CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) omitió realizar el censo de viviendas dañadas en 343 de los 720 municipios devastados durante los terremotos que sacudieron el sur y el centro del país en septiembre del año pasado, -equivalente a 47.6% del total, por lo que desconoció el diagnóstico de los daños en dos millones 451 mil viviendas, en las que habitan ocho millones 750 mil personas. Además, la dependencia dirigida por Rosario Robles Berlanga determinó que los terremotos provocaron afectaciones a 172 mil 26 viviendas, pero “no proporcionó información que acreditara que levantó información en la totalidad de las viviendas de los municipios listados en las declaratorias (de desastre natural y emergencia nacional)”. Éstas son algunas de las observaciones que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al analizar el desempeño de la Sedatu durante las semanas que sucedieron a los terremotos. En Oaxaca, uno de los estados más afectados por los sismos, la dependencia apenas levantó información en 28.7% de los municipios devastados y, en ocasiones, generó información de dudosa calidad. En Santiago Miltepec, por ejemplo, afirmó haber registrado mil 603 viviendas, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta que dicho municipio cuenta con… 114 viviendas. Cuestionada por los auditores sobre la razón por la que no levantó información en 343 municipios, “la Sedatu informó que no tuvo capacidad operativa para atender la emergencia en materia de levantamiento de información y que por la magnitud de los daños quedó rebasada”, planteó el órgano fiscalizador. En el informe de auditoría 1678-DE, concluido el pasado 24 de octubre, la ASF reconoció que la falta de información sobre los daños causados por terremotos ha sido una “constante” en la historia del país, pero señaló que en esta ocasión “la Sedatu no contó con un censo y un padrón suficiente y confiable para programar y priorizar los apoyos destinados a la reconstrucción y rehabilitación de las viviendas de la población afectada”. Y siguió: “De acuerdo con la información proporcionada, en ninguna entidad federativa coincidió el número de viviendas afectadas, incluso los datos generados por la propia Sedatu varían entre las cifras reportadas en los boletines y las utilizadas por la dependencia para continuar con el proceso de entrega de apoyos, siendo Chiapas el caso más representativo, ya que las cifras reportadas disminuyeron en 39.6%, al pasar de 77 mil 455 a 46 mil 773 viviendas afectadas en el periodo septiembre a diciembre de 2017”. El documento resaltó que la información fue levantada por “brigadistas” de la Sedatu, cuyo juicio fue clave para determinar si la vivienda había sufrido daño parcial o pérdida total, y ello a pesar de que solamente recibieron una capacitación. La ASF también observó que, para validar la información recabada, la Secretaría instaló 10 subcomités de Evaluación de Daños para el sector vivienda, que atendieron a 401 municipios, dejando fuera a 319 localidades con declaratoria de emergencia, y sin explicarlo. “En las actas de cierre de los subcomités se validaron 75 mil 945 viviendas afectadas y 26 mil 963 daños reconocidos como estructurales”, planteó la ASF. Añadió que “las 75 mil 945 viviendas validadas no coincidieron con las 172 mil 26 viviendas afectadas que la Sedatu integró como diagnóstico definitivo de daños y que afirmó haber entregado al BANSEFI”, aseguró la Auditoría. Además, señaló que, a pesar de que los fenómenos telúricos afectaron a nueve estados, la Sedatu solo implementó medidas de coordinación con los gobiernos de Chiapas y Oaxaca -y aun así dejaron desatendidos a cientos de municipios-; de nuevo, se justificó con que “dicho fenómeno rebasó la capacidad institucional de coordinarse”.