CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la “devastación actual” generada por la empresa minera canadiense Almaden Mineral en la región de Ixtacamaxtitlán, Puebla, un grupo de pobladores viajó hoy a Canadá para convencer al gobierno y los inversionistas de ese país que detengan el proyecto, el cual se encuentra en fase de exploración. Los habitantes de la zona realizarán una visita de 10 días en Canadá, donde presentarán a funcionarios, inversionistas y comunidades indígenas un informe sobre las violaciones a los derechos humanos provocados por el proyecto minero, con el afán de poner fin a la mina y exigir que el gobierno de Justin Trudeau obligue las empresas a respetar los derechos humanos “en todas sus operaciones”. La organización PODER, que acompaña a las comunidades aledañas a la mina, documentó en abril pasado que Almaden Minerals mintió tanto a las autoridades ambientales mexicanas como a los propios inversionistas. Según la organización, la empresa omitió informar a las autoridades ambientales mexicanas que realizó 236 excavaciones más de las reportadas. Tampoco dijo que en algunas de ellas perforó el subsuelo hasta 700 metros, contra los 160 autorizados por ley. Además, indicó a los inversionistas que la zona de operación del proyecto minero está “vacía” o “despejada”, cuando en realidad se trata de un municipio de 20 mil habitantes. En los últimos años se multiplicaron los informes y señalamientos de las afectaciones ambientales y violaciones a los derechos humanos derivados de las empresas mineras de capital canadiense en el mundo. Canadá es el hogar de cerca de la mitad de las compañías mineras en el planeta. Entre 2000 y 2015, seis proyectos mineros operados en México por empresas de capital canadiense derivaron en hechos violentos en los que ocho personas fallecieron, dos desaparecieron, 14 fueron heridas, 35 detenidas y 83 enfrentaron la justicia, como lo señaló el Proyecto para la Justicia y la Rendición de Cuentas Corporativa (JCAP, por sus siglas en inglés), una organización de abogados canadienses. En junio pasado, al concluir una visita de 10 días en Canadá, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos denunció “la criminalización de las protestas pacíficas y el uso del personal de seguridad y la policía para romper y arrestar a los activistas que estaban ejerciendo su derecho democrático a protestar contra los proyectos extractivos dentro y fuera de Canadá”. Y el año anterior, un grupo de 180 organizaciones no gubernamentales exigió a Trudeau, el primer ministro canadiense, que obligue las empresas mineras a cumplir con los tratados internacionales en materia de derechos humanos en las actividades extractivas en América Latina. En una carta abierta, le pidieron que las empresas respeten las decisiones de las comunidades opuestas a la instalación de minas en sus territorios. Los sucesivos gobiernos mexicanos otorgaron más de 25 mil concesiones mineras al capital privado, las cuales amparan 13.5% del territorio nacional, mil 609 de ellas están en Áreas Naturales Protegidas (ANP). En estas concesiones se desarrollan alrededor de mil 327 proyectos, la mayoría de ellos se encuentran en fase de exploración.