CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que la CNDH concluyó que 22 civiles fueron ejecutados de manera arbitraria por agentes de la Policía Federal en los hechos ocurridos en Tanhuato, Michoacán, en mayo de 2015, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales, aseguró que no se encubrirá a nadie y se actuará “plenamente conforme a derecho”. El funcionario federal prometió que se sancionará a quien resulte responsable si de la averiguación del caso se desprende que hay hechos ilícitos, irregulares y uso indebido de la fuerza que se traduzca en homicidio doloso. “Nosotros no encubriremos ni solaparemos a nadie, por lo que vamos a actuar plenamente conforme a derecho”, señaló en conferencia de prensa. Cuestionado sobre presuntas irregularidades en el caso, Sales Heredia insistió que si se acredita que hubo alteración dolosa del lugar de los hechos para confundir a la autoridad, se está ante la comisión de un ilícito que será sancionado. Al presunto responsable se le pondrá a disposición, y corresponderá a la Procuraduría General de la República (PGR) ejercer la acción penal correspondiente y al Poder Judicial Federal emitir la sentencia, subrayó. Sin embargo, insistió que el 22 de mayo de 2015 no hubo ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias en Tanhuato, y aseguró que la CNS respeta plenamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y “la consideramos una aliada más que una adversaria en este tema, porque nos permite capacitar a nuestra gente, no solo a los policías, sino a los custodios”. Sobre la recomendación que hizo el organismo de derechos humanos, dijo que la aceptaron porque los 14 puntos planteados son muy claros y se ha estado trabajando en ellos. Esos puntos, dijo, se basan fundamentalmente en contribuir en la investigación, aportar los datos que sean necesarios, impartir cursos a los servidores públicos y que los policías porten cascos o lleven cámaras para documentar sus acciones, y “estamos trabajando en ello”. Ayer, durante la presentación del informe sobre el caso Tanhuato, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, señaló que con base en “pruebas científicas y técnicas (…) se acreditaron hechos que implican graves violaciones a derechos humanos atribuibles a servidores públicos”. Destacó que se determinaron nueve tipos de violaciones a los derechos humanos, siete de ellas atribuibles a la PF y dos a la Procuraduría de Michoacán, y exigió que se castigue a los culpables que incumplieron con el procedimiento. “Los derechos humanos no son un recurso para la impunidad o la ilegalidad”, subrayó.