CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En respuesta a las descalificaciones que ha recibido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la recomendación emitida por el caso Tanhuato (Michoacán), el Consejo Consultivo del organismo precisó que los resultados se sustentan en una investigación seria, objetiva e imparcial. Y en un Estado democrático de derecho, agregó, la autoridad está obligada en todo momento a actuar conforme lo disponen las leyes y respetar los derechos humanos de las personas, lo cual no inhibe ni imposibilita el ejercicio de sus atribuciones, como es la relativa al uso legítimo de la fuerza para preservar la seguridad y hacer efectivo el contenido de las normas. Sobre la recomendación 4VG/2016, en la que precisó que la Policía Federal manipuló y alteró la escena de los hechos ocurridos en el Rancho del Sol, modificó la posición inicial de varios de los cadáveres, colocó armas de fuego en otros de los cuerpos, torturó e infligió tratos crueles e inhumanos, es decir que se cometieron violaciones graves a los derechos humanos, destacó en un comunicado: “No cuestiona ni busca evitar en modo alguno el legítimo ejercicio de las atribuciones que en materia de seguridad corresponden a las autoridades, toda vez que, por el contrario, busca fortalecer la institucionalidad y el cumplimiento de la ley al evidenciar las conductas en que incurrieron algunos servidores públicos en contravención al marco normativo que debería regular su actuación”. La determinación emitida por la CNDH, apuntó, no atiende a tiempos o coyunturas políticas, ni a intereses de ningún tipo. “Es resultado de una investigación seria, objetiva e imparcial, sustentada en dictámenes técnicos y científicos, así como en otros elementos objetivos de convicción que, adminiculados y valorados en su conjunto, dejaron en claro la existencia de violaciones graves a los derechos humanos”. Los actos ilícitos –añadió– no pueden combatirse con otros nuevos ilícitos. “La tortura, ejecución arbitraria y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, son conductas injustificables e inadmisibles en un Estado que tiene como guía el reconocimiento, respeto, promoción y vigencia de los derechos humanos”. Subrayó, asimismo, que el combate a la delincuencia y la tarea de brindar seguridad a la sociedad son compatibles con el respeto y vigencia de los derechos humanos. “En la medida en que las autoridades sujeten su actuación a lo previsto por las normas y preserven los derechos fundamentales de las personas, no habrá razón para que su actuación sea objeto de algún pronunciamiento en materia de derechos humanos”. Por ello, el Consejo Consultivo rechazó enérgicamente “las voces que pretenden identificar el respeto y defensa de los derechos humanos como una vía para propiciar la ilegalidad en nuestro país, reiterando su convicción sobre el hecho de que la vigencia de los derechos fundamentales sólo se podrá alcanzar mediante la aplicación y cumplimiento de la ley”.