan que la carta de la naviera contiene “afirmaciones tendenciosas”. Dicen que “en ninguna parte del artículo de Proceso se hace mención de algún reclamo de trabajadores que presentan su inconformidad en el Concurso Mercantil de Oceanografía”, y explican: “Los trabajadores no fuimos reconocidos por el juez Felipe Consuelo como acreedores de la empresa no por falta de personalidad como falsamente acusa el escrito, sino porque el 23 de octubre del 2014 se dictó sentencia del reconocimiento, graduación y prelación de créditos de diversos acreedores”. Aclararon que “entonces sólo fueron reconocidos 4 trabajadores con demandas laborales, pues aproximadamente 10 mil trabajadores todavía se encontraba laborando activamente”. Destacan que esos 10 mil trabajadores “fueron dados de baja del IMSS después de la fecha de la sentencia”. “El mismo Juez explicó a los trabajadores que sus derechos se encontraban protegidos por el artículo 123 Constitucional, aspectos legales que ignora el firmante de esa carta y que un lego del derecho tendría claros por ser de elemental entendimiento que hemos hecho valer en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, donde cientos de trabajadores hemos acreditado nuestra personalidad”, añaden. “Lógico es que ahora que contamos con laudos a nuestro favor, Oceanografía y Amado Yáñez son los únicos responsables de pagar dichas sentencias, no el SAE”, recalcaron. Sostuvieron que “no hay tal falta de personalidad y existe la evidencia documental en el Instituto Mexicano del Seguro Social: el alta que realizó el SAE de aproximadamente 10 mil trabajadores que dejaron de estar en empresas outsourcing para estar directamente en Oceanografía S.A. de C.V. “De igual manera realizó el ajuste del salario real en la base de cotización del IMSS, ya que estos 10 mil trabajadores estaban dados de alta en este instituto con el salario mínimo”, destacaron. Asimismo, “respecto a lo que dice Jorge Betancourt Méndez de que el convenio de acreedores sigue firme, respondieron: “El 9 de noviembre del 2018, el juez Felipe Consuelo Soto, en el expediente 265/2014 del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, acordó que en el Noveno Tribunal Colegiado En Materia Civil del Primer Circuito se encuentra el recurso 214/2018, en el Primer Tribunal Unitario En Materia Civil y Administrativa del Primer Circuito se encuentran las tocas 169/2018, 176/2018, 171/2018, 174/2018, 178/2018, 173/2018, 175/2018, 170/2018, 177/2018 y 172/2018. En el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México se promovieron juicios de amparo bajo los expedientes 618/2018-V y 619/2018-VI, 614/2018-I, 654/2018-V y 616/2018-III. El Primer Tribunal Unitario determinó que por el momento no está en aptitud de substanciar los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de aprobación del Convenio de 12 de enero de 2018, por lo tanto se llega a la conclusión que la sentencia de aprobación de Convenio de 12 de enero de 2018, a la fecha no se encuentra firme. Y además fue modificada en lo conducente por interlocutoria de 11 de mayo de 2018, la cual tampoco se encuentra firme”. Asimismo, sobre la afirmación de Betancourt Méndez en el sentido de que “para OSA, lo más importante siempre han sido sus trabajadores” los extrabajadores refutaron que “es falto de honestidad y una burla, por decir lo menos”. Y acusaron: “las políticas de Amado Yáñez en las últimas décadas incluían contratar a los trabajadores por medio de sus empresas de outsourcing, darlos de alta en el IMSS con un salario por debajo del real, no pagar cuotas ni prerrogativas a dicho Instituto e Infonavit, atrasar el pago de sus salarios por meses incluso y hasta despedirlos sin justificación. “Jorge Betancourt debe recordarlo si es que ha sido empleado de la empresa al menos durante los últimos 15 años. Los trabajadores lo padecimos y los trabajadores en activo lo padecen actualmente hasta el grado de obligarlos a afiliarse al sindicato del senador citado en el artículo”. Denunciaron que “la mayor prueba del desdén de Amado Yáñez hacia los trabajadores es su silencio cómplice ante los despidos masivos del SAE y los amparos que está presentando en contra de los laudos ganados en los tribunales laborales. “Que sean las investigaciones de la Procuraduría General de la República por asuntos financieros” y que ellos sean los que resuelvan los Expedientes 067/2014, 130/2015, 115/2014 y 047/2014 que se siguen por lavado de dinero y manejo de dinero de procedencia ilícita o sospechosa, las que determinen la culpabilidad o no de Amado Omar Yáñez Osuna. Por último, reiteraron su exhorto a Amado Yáñez para “sentarse inmediatamente en una mesa de trabajo, donde guste, con presencia de autoridades y representantes del nuevo gobierno como testigos, para ventilar y deslindar las responsabilidades de todos los actores ante los despidos injustificados, y se establezca fecha de pago de las liquidaciones correspondientes”. Así, dijeron, “dará sentido así a las declaraciones de su carta tocantes a la atención de los pendientes que tiene la empresa con los trabajadores. Así como sumarse a las demandas penales presentadas desde el año pasado por los trabajadores”.