CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A mes y medio de que Andrés Manuel López Obrador rinda protesta como presidente de la República, víctimas de la “guerra sucia” demandaron la conformación de una comisión de la verdad para los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los años sesenta y setenta del siglo pasado. Catarino Hernández del Campo, hijo de Aurora de la Paz Navarro del Campo, detenida por la Policía Militar en febrero de 1976, destacó que el próximo gobierno debe considerar la creación de “una comisión especial, como la del caso Ayotzinapa, para esclarecer las desapariciones forzadas ocurridas en el pasado”. Luego de dar a conocer la presentación de un amparo para denunciar la desaparición forzada de Aurora de la Paz, además de la ausencia de una investigación diligente por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), Hernández del Campo puntualizó que lo que piden las familias de las víctimas de la “guerra sucia” es que “las autoridades esclarezcan qué ocurrió con los desaparecidos, que se comprometan con las víctimas”. Aurora de la Paz, esposa del guerrillero Carmelo Cortés Castro, formó parte de la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S), del Partido de los Pobres (PDLP) y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Fue detenida en febrero de 1976 en el Estado de México y llevada a Acapulco, Guerrero, de acuerdo con un parte firmado por Guillermo Lira Murrieta, quien pertenecía a la Dirección Federal de Seguridad (DFS). “De Aurora no se supo nada después de su detención, aunque está la prueba madre de que fue detenida por la Policía Militar y la DFS, mientras que en el expediente las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) no han sido concretas, se incluyen diligencias absurdas tales como llamar al 56581111 (Locatel) para preguntar por ella, o interrogar a familiares y amigos si no la han visto, pero se omite interrogar a las autoridades, aunque sabemos que son pocos los que quedan vivos, la mayoría ya no están en este planeta”, sostuvo Catarino Hernández. Guillermo Naranjo, abogado del IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, detalló que el pasado lunes 8 se interpuso el juicio de amparo, que fue admitido en lo que se refiere a la desaparición forzada de Aurora de la Paz, “donde se acusa a los elementos del Ejército, Secretaría de Gobernación, Presidencia de la República, la PGR, y se le han girado oficios a todas esas autoridades para que informen todo lo que tengan de Aurora de la Paz”. El amparo –agregó-- también fue tramitado por falta de debida diligencia en cuanto a las investigaciones, situación que “está pendiente en esa parte, y que en el juzgado aclaren algunos puntos”. El abogado consideró que el amparo interpuesto “es una reivindicación para las víctimas de la guerra sucia, y lo que busca es agotar todas las posibilidades de acción jurídica antes de que el caso quede impune, sabedores de que muchos de los posibles perpetradores, por el estado avanzado de su edad, ya no podrían ser sentados en el banquillo de los acusados mediante un procedimiento ordinario, y ese es el reclamo, que el Poder Judicial asuma su compromiso y su responsabilidad para que actúe de manera objetiva e imparcial”. Naranjo explicó que cuando se ha solicitado a la PGR hacer un “análisis de contexto y que se investigue en el marco de crímenes de lesa humanidad, la dependencia se ha negado, argumentando que no tiene los elementos suficientes, pese a que desde 2010 logramos que el caso fuera reclasificado, de privación ilegal de la libertad --que fue como integró la investigación la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP)-- a desaparición forzada”. Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), recordó que hasta ahora los casos de violaciones graves a los derechos humanos cometidos durante la guerra sucia “siguen impunes, incluso el caso de Rosendo Radilla, que fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Añadió: “La violencia actual está sin duda muy conectada con esa época de lo que se ha denominado guerra sucia, porque muchos de esos procesos de control y de uso de las instituciones para reprimir a los movimientos sociales a la fecha, sin la misma funcionalidad, siguen actuando hasta el día de hoy”. El defensor destacó que, en la búsqueda de un proceso real de justicia transicional, organizaciones de la sociedad civil, han mantenido reuniones con el equipo del próximo subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. “Una de las exigencias es crear una comisión de la verdad nacional, que pueda tener un mandato definido. Se ha planteado como una posibilidad que, en términos de la guerra del narcotráfico, se analicen los últimos dos sexenios, como un primer ámbito de investigación y la comisión pudiera determinar ampliar equipos de investigación para documentar asuntos regionales o temas como la guerra sucia”, finalizó Cortez.